Báñez suavizará las pensiones para evitar otro conflicto con los sindicatos

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, pretende impulsar la reforma del sistema de pensiones para que esté listo antes de final de año. Y espera hacerlo sin sufrir otra huelga general. Quiere evitar un nuevo conflicto con los sindicatos.

Empleo está analizando la propuesta que realizó el grupo de expertos que defienden la idea de que el factor de sostenibilidad debe de entrar en vigor lo antes posible, preferiblemente en 2014. Este mecanismo, que debe garantizar la salud del sistema de pensiones en el futuro, se estableció en la última reforma, que se aprobó en 2011 y entró en vigor este año y que contemplaba el incremento paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Pero, aunque se contempló entonces, se dejó pendiente su definición. Los expertos lo hicieron y concluyeron que había que desvincular las pensiones de los precios y ligarla al ciclo económico y, por otro lado, encadenar la cuantía de la pensión a la esperanza de vida. La fórmula empleada supondría la pérdida de poder adquisitivo para los futuros pensionistas.

Pero el Gobierno pretende suavizar esta propuesta. En Moncloa vislumbran que la situación económica está cambiando y quieren evitar incendios políticos como el que podría provocar una reforma de las pensiones radical.

El Ejecutivo presentará su propuesta esta semana

La ministra remitirá este lunes a los agentes sociales su propuesta revisada que rebajará las aspiraciones de los expertos. El Ejecutivo pretende alcanzar un acuerdo con los sindicatos y la patronal para presentar un texto legal que remitirá al Congreso a finales de septiembre. La ministra Báñez pretende esquivar una nueva huelga general que empañe la incipiente recuperación, que el Gobierno cree que se está en marcha.

Para justificar esta maleabilidad, desde el ministerio recuerdan que el plan de los sabios no era vinculante. Fuentes gubernamentales admiten que es una propuesta de máximos que deberá ser negociada y consideran que una de los factores que entraran en las negociaciones son los plazos de entrada en vigor del factor de sostenibilidad. Empleo estudia aplazarlo hasta finales de la próxima legislatura, en 2019, en vez de hacerlo en 2014, cuando pedían los expertos. No obstante, 2019 era el tope máximo que proponían los expertos para que entrara en vigor.

Desde el Gobierno también se está pendiente de otro grupo de expertos, el que creó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para reformar el sistema tributario. El Ejecutivo espera que simplifiquen el impuesto sobre la renta, que se acompañará con una bajada del impuesto —se eliminará la última subida del Gobierno de diciembre de 2011— y mejoren el de sociedades. Los analistas consideran que podría haber una rebaja de los tipos del impuesto que grava el beneficio de las empresas —ahora en el 30%— a cambio de eliminar deducciones y bonificaciones que empañan el funcionamiento de este tributo.

Está pendiente el plan para redimensionar los Ayuntamientos

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene una larga lista de deberes pendientes que deberá acometer en los próximos meses. Uno de estos es la de la Administración local. Hasta ahora el Gobierno ha encontrado una gran resistencia por parte de los alcaldes, de todos los partidos políticos, que le han forzado a rebajar los supuestos iniciales que aspiraban a la fusión de los pequeños ayuntamientos. El último plan pasa por reducir el sueldo de los asesores y empleados públicos de los consistorios pero los alcaldes siguen poniendo trabas.

Hace tres meses que el Ejecutivo presentó el informe de reforma de la Administración con el que pretende ahorrar más de 2.000 millones al año hasta 2016 mediante la supresión de duplicidades entre todas las administraciones. Pero este plan, impulsado por Soraya Saénz de Santamaría, aún debe ponerse en marcha.