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Varias asociaciones critican el diseño de las elecciones a Consejo Agrario

COAG, UPA y Unión de Uniones acusan a Arias Cañete de beneficiar a Asaja

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. EFE

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, planea convocar elecciones al Consejo Agrario en el primer semestre de 2014, más de 35 años después de los últimos comicios generales a Cámaras Agrarias. Cañete busca clarificar la representatividad de las organizaciones agrarias y que los resultados sean utilizados para cuestiones tan críticas como la interlocución con el sector, la asignación de subvenciones y la distribución del patrimonio de la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias. Grandes organizaciones agrarias como UPA, COAG y Unión de Uniones aprueban la idea de elecciones pero califican el proceso previsto en el anteproyecto de ley como una “chapuza” articulada para dar un “pucherazo” en beneficio de la otra organización, ASAJA, cercana al PP.

Agricultura quiere que se vote solo en las capitales de provincia, que el plazo para hacerlo dure 15 días y abre la consulta, además de a los afiliados del sector, a los que reciban subvenciones superirores a los 3.000 euros. Esto, según sus detractores, prima la voz de los agricultores más pudientes.

“Queremos un proceso electoral en el sector agrario”, señala el secretario general de COAG, Miguel Blanco, pero “siempre que se desarrolle con plenas garantías democráticas”. Lo planteado por el Ministerio “es un terreno abonado para la chapuza, una cacicada que daría lugar a un pucherazo, algo a lo que nos vamos a oponer con todos los medios”, añade.

En la última década, han sido varios gobiernos autónomos, competentes en la materia, los que han celebrado elecciones. Estos resultados han servido para medir la representatividad de las organizaciones agrarias en cada comunidad autónoma, pero sin validez a escala estatal. Con los resultados de la nueva consulta se determinarán las organizaciones agrarias más representativas a nivel estatal para acceder a 10 puestos en el Consejo Agrario como órgano de consulta de Agricultura.

Solo se podrá votar en las capitales de provincia durante dos semanas

Actualmente, sobre la base de criterios como los resultados de las elecciones en 1978 o el número de oficinas abiertas, ASAJA, UPA y COAG mantienen la misma representatividad en las negociaciones con la Administración. Extraoficialmente se asume que ASAJA contaría con el 40%, COAG otro 40%, hasta la escisión de varias Uniones, y otro 20% para UPA.

Con la nueva ley, para ser considerada como organización representativa, será necesario contar con el 15% de los votos válidos emitidos y, a la vez, tener el 5% en tres comunidades autónomas.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, considera que la existencia de solo centro electoral en cada provincia, delegación o subdelegación del gobierno (mientras en las elecciones a Cámaras Agrarias las votaciones se celebraban en cada pueblo o varias poblaciones en función de sus habitantes), favorece a quienes dispongan de medios económicos para trasladar a miles de agricultores y ganaderos a los centros de votación. “Volvemos a los tiempos de autobús y bocadillo y sería importante el control de los gastos” señala Ramos, si bien se contempla el voto por correo.

Pero el principal caballo de batalla estará en los censos. Agricultura propone inicialmente que sólo puedan votar afiliados como autónomos por cuenta propia en la Seguridad Social y que tengan actividad agraria o que perciban pagos de la PAC por un importe superior a los 3.000 euros. Se deja la puerta abierta también a quienes acrediten mediante su declaración de la renta que sus ingresos por la actividad agraria suponen al menos el 25% de sus rentas totales. Si se trata de personas jurídicas, las mismas se deben dedicar a la actividad agraria y facturar, al menos, 10.000 euros.

Con la propuesta de censo de Agricultura, podrían votar las 265.000 personas afiliadas a la Seguridad Social y se abre la puerta a unos 397.000 beneficiarios que perciben ayudas por un valor superior a los 3.000 euros, pero deja fuera a otros 590.000 beneficiarios que no llegan a esa ayuda de 3.000 euros. Para Antonio Castellano, director de la Unión de Uniones, no tiene sentido excluir a los casi 800.000 trabajadores del campo cuya vida se halla ligada al futuro del sector agrario. En su opinión, lo que se busca es volver al “sindicato único”.