Funcionarios griegos inician una huelga de dos días en contra de los recortes

Los funcionarios griegos iniciaron hoy la primera jornada de una huelga de 48 horas en contra de los masivos despidos del sector público, el segundo paro de este tipo convocado por el principal sindicato de funcionarios (Adedy) en el plazo de una semana.

Tras lo que considera un "éxito" de movilización durante la huelga de dos días de la pasada semana, Adedy llamó hoy a no acudir al trabajo y manifestarse "contra las políticas del memorándum que desmantelan los servicios públicos y sociales, acaban con los derechos laborales y llevan a despidos y al desempleo".

La avalancha de huelgas de esta semana y de la precedente coincide con la visita de la troika en una nueva y crucial misión en la que, además de examinar el estado de las cuentas, se pedirán resultados en el plan de reducción de personal del sector público, una de las condiciones para seguir recibiendo ayuda financiera.

Además del personal de la administración, estarán en huelga los maestros, el personal sanitario (los hospitales atenderán sólo el servicio de urgencia) y de ambulancias y los servicios sociales.

Aunque el sindicato de trabajadores del sector privado (Gsee) rechazó la petición de Adedy de sumarse a la huelga convocando un paro general, otros sectores como los trabajadores portuarios y pilotos de embarcaciones sí han decidido participar en ella.

Además, los periodistas han decretado un paro de tres horas en solidaridad con las protestas del sector público.

Por otro lado, al margen de la huelga convocada por Adedy, continúan en huelga desde el inicio de la pasada semana los docentes de secundaria, los trabajadores de la administración municipal, los empleados de las cajas de la Seguridad Social y oficinas de Empleo y el personal de administración de las universidades, que ayer votó a favor de continuar el paro a lo largo de toda esta semana.

Los sindicatos han convocado a manifestaciones durante la mañana y en diversas provincias, los estudiantes de educación secundaria se han sumado a las protestas ocupando sus escuelas.

El Gobierno del conservador Andonis Samarás se ha comprometido con la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) a colocar a 12.500 funcionarios hasta finales de mes y a otros tantos hasta finales de año en el llamado esquema de movilidad laboral.

Este modelo prevé el traslado forzoso o despido de los afectados en un plazo de ocho meses después de haber recibido la orden.

Durante ese periodo el trabajador afectado percibe el 75 % de su salario, pero puede ser trasladado a cualquier otro puesto en el que haya vacantes o bien ser despedido si al término de los ocho meses no se le encuentra utilidad.

Además del paso de 25.000 funcionarios al esquema de reserva laboral, el despido de 4.000 funcionarios hasta fin de año y de otros 11.000 el próximo son otra condición impuesta por los acreedores internacionales.