La Fiscalía se querella contra el juez del ‘caso Blesa’ por detención ilegal

El juez metió en la cárcel al banquero, pero el caso ha dado un giro de 180 grados y el magistrado ha sido acusado de tres delitos graves. El nuevo capítulo del culebrón del caso Blesa ha llegado este viernes cuando la fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra Elpidio José Silva Pacheco al que le acusa de “delitos continuados de prevaricación y retardo malicioso en la administración de justicia”, así como de “dos delitos contra la libertad individual”, es decir, por detención ilegal del banquero.

Silva fue el juez que ordenó en dos ocasiones la prisión para el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por la compra (con pérdidas que posteriormente afloraron) del City National Bank of Florida. La primera vez Blesa salió tras pagar una fianza de 2,5 millones. La segunda vez regresó a Soto del Real sin fianza y no recuperó la libertad hasta que la Audiencia de Madrid determinó que debía ser excarcelado. Según fuentes jurídicas, Silva podría ser inhabilitado por 40 años si prospera la querella.

La querella, que será resuelta por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, está firmada por el fiscal jefe Manuel Moix Blázquez. Con este gesto, Moix ha escenificado un apoyo sin fisuras al fiscal responsable del caso, consciente de que es un asunto con gran sensibilidad en la opinión pública y que da pie a múltiples interpretaciones, según fuentes judiciales. Entre las diligencias que solicita la fiscalía, pide que se tome declaración al juez Silva, así como al exbanquero Miguel Blesa y a su abogado, Carlos Aguilar Fernández.

Los delitos de detención ilegal los justifica la Fiscalía señalando que Silva encarceló a Blesa tras la única petición de Manos Limpias, “que no estaba personada como acusación particular y, siendo plenamente consciente [el juez] que dicho sindicato no tenía la condición de parte”. La Audiencia de Madrid también consideró que el sindicato no formaba parte del proceso. Esta organización rechaza esta acusación y asegura que forma parte legal del proceso.

Uno de los últimos casos más sonados de detención ilegal tuvo lugar en enero de 2005, cuando el Tribunal Superior de Cataluña condenó a nueve años de prisión al juez Luis Pascual Estevill. En este caso se añadieron las acusaciones de cohecho y de prevaricación.

El ministerio fiscal acusa a Silva, además, de haber ordenado prisión a sabiendas de que no existía riesgo de fuga, con lo que justifica además el delito de prevaricación. En la querella se recuerda que el Código Penal dispone que “el juez que, a sabiendas, dictare sentencia injusta será castigado con multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo por 10 a 20 años”.

El fiscal superior considera que “al acordar la prisión de Miguel Blesa de la Parra en dos ocasiones, a instancias únicamente del Sindicato Manos Limpias, los cuales no tenían condición de parte, tal y como se ha puesto de manifiesto”.

En cuanto al delito de “retardo malicioso”, se lo achaca porque considera que Silva retrasó a propósito la resolución de un buen número de recusaciones contra él provocando indefensión a Blesa. El primer recurso fue contra la ampliación de la denuncia —que la querella considera que no está basada en ninguna prueba objetiva— que tardó “más de cinco meses en resolver, sin causa legal alguna que explicase dicha dilación”.

En resumen, la querella es una condena total de todas las actuaciones relevantes tomadas por Silva desde diciembre pasado. En esa fecha amplió el caso del crédito de 26,6 millones concedido por Caja Madrid a Gerardo Díaz Ferrán a otro caso nuevo, el del banco de Florida. En estos seis meses, se considera que Silva vulneró el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones “no solo de los imputados, sino también de personas ajenas al procedimiento”. También que adoptó el secreto de las actuaciones sin motivos fundados, así como que tuvo actuaciones procesales contrarias a derecho “de modo torticero” y que admitió “de forma ilícita” a Manos Limpias.

Carlos Aguilar, abogado defensor de Blesa, considera que la querella “pone en evidencia que las resoluciones del Silva eran injustas desde el principio. Había una persecución contra Blesa y la actuación era abiertamente ilegal e injustificable. Creo que es un rosario de prevaricaciones desde el principio”.

Por otro lado, la querella ha aliviado a Miguel Blesa, aunque está a la espera de la decisión de la Sala Civil y Penal. Blesa está convencido, como declaró a la salida de la prisión, de que el juez era parcial y considera que ha sufrido un gran daño contra sus derechos e imagen con este caso.