Todo el núcleo duro del presidente de Pescanova, imputado

Manuel Fernández de Sousa, presidente de Pescanova, ha controlado desde hace años en la compañía un consejo de administración lleno de familiares y amigos. Ser accionista mayoritario y tener participaciones a través de diferentes empresas le ha permitido disponer de varios asientos, ocupados por consejeros fieles y leales a su estilo de gestión. Sin embargo, la coraza del presidente, que comenzó a agrietarse cuando la compañía entró en concurso, está ahora además en el punto de mira judicial: todos sus apoyos más cercanos están imputados, después de que la Audiencia Nacional ampliara ayer el número de encausados por la crisis de la pesquera.

Solo quedan fuera de toda vinculación con las imputaciones cuatro miembros del consejo de marzo

El juez Ruz de la Audiencia Nacional imputó a finales de mayo Fernández de Sousa por posibles delitos de falseamiento de información económica y financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante. No fue el único llamado a declarar bajo estas acusaciones. Tras las denuncias admitidas de varios accionistas, la Audiencia también encausó por los mismos delitos a Alfonso Paz-Andrade, consejero de la firma y ex consejero delegado. Además, por posible uso de información relevante declararán imputados los accionistas José Alberto Barreras (padre de una consejera habitual) y José Antonio Pérez-Nievas, este último también consejero, a través de la empresa Iberfomento. Ahora se suman a la lista cuatro consejeros más, tras una querella del fondo Luxempart.

A Manuel Fernández de Sousa, que está apartado de la gestión desde que un juez decidió darle las riendas del grupo a un administrador concursal, los problemas judiciales no le frenaron. Decidió convocar un consejo de administración en junio. Usó la reunión para demostrar que sigue siendo quien manda dentro del consejo, aunque en la empresa no pueda ejercer. Su hijo, su hermano y sus colaboradores habituales volvieron a apoyarle y a ratificarle en su cargo.

Siete consejeros imputados de doce

Esos mismos colaboradores podrán ahora mostrarle o no su apoyo en los juzgados, cuando acudan como imputados. La Audiencia Nacional ha decidido admitir una querella del fondo Luxempart. Se trata del tercer mayor accionista de la firma y junto al segundo, la cervecera Damm, han conformado el unico núcleo crítico con Sousa desde marzo. Gracias a esa querella del fondo luxemburgués, los mayores apoyos de Sousa también acudirán a declarar como imputados.

La querella admitida se dirige, además de contra Manuel Fernández de Sousa, contra el director general y representantes de Inverpesca e Inverlema, Pablo Javier Fernández Andrade, hijo del presidente. Además, contra el miembro de la comisión de auditoría y consejero por ICS Holdings, Fernando Fernández de Sousa Faro, que es hermano del presidente; contra el miembro de la comisión de auditoría, Robert Albert Williams, amigo de Sousa, colaborador desde hace lustros, cuando representaba a una empresa sudafricana con acciones en Pescanova y que ocupa un cargo de consejero pese a que en la actualidad solo tiene una participación testimonial a título personal.

También están imputados el representante del consejero Sociedad Gallega de Importación de Carbones, Jesús García. Este exconsejero (dimitió hace dos meses, cuando la situación de Pescanova se hizo cada vez más turbia), está jubilado, pero trabajó prácticamente toda la vida en la compañía y en los últimos años era presentado en los informes como "asesor del presidente". El otro gran apoyo del presidente, el exconsejero delegado Alfonso Paz-Andrade ya estaba imputado, al igual que José Antonio Pérez-Nievas, que ocupa el asiento de Iberfomento.

El juez Ruz ha pedido al Banco de España que certifique el importe de todos los préstamos con la banca

La ampliación de la querella significa que de los 12 miembros que ocupaban los asientos del consejo cuando la compañía solicitó el preconcurso de acreedores el 1 de marzo, siete miembros están imputados. También lo está el padre de una octava consejera. Solo quedan fuera de toda vinculación con las imputaciones cuatro miembros: Antonio Basagoiti, expresidente no ejeuctivo de Banesto, que dimitió en Pescanova en abril; Yago Méndez, antiguo representante de la banca en Pescanova y que comenzó a desmarcarse de Sousa en los consejos celebrados en abril; y José Carceller Arce y Francois Tesch, representantes de Damm y Luxempart, respectivamente.

Tras la querella de Luxempart deberán declarar como imputados también el responsable de auditoría interna y relaciones con los inversores, José Viña; el director financiero, Antonio Taboas Moure; y el director de administración, Alfredo López. Además, también se dirige contra las sociedades ICS Holding, Inverpescam Inverlema, Sociedad Gallega de Importación y Exportación de Carbones y Sociedad Anónima de Desarrollo y Control (Sodeco), todas vinculadas a Sousa.

52 millones de pérdidas para Luxempart

Luxempart, que ya anunció a sus inversores que emprendería acciones legales contra Sousa, asegura haber sufrido un perjuicio económico de 52,06 millones de euros como resultado de las diferentes inversiones realizadas entre los años 2011 y 2012, "inducidas por la información proporcionada por los querellados desde sus puestos de consejeros o altos directivos de la entidad con conciencia de su falsedad".

Pablo Ruz citará a los imputados y a los testigos propuestos por el querellante una vez figure en la causa el resultado de las diligencias acordadas cuando el magistrado admitió las primeras tres querellas contra Pescanova, a las que se suma ahora la de Luxempart.

El magistrado pide al Banco de España que certifique el importe de todos los préstamos, créditos y avales y riesgos en general que Pescanova como sociedad y su grupo de empresas mantuvieran con las entidades financieras desde el 1 de enero de 2010 hasta el 28 de febrero de 2013, desglosado por identidad de acreedor, importe, capital amortizado, fecha de origen y de vencimiento.