Rosell aboga por quitar el paro a los despedidos con más de 80.000 euros

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha sugerido este lunes que quienes cobren indemnizaciones por despido a partir de 80.000 o 100.000 euros no deberían percibir la prestación por desempleo, o "al menos" que esas indemnizaciones estén sujetas a retención fiscal. Así, tras reconocer que la prestación por desempleo es un derecho, ha defendido que se busquen fórmulas alternativas que eviten gasto al Estado en el caso de las personas que han recibido indemnizaciones más altas.

Rosell ha calculado que cada año las arcas públicas dejan de ingresar 300 millones de euros por la bonificación fiscal que supone el que las indemnizaciones por despido estén libres de impuestos. En el plano fiscal, Rosell ha abogado por tipos impositivos lo más bajos que se pueda, "cuando haya margen", pero eliminando las bonificaciones tanto en el impuesto de sociedades como en el IRPF, con el objetivo de tener un sistema "más claro".

El despilfarro debería ser un escándalo público"

Asimismo, durante la presentación de su último ensayo Reformas o declive, publicado por Deusto, el líder de la patronal ha considerado que los contribuyentes tendrían que tener más capacidad de decisión sobre el gasto público, razón por la que admira la democracia suiza y su sistema de consulta directa al contribuyente.

Según escribe en el libro "el despilfarro debería ser un escándalo público" y el ciudadano tendría que tener la opción de saber cuánto cuestan las cosas y si apoya ese gasto, como en el caso de las televisiones públicas, que a Rosell le parecen un "contrasentido" cuando las privadas cuestan menos y "dan mayor satisfacción a los ciudadanos. Entre las reformas pendientes, señala la de las administraciones públicas, aunque cree que el Gobierno ha dado un primer paso intentando identificar los problemas.

En su ensayo se pregunta cómo es posible que en la administración central sigan existiendo "abultadas plantillas" en educación y sanidad si se trata de competencias transferidas a las comunidades autónomas. Respecto a la gestión de la sanidad, considera que se lograría una mayor eficiencia si se diera más participación al sector privado, algo en lo que ha incidido durante la rueda de prensa cuando ha dicho que si "el 85 % de los funcionarios prefiere la sanidad privada, por algo será".

También se ha referido a la necesidad de hacer cambios en la legislación laboral, mucha de la cual considera "bastante obsoleta", puesto que cree que está pensada para una economía de grandes empresas industriales cuando en España predomina el sector servicios.

A su juicio, habría que reducir el número de contratos a un máximo de 5 o 6 y simplificar al máximo la legislación para que se entienda y haya menos margen a la interpretación judicial. Sobre los sindicatos ha dicho que deberían hacer como la patronal, que está en "plena refundación", y apostar por la transparencia, sobre todo con el dinero público, para evitar la "injusticia" de que se presente a patronales y sindicatos como "grandes perceptores de subvenciones".