La caja que se hinchó con la burbuja

Hasta 41 sociedades inmobiliarias colgaban de la fusión de Caixa Catalunya con las cajas de Tarragona y Manresa en 2010. Y de esas empresas, 12 tenían la sede social en Portugal. Eso da idea del holding inmobiliario en el que se convirtió la que fuera la segunda caja de ahorros de Cataluña durante la burbuja. La entidad se lanzó a crecer fuera de su comunidad a base de dar créditos a clientes cuyas peticiones habían sido rechazadas por otros bancos. El control de riesgos, de hecho, dependía del área comercial. El 32% de los créditos concedidos antes de 2008 financiaba más del 80% del valor de tasación de la casa.

Los consejos de administración de Caixa Catalunya —fundada por la Diputación de Barcelona— no tuvieron reparo en premiar esa gestión del director general de la entidad hasta 2008, Josep Maria Loza, con una compensación de 10,7 millones de euros. Según el acta de 19 de febrero de 2008, esa partida, que se consideró “habitual en el mercado”, se aprobó por unanimidad. A su sucesor, Adolf Todó, que debía enderezar el rumbo de la caja, el Consejo le ofreció solo un mes después una remuneración fija de 600.000 euros anuales actualizables y otra variable que equivalía al 35% de la fija. También se accedió a asignarle una pensión que obligó a Caixa Catalunya a contratar un seguro millonario. El FROB impidió que Todó percibiera esa cantidad al destituirlo el pasado mayo.

Como consecuencia de la ruinosa estrategia, la entidad acabó siendo nacionalizada e intervenida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El año pasado sus números rojos ascendieron a 11.856 millones de euros, después de recibir 9.084 millones de euros para su capitalización y traspasar al banco malo activos tóxicos por valor de 16.496 millones. En total, la entidad ha recibido 12.050 millones de euros en ayudas públicas.

Hoy la entidad afronta un plan de reestructuración para replegarse en Cataluña y luego ser vendida. Esa hoja de ruta no estará exenta de contestación, en especial de una plantilla que se verá recortada en 2.453 puestos de trabajo.