Una reforma entre tinieblas

Alberto Nadal, secretario de Estado de la Energía, comenzó la semana con una declaración de principios sobre la reforma eléctrica. Nadal, que participaba en los cursos de verano de la Fundación FAES, fue didáctico, explicó cuáles son los problemas y los objetivos. Pero no precisó los detalles de la reforma (un real decreto ley, un proyecto de ley de reforma y varios reales decretos), cuya aprobación se esperaba para finales de junio y que se ha retrasado por desacuerdos con Hacienda sobre el coste presupuestario. Ahora se habla de llevarla a uno de los próximos Consejos de Ministros y no se descarta que la trasladen a septiembre. El conflicto radica en que la reforma requiere más aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha parapetado “porque hay muy poco margen” y porque tiene que cumplir con el objetivo de reducir el déficit público comprometido con Bruselas.

Otro déficit, el de tarifa, es el que tiene que arreglar el departamento que dirige José Manuel Soria. En ese empeño está Nadal desde que llegó al cargo a principios de año. Entonces decidió poner el contador a cero y diseñar una solución a partir de 2014. Eso supuso que 2013 se tomara como año puente y se tuviera que recurrir a los Presupuestos. Para atajar el déficit, durante el año pasado y este se adoptaron una serie de medidas cuyo importe total se eleva a 10.178 millones. De esa cifra, 3.955 corresponden a los Presupuestos. Los restantes 6.223 recayeron sobre las empresas del sector (reducción de primas, transporte, distribución e impuestos a la generación).

En su intervención del lunes, Nadal subrayó que de no haber tomado esas medidas, el déficit habría sido de 10.000 millones, y que, pese a haberlas tomado, es de 4.000. Para eliminar el déficit “habría que aumentar los peajes [que pagan las empresas] más de un 30%, lo que significaría aumentar el recibo de la luz un 17%”, subrayó. Pero es evidente que no va a cargar todo el peso en los consumidores. “Tomaremos medidas razonables ajustando la retribución de los partícipes en el sistema dentro del sentido común, teniendo en cuenta la situación del país, la cíclica y la relativa de cada agente, e intentaremos tener una rentabilidad razonable”, sostuvo. Luego añadió: “La reforma va a ser, sobre todo, una ley de estabilidad financiera del sector eléctrico, que impida que se puedan alterar las reglas de funcionamiento, que no introduzca costes ajenos a la actividad y que evite que se vuelva a repetir la monstruosidad del déficit”.

La ecuación tiene un planteamiento sencillo; pero las derivadas que tiene, básicamente políticas, hacen la resolución muy complicada. El Gobierno pretende “garantizar el suministro eléctrico y el nivel de calidad con el coste más bajo posible”. El problema radica en los costes regulados y que los ingresos no llegan siquiera para pagar los costes del sistema. Los ingresos son de 18.000 millones (14.000 correspondientes a los peajes y 4.000 a ingresos fiscales), mientras los gastos se elevan a 22.000 millones (9.000 de energías renovables y cogeneración; 7.000 de distribución y transporte; 2.500 de déficit pasado; 1.700 de costes extrapeninsulares, y 1.800 de otros).

Montoro sostiene que no puede ayudar porque hay que cumplir con Bruselas

El objetivo es equilibrar ese desfase entre ingresos y gastos y repartir los costes entre los distintos agentes del sistema (renovables, empresas eléctricas, consumidores) y los Presupuestos. En el sector se maneja un reparto proporcional a los costes actuales, de manera que 300 millones se cargarían sobre los consumidores; entre 400 y 500 en la distribución y transporte; 800 en las primas de renovables y 2.200 con cargo a Presupuestos, incluyendo los costes extrapeninsulares.

Según las fuentes consultadas, lo correcto sería sacar del recibo de la luz los extracostes que no corresponden estrictamente a la función eléctrica y que suponen casi la mitad de la factura eléctrica (un 48,6%). “El argumento es técnicamente correcto, pero si lo sacas de la factura habrá que ponerlo en otro lado, es decir, en los Presupuestos”, apunta un observador. Fuentes de Hacienda insisten en que apenas tienen margen. Ahí es donde se origina el debate y el enfrentamiento entre Montoro y el tándem Soria-Nadal.

Tome la decisión que tome, lo que no va a recibir Nadal van a ser palmadas en la espalda. Lo que ha recibido son fuertes presiones de los distintos lobbies empresariales que han buscado la forma de penetrar en el sanctasanctórum de Nadal. Hasta ahora las empresas han estado de los nervios, en lucha constante entre los distintos colectivos y quejándose de lo poco receptivo que se muestra el secretario de Estado, que ha mantenido una total discreción sobre la reforma. Las empresas se preguntan si tiene sentido que hagan cambios sin preguntar a nadie. “Es verdad que hemos ido a contar lo que pensamos; pero otra cosa es que nos haga caso”. De momento, han dejado de invertir, a la espera de que se aclare el panorama.

El desfase energético acumulado superó los 26.000 millones de euros en 2012

Dicho esto, el sector eléctrico español funciona razonablemente bien, tiene un mix energético lo suficientemente diversificado, quizá con una sobrecapacidad en energías renovables, en las que se invirtió más de la cuenta superando los objetivos del 20% en 2020 con claridad. Ahora la energía de régimen especial es del 35,9%. “¿Dónde está el problema?”, se pregunta Nadal. “Pues que es caro. Y es caro por determinadas decisiones, pongamos en los últimos 10 años para no molestar a nadie, que hicieron que el sistema cargue con determinados costes que no tiene por qué asumir, de manera que España ha pagado la curva de aprendizaje al resto del mundo y le queda una hipoteca para 25 años”.

Nadal pone el dedo en la llaga. Porque fue el anterior Gobierno del PP el que aprobó en 2000 el mecanismo del déficit con José Folgado, actual presidente de Red Eléctrica, como responsable de Energía. Después, el Gobierno socialista avivó el fuego y, con una política de apoyo a las renovables, disparó el déficit de tarifa. Hasta 2005, cuando se puso en marcha esa política, el déficit era de 6.274 millones de euros y las tarifas de acceso eran suficientes para pagar los costes regulados. Pero los costes regulados se han disparado en los últimos cinco años y a final de 2012 el déficit acumulado ya era de 26.671 millones, de los que 8.944 permanecen en el balance de las empresas, según fuentes de la patronal sectorial Unesa.