Alfabetización e inclusión financiera

No hubiera hecho falta verificar los devastadores efectos de la crisis financiera que emergió hace seis años para convenir en la necesidad de fortalecer la educación financiera de los ciudadanos. Desde muchos años antes venía ampliándose la asimetría entre una creciente complejidad financiera y la insuficiencia capacidad para entenderla. No solo para el común de los usuarios de servicios financieros. Incluso profesionales de entidades financieras cercanas al desencadenamiento de la crisis en EE UU y en los países entre los que se propagó han admitido un desconocimiento mayor o menor del funcionamiento y consecuencias de no pocos instrumentos financieros, algunos de ellos comercializados entre un gran número de pequeños consumidores. Estos han sido los más perjudicados por la crisis, no solo por los efectos de esta sobre el empleo o por las consecuencias de ajustes presupuestarios, sino por el impacto directo de las pérdidas de riqueza financiera sufridas.

La evidencia también ha puesto de manifiesto que incluso algunos supervisores financieros no disponían de la capacidad para evaluar los verdaderos riesgos potenciales que asumían sus supervisados con el uso intensivo de determinados instrumentos o técnicas en principio concebidas para la gestión de riesgos. O, peor aún, que su función no alcanzaba a determinadas actividades de algunos operadores financieros que se mantenían fuera del foco de los propios supervisores. Esa zona de banca en la sombra, cuyas actividades fueron en cierta medida propiciadoras de la inestabilidad, constituye ahora uno de los centros de atención de la nueva regulación financiera, fundamentalmente bancaria, que trata de extraer lecciones de la crisis. En la agenda de la reciente reunión del G20, este ha sido uno de los asuntos más relevantes.

Esa autonomía de determinados operadores financieros y el crecimiento del volumen transaccional de los mercados —en todos sus segmentos, pero en especial los de instrumentos derivados— han justificado las cautelas acerca de la creciente financiarización de la economía: el creciente divorcio entre la economía real y las cada día más dominantes operaciones de los mercados financieros. Y tras esa caracterización, en ocasiones se ampara una completa estigmatización de las finanzas, incluso propuestas de abolición de determinados instrumentos financieros y de penalización de la dinámica de innovación financiera, cuyas consecuencias no serían favorables para el desarrollo económico.

En el mismo fundamento en el que se ampara la necesidad de regulación estricta de las actividades financieras —la inadmisible autoregulación como alternativa—, cabe hacerlo con la conveniencia de no impedir la existencia de instrumentos que contribuyan a hacer los mercados financieros más completos, a procesar mejor la información y a extender las posibilidades de cobertura y gestión de todo tipo de riesgos. Para que la eficiencia de esas funciones se manifiesten es necesario que se den dos circunstancias, además de la inequívoca regulación: una eficaz supervisión y una educación financiera amplia, desde luego de todo tipo de agentes, empezando por los supervisores, pero también los consumidores individuales.

La existencia de un número suficiente de agentes individuales informados, con buena educación económica y financiera, depara también ventajas macroeconómicas

La alfabetización financiera debe procurar la disposición por los ciudadanos de información y habilidades suficientes como ahorradores e inversores para entender y aprovechar las posibilidades que ofrecen los diversos instrumentos e instituciones financieras, mercados incluidos. Desde lo más elemental, como los depósitos bancarios, las hipotecas o los fondos de pensiones, hasta los instrumentos aparentemente más sofisticados o complejos. Conocimiento para usar inteligentemente y controlar en lo posible su futuro financiero, pero también para aumentar la capacidad defensiva ante engaños y episodios adicionales de inestabilidad financiera, que como bien documentó el ahora con frecuencia invocado Hyman Minsky, son intrínsecos al sistema económico. Capacidad también para valorar la calidad de las políticas, de las nuevas regulaciones que con toda seguridad llegarán al conjunto de la industria de servicios financieros. Para garantizar, en definitiva, una verdadera inclusión financiera y el aprovechamiento de sus posibilidades del mayor número de individuos. Renuevan su vigencia a este respecto algunas de las propuestas por la “democratización de las finanzas”, avanzadas hace un par de años por el profesor Robert Shiller, que fueron objeto de comentario en el blog finanzas a las nueve de este diario.

La existencia de un número suficiente de agentes individuales informados, con buena educación económica y financiera, depara también ventajas macroeconómicas. Como han revelado algunos trabajos empíricos, esa educación puede jugar un importante papel en la formación de expectativas inflacionistas, por ejemplo. La evidencia aportada señala que los individuos más alfabetizados financieramente son capaces de elegir información más relevante y hacer un mejor uso de la misma, lo que debería facilitar la estabilidad económica y financiera.

No falta justificación, por tanto, para que diversas instituciones multilaterales, desde el Banco Mundial a la OCDE, incluido el BCE, y desde luego no pocos Gobiernos hayan concedido prioridad a ese propósito de extensión de la alfabetización financiera. No se trata solo de proteger los derechos de los consumidores, de atender correcta y diligentemente sus reclamaciones, sino también de procurar la recuperación de la confianza hoy ciertamente erosionada en las instituciones de los principales sistemas financieros. Y para ello, el conocimiento es esencial.

En el caso español, más allá del escarmiento que sigue infringiendo esta crisis, la pertinencia de asumir como objetivo relevante la extensión de la alfabetización financiera tiene en la propuesta de reforma del sistema de pensiones un argumento adicional, dada la evolución demográfica en nuestro país y las amenazas que en concreto se ciernen sobre la situación financiera de las personas mayores. La evidencia, allí donde se han realizado trabajos empíricos, señala una insuficiente educación financiera en las personas que han de preparar su jubilación. Esto es más relevante al contar con el obligado desplazamiento desde los planes públicos a los privados que la propia severidad de la crisis y las decisiones de los Gobiernos han determinado. Se impondrán patrones nuevos de ahorro que obligarán a conocer mejor las diversas opciones. Y esa autonomía en la toma de decisiones de ahorro e inversión es tanto más relevante si se asume que la confianza en los intermediarios financieros, también en nuestro país, no está precisamente hoy más fortalecida que antes de la crisis.

Concretar políticas ambiciosas en este ámbito es urgente. En el G20 se ha destacado la importancia de la educación y alfabetización financiera asumiendo los principios orientadores de las estrategias nacionales que hace poco más de un año difundió la propia OCDE y su Red Internacional para la Educación financiera, en los que se hacía hincapié en la prioridad de esas acciones y en su coordinación entre las distintas naciones. No tengo claro hasta qué punto la actualización reciente del programa español de educación financiera que se definió para 2008-2012 es suficientemente ambicioso, especialmente cuando se contrasta con los estragos ocasionados por la ignorancia financiera en nuestro país en los últimos años. Daños importantes sobre la riqueza financiera de numerosos consumidores, pero daños también sobre la confianza en no pocas instituciones.

Tomar en consideración ambas fuentes de costes debería ser importante para las autoridades españolas. En mayor medida dada la concentración tan significativa que está teniendo lugar en la oferta de servicios financieros en nuestro país, que además de fortalecer el poder de mercado de los oferentes podría llegar a debilitar la necesaria inclusión financiera de los consumidores menos alfabetizados.