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El lunes finaliza el plazo para reclamar por cláusulas abusivas y evitar desahucios

La PAH denuncia que los juzgados están denegando a quienes solicitan justicia gratuita la suspensión de los plazos

El lunes acaba el plazo de un mes para que quienes tengan un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria pueda alegar cláusulas abusivas en la hipoteca y evitar el desahucio. Tal plazo constituye para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca  "una violación del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución Española).

Consideran que con la Ley 1/2013, al fijar un plazo tan perentorio, "se pretende amortiguar las conclusiones de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 y evitar, en lo posible, su impacto sobre el inhumano sistema de ejecuciones hipotecarias español. Prueba de ello es que no hay una sola palabra sobre las ejecuciones hipotecarias y los desahucios ya ejecutados ni sobre los intereses de demora e, incluso, contraviene la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al legalizar su recálculo con el límite de tres veces el interés legal del dinero (integración de cláusula abusiva prohibida en el ordenamiento europeo). Además, contiene elementos de inconstitucionalidad flagrante como la discriminación por razón de edad a menores de cuatro a 16 años, la posibilidad de recurrir en apelación el auto que resuelve sobre cláusulas abusivas sólo en caso de que resulte perjudicada la entidad financiera, etcétera".

La PAH ha elaborado un kit de emergencia (disponible en www.afectadosporlahipotecamadrid.net) "para que los afectados acudan a los colegios de abogados y juzgados solicitando la suspensión del plazo mientras se les asigna una defensa de oficio ya que la mayoría de afectados no cuenta con medios económicos para procurarse un abogado y un procurador". Aunque, según explica Rafael Mayoral, asesor jurídico de la PAH,  "no se están concediendo la suspensión de los plazos para los que han solicitado gratuita gratuita, cuando se tarda entre uno y dos meses en asignar abogado y procurador".

Mayoral considera una irregularidad que no se haya notificado a los deudores sino que se haya limitado a la publicación en el BOE y, en general, rechaza la ley que considera que no ampararía la situación de Mohammed Aziz.

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