La Junta andaluza sanciona a CaixaBank con 455.000 euros por las preferentes

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado hoy imponer una sanción de 455.000 euros a CaixaBank por dos infracciones muy graves y una leve relativas a la comercialización irregular de participaciones preferentes.

Tras la investigación llevada a cabo por la Junta, se considera "probado" que la citada entidad ocultó información relevante sobre las condiciones de ese producto financiero, además de que no atendió los requerimientos de documentación formulados.

El expediente sancionador, primero que resuelve el Consejo de Gobierno en relación con este tipo de producto financiero, tiene su origen en 21 reclamaciones recibidas durante el pasado año en los servicios de consumo de la Junta en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

De acuerdo con el expediente, iniciado el 18 de diciembre del 2012 tras la investigación de las denuncias, se considera probado que Caixabank ocultó a las personas usuarias información relevante sobre las condiciones de riesgo y liquidez de las participaciones preferentes ofertadas.

En algunos casos, los afectados no recibieron el folleto informativo, no realizaron el test de conveniencia obligatorio en este tipo de productos y no prestaron su consentimiento expreso para tramitar la compra.

Estos hechos son constitutivos de tres infracciones tipificadas en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía: incumplimiento de la información en el suministro de bienes, incumplimiento de las condiciones de la prestación del servicio e incumplimiento de las medidas o requerimientos de la Administración.

Si bien la ley califica estas infracciones como leves, el Gobierno andaluz entiende que en las dos primeras concurren las circunstancias agravantes recogidas en el mismo texto normativo por infracción continuada o práctica habitual.

Otra agravante, según la Junta, es que dichas operaciones se hicieron "explotando la especial situación de inferioridad o indefensión de determinados consumidores", entre otras.

El Gobierno andaluz recuerda, además, que Caixabank ya ha sido sancionada de manera firme en 31 ocasiones por infracciones contra la normativa andaluza de consumo entre el 2004 y el 2013, y también ha tenido en cuenta la agravante relativa a la posición relevante que la entidad tiene en su sector.

No obstante, como circunstancia atenuante, la Junta valora la colaboración activa mantenida por Caixabank para atenuar los efectos de las dos primeras infracciones, de forma que la entidad denunciada -con la intermediación de los servicios de consumo de la Junta- ha alcanzado acuerdos con la mayor parte de las personas afectadas para resolver las reclamaciones interpuestas en su día.

Según datos de la Junta, en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2012 y el 23 de septiembre del 2013 se han registrado en Andalucía 688 reclamaciones relacionadas con productos financieros de inversiones complejas de alto riesgo, entre los que se incluyen las denominadas participaciones preferentes.

Estas reclamaciones, de las que 428 han sido ya resueltas, se formularon a las entidades Caixabank, Bankia (Caja Madrid), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Grupo Santander (Banesto), Banco Popular Español, Sabadell CAM, NCG Banco (Novagalicia), Banco Mare Nostrum (Caja de Ahorros de Granada), Catalunya Bank, Cajasur y Caja de España de Inversiones Salamanca y Soria.

El total de personas afectadas supera las 47.400, con un importe por encima de los 1.406 millones de euros, según los datos aportados por las entidades que han respondido al requerimiento de la Junta.

Cuatro de ellas (Caixabank, BBVA, Sabadell y Cajasur) han colaborado también con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para resolver las reclamaciones mediante fórmulas de negociación, mediación y arbitraje extrajudicial.

En conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, ha destacado que la Junta quiere ser un "aliado" de los ciudadanos y defender sus intereses ante la comercialización de este tipo de productos.