Sueldos para todos los gustos
El grado de aprobación de los accionistas a la retribución de los consejos es desigual
La llegada del verano pone fin al periodo de celebración de las juntas ordinarias de las compañías. Tras la aprobación de la Ley de Economía Sostenible existe la obligación de incluir en el orden del día un punto por el que se somete a votación (solo consultiva) el informe de retribuciones de los consejeros. El grado de aceptación o rechazo a los sueldos de los administradores en España es bastante dispar, ya que hay compañías donde el apoyo es casi unánime y otras en las que el rechazo es cada vez mayor.
La crisis ha provocado que en los últimos años aparezca un nuevo activismo accionarial que pone contra las cuerdas a más de un consejo por sus elevadas remuneraciones. Este movimiento, bautizado como la primavera de los accionistas y que se da sobre todo en Reino Unido y Estados Unidos, no acaba de cuajar en España, a pesar de la polémica que han despertado algunos sueldos, pensiones o indemnizaciones. En el accionariado de las compañías españolas es bastante común la existencia de un núcleo duro de accionistas. Esta circunstancia, unida a los bajos quórums de asistencia a las juntas, evita votos de castigo a las propuestas del consejo. Aunque hay excepciones.
En las compañías con un elevado free float o capital flotante —acciones que no están en manos de un accionista de control—, los que tienen la llave del resultado de las votaciones son los inversores institucionales —fondos de inversión, fondos de pensiones, aseguradoras...—. Estos accionistas, bien por falta de interés o por falta de medios, ya que están presentes en el capital de cientos de compañías, utilizan los servicios de asesoramiento corporativo que les ofrecen firmas especializadas. Estas consultoras, denominadas proxy advisors, aconsejan a los fondos qué votar en cada junta en función de un estudio previo de las prácticas de gobierno corporativo de las compañías.
El mayor rechazo a las retribuciones entre las compañías del Ibex 35 se ha producido en Jazztel. La empresa de telecomunicaciones, donde el 39,1% de la última junta votó en contra de los sueldos, frente al 5,6% un año antes, es un claro ejemplo del poder que tienen los proxy advisors y de cómo las empresas más pequeñas y con un departamento de relaciones con inversores más limitado tienen mayores dificultades que los grandes grupos cotizados para convencerles de la proporcionalidad de los sueldos o de otros puntos del orden del día.
El núcleo estable de accionistas evita sorpresas en muchas juntas
La retribución conjunta del consejo de Jazztel el pasado ejercicio (1,7 millones) fue junto con Amadeus la más baja del índice selectivo. Los inversores institucionales recibieron dos análisis de sus asesores. El de Glass Lewis recomendaba votar a favor del informe de retribuciones y destacaba lo comedido de los salarios de los máximos ejecutivos de Jazztel respecto a otras firmas del sector. Por su parte, el informe de ISS aconsejaba votar en contra, porque el plan de incentivos era a un plazo inferior a tres años y porque no estaba condicionado a la consecución de objetivos. La mayoría de los inversores decidieron hacer caso a ISS.
Tras Jazztel, el mayor rechazo a los salarios se ha dado en Telefónica. En la última junta, el presidente de la operadora, César Alierta, defendió en la junta la nómina de sus ejecutivos —Julio Linares, ex consejero delegado del grupo, cobró una indemnización de 24,7 millones en 2012— con las siguientes palabras: “Si tuviéramos la sede en California, aplaudirían en lugar de abuchear. Y es que a todas las compañías les gustaría que estuvieran en su nómina porque son los mejores ejecutivos del mundo y eso no es fácil”. En Telefónica, el rechazo a los salarios va en aumento: en la junta de 2012, el peso de los votos en contra fue del 24,9%, y en 2013, del 36,7% (9,1% de abstenciones).
Las otras empresas que han tenido un rechazo mayor al informe de retribuciones son Técnicas Reunidas (25,5%) y Mediaset. El sueldo del consejo de esta úlitma no varió mucho entre 2011 y 2012, pero los votos en contra pasaron de representar el 9,1% al 18,7% del total, un resultado que tiene todavía mayor relevancia si se tiene en cuenta el bajo free float de la empresa.
Los consejos de los 'proxy advisors' pesan mucho en lo que votan los fondos
En los dos grandes bancos cotizados, los accionistas no parecen estar muy disconformes con los salarios de los administradores. Mientras el rechazo a los sueldos en la última junta del BBVA fue del 3,4%, en el Santander la oposición fue casi del doble (6,3%). En el caso de la entidad presidida por Emilio Botín, la disconformidad de los accionistas tiene picos de sierra: en 2011 fue del 2,37%, y en 2012, del 2,3%.
La rebaja de los sueldos de los consejeros suele reflejarse en el sentido de las votaciones de los accionistas. Un ejemplo es lo ocurrido en Repsol. El informe de retribuciones volvió a ser el punto del orden del día que más oposición tuvo en la junta de este año (12,9%), pero la oposición de los fondos internacionales fue mucho menor que la de hace un año (25,1%). En este periodo de tiempo el sueldo del consejo de administración de la petrolera cayó un 30%.
Todas las constructoras cotizadas cuentas con un núcleo estable de accionistas que garantiza un amplio respaldo en la junta a las propuestas del consejo. Por eso mismo, también es significativo el grado de rechazo que suscitan los sueldos de sus directivos entre los inversores institucionales. En Acciona, los votos en contra de los salarios en la junta de este año fue del 10,3% (un 8,2% en 2012); en Ferrovial, un 10,11% (un 9,6% el año anterior), mientras que en ACS, el peso del no se ha duplicado en tan solo un año, pasando del 4,1% de los votos totales al 9,9%.
Asesores bajo la lupa
Teniendo en cuenta la influencia potencial de los proxy advisors en las votaciones de las juntas, las cotizadas reconocen cierta preocupación en torno a la falta de transparencia de la metodología en sus análisis y recomendaciones por parte de estos profesionales. También hay dudas sobre potenciales posibles conflictos de interés en caso de asesoramiento simultáneo al inversor y a empresas en las que este invierte.
El supervisor bursátil europeo, ESMA por sus siglas en inglés, presentó en febrero pasado un informe donde concluye que no aprecia ningún fallo de mercado en la interación de los proxy advisors con emisores e inversores, por lo que no propone, al menos de forma inmediata, acciones legislativas. Sin embargo, ESMA sí ve conveniente la elaboración de un código de conducta. Además, la Comisión Europea tiene previsto este año mejorar el marco legal aplicable a los proxy advisors en materia de transparencia y conflictos de interés, y tendrá en cuenta para ello la consulta pública realizada por ESMA.
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