S&P cree que la ley hipotecaria puede aumentar las pérdidas de los bancos

Los cambios recientes en la legislación española sobre hipotecas podrían alargar los procesos de ejecución hipotecaria e incluso aumentar las pérdidas crediticias, según un informe publicado este martes por la agencia de calificación Standard & Poor’s (S&P).

El Congreso aprobó el pasado mes de abril, con los únicos votos favorables del Partido Popular, una nueva ley hipotecaria para tratar de dar solución al drama de los desahucios. El texto contempla, entre otras cosas, la suspensión de los desahucios durante dos años para quienes cumplan supuestos de vulnerabilidad, y la obligación de los bancos de reestructurar (negociar) la deuda hipotecaria y de aceptar quitas del 35% si se paga la deuda en cinco años y del 20% si se tardan 10.

S&P asegura que desconoce cuántos hipotecados serán amparados por las nuevas leyes, pero cree que aumentará el plazo para que las entidades recuperen algunas hipotecas morosas. "Dada la bajada de los precios de las viviendas en España, esto también podría provocar un aumento de las pérdidas crediticias. Esperamos, sin embargo, que el impacto en los valores garantizados por hipotecas residenciales (RMBS, en sus siglas en inglés) siga siendo bajo”, asegura el analista Mark Boyce, en el estudio.

El informe de S&P también analiza el impacto del decreto aprobado por el Gobierno andaluz —del PSOE e IU— por el que se expropian temporalmente viviendas de los bancos en procedimientos de desahucio para detener las expulsiones. “Creemos que el Decreto Ley 6/2013 en Andalucía, que permite que el Gobierno expropie propiedades en casos concretos, podría debilitar la confianza de los inversores en los derechos locales de la propiedad. Esto podría contener las inversiones y minar los precios de las viviendas. Dicho esto, esperamos que el Gobierno central lleve esta ley ante el Constitucional”, afirma Boyce.

La agencia de calificación considera, por último, que las nuevas normas que el Banco de España impuso a las entidades para la clasificación contable de las operaciones de reestructuración crediticia deberían aportar una mayor transparencia sobre la calidad de sus activos.