Nadie quiere la finca de Mario Conde

La subasta que se ha celebrado este miércoles en la Audiencia Nacional de una finca del expresidente de Banesto Mario Conde, situada en Sevilla y con un precio de salida de 2,6 millones de euros, ha quedado desierta después de que no se haya presentado ningún interesado en pujar por ella.

Fuentes jurídicas han informado que al acto sólo han asistido el abogado de la parte ejecutante, el Banco Santander, y el letrado de la empresa titular de la finca El Cuarto del Rincón, situada en Castilblanco de los Arroyos. Según las mismas fuentes, al no haber postor, la parte ejecutante podría haber solicitado la adjudicación de la finca, algo que no ha hecho, por lo que la Audiencia Nacional le ha dado un plazo de 20 días para que decida si la solicita por un 70 por ciento del precio de salida, que es de 2.652.617,92 euros.

El Cuarto del Rincón, de 399 hectáreas, le fue embargada a Conde para hacer frente a su responsabilidad patrimonial en ejecución de la condena a 20 años de prisión que fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2002 por el caso Banesto.

Conde fue condenado el 31 de marzo de 2000 por la Audiencia Nacional a diez años y dos meses de prisión por apropiación indebida, estafa y falsedad, y el 29 de julio de 2002 el Supremo aumentó esa pena. A principios de julio de 2002, antes de la sentencia del Alto Tribunal, el entorno del exbanquero procedió a la enajenación de las fincas y a partir de entonces una sociedad luxemburguesa figuraba como propietaria de las mismas, motivo por el que el Registro de la Propiedad no había procedido a anotar el embargo judicial.

El pasado mes de octubre, la Audiencia Nacional ordenó el decomiso de ésta y otras cuatro fincas, tres de ellas en Baleares y la otra en la capital andaluza. Los bienes seguían siendo utilizados por el entorno familiar del exbanquero, manteniendo los mismos empleados y con los gastos domiciliados en las cuentas bancarias vinculadas a la familia de Mario Conde.

La sección primera de la Audiencia Nacional afirmó al ejecutar los embargos que "en sentencia ya quedó probado que el dinero empleado en la adquisición de esas fincas tiene su origen en las cantidades objeto de la apropiación indebida que motivó la condena".