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OPINIÓN

Del dicho al hecho...

Las palabras suenan bien pero en realidad han prevalecido las políticas de ajuste

Por fin parece existir un acuerdo político en Bruselas y en España sobre la necesidad de impulsar el crecimiento y el empleo, probablemente debido al clamor ciudadano contra las políticas exclusivamente de ajuste dictadas por la UE (liderada por Alemania). El diagnóstico parece nuevo, pero la realidad es que tanto en los planes presentados en la UE como en los presentados por el Gobierno español en los dos últimos años el crecimiento y la creación de empleo parecían ser una prioridad. Sin embargo, las actuaciones de los gobernantes no han cumplido con ese propósito, y ahora, cuando Alemania y Francia ven las orejas al lobo, lo presentan como una necesidad acuciante.

Comencemos con la UE. El Consejo Europeo aprobó un Pacto para el Crecimiento y el Empleo en junio de 2012, y la Comisión Europea presentó un informe para su aplicación en octubre del mismo año. Dicho pacto, además de intentar dar un impulso a la reforma y modernización de la economía europea y al mejor funcionamiento del mercado único, estableció un paquete de financiación de 120.000 millones de euros para catalizar la expansión y las inversiones del sector privado a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y acordó que el 90% de dicha suma estuviese disponible a más tardar en marzo de 2013.

Pero este pacto se ha visto superado en la realidad por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UEM (zona euro) en sus sucesivas aplicaciones de los planes personalizados de los países periféricos, donde se ha dado prioridad absoluta a la estabilidad y no se ha hecho nada por el crecimiento ni por el empleo. Ahora, cuando el Banco Central Europeo (BCE), preocupado por el bajo crecimiento de la zona y la escasa financiación disponible para las empresas, propone establecer alguna vía que favorezca la financiación de las pymes, Alemania retoma la posibilidad de hacerlo a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Pero si dicha financiación ya estaba aprobada en el plan europeo, ¿dónde está la novedad? ¿Y por qué se opone Alemania a que el BCE pueda admitir la titulación de los créditos concedidos a las pymes como colateral de los bancos en su demanda de liquidez al BCE? Una vez más, una cosa son los acuerdos y propuestas, y otra la realidad de los hechos.

En cuanto al empleo, en el pacto de la UE de 2012 ya se establecía el marco para apoyar la creación de puestos de trabajo con un ambicioso paquete de medidas “para restaurar la dinámica del mercado laboral con medidas de empleo juvenil basado en la iniciativa de oportunidades para la juventud”. Ahora, conscientes de la alta tasa de paro juvenil en la mayoría de los países de la UE, vuelve a plantearse el tema del empleo juvenil como si fuese nuevo y no se hubiese tratado con anterioridad. Otro ejemplo del mal funcionamiento de las instituciones europeas por su lentitud e ineficacia en aplicar los acuerdos ya aprobados.

Por fin parece existir un acuerdo sobre la necesidad de impulsar el crecimiento y el empleo

Respecto a las propuestas realizadas en España para incentivar el crecimiento, ya en marzo de 2011 se aprobó la Ley de Economía Sostenible, cuya iniciativa había sido del anterior Gobierno socialista y consistía en un conjunto de medidas que pretendían modernizar la economía española principalmente en tres sectores: financiero, empresarial y medioambiental. Su objetivo, según el Gobierno, era “situar la economía española sobre los cimientos del conocimiento y la innovación, con herramientas respetuosas con el medio ambiente y en un entorno que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social”.

Las palabras, como siempre, suenan bien, pero en realidad han prevalecido las políticas de ajuste con merma de la calidad de los servicios públicos y aumentos de impuestos que han reducido la capacidad de consumo de las familias. En lo que si se ha avanzado es en la reforma y reestructuración del sistema financiero, que, según el último análisis de la troika, está bien encaminado en el cumplimiento de las exigencias del Memorándum de Entendimiento, dando impulso a la liquidez y la solvencia. Sin embargo, advierte de los riesgos todavía existentes y la necesidad de continuar avanzando en las reformas.

Pero las quejas de las empresas se refieren a la falta de una financiación fluida a pesar del saneamiento de los bancos y cajas. Desde el punto de vista de las ayudas públicas, en el último plan de reformas estructurales de 2013, al referirse a la ayuda europea a través de los fondos estructurales, se establecía una reasignación de fondos pendientes hacia actuaciones con mayor impacto sobre el empleo juvenil y la financiación de pymes. Pero los fondos, que en un principio se estimaron en 10.700 millones de euros, solo pudieron ser reorientados en 1.257,4 millones de euros. Otro ejemplo de ineficacia de las autoridades españolas y europeas.

En España se cuenta con un instrumento financiero que no existe en otros países: el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que también funciona como intermediario entre el BEI y las instituciones financieras españolas y que puede ser un vehículo muy útil para hacer llegar la financiación internacional a las pymes. Los objetivos del ICO para 2013 a través del tradicional apoyo a la internacionalización y exportación de la empresa española, con una ampliación de sus líneas de mediación de hasta 22.000 millones de euros (frente a los 11.511 millones de euros de 2012), y junto a las nuevas iniciativas en curso sobre mercados de valores y capital riesgo, podrían ayudar a algunas empresas de tamaño pequeño y mediano con proyectos viables. Habrá que esperar a que la actuación en este año sea más acorde con las previsiones realizadas.

Siempre será más eficaz si las reformas cuentan con mayorías amplias

De las últimas medidas anunciadas sobresale la llamada Ley de Emprendedores, indudablemente necesaria para incentivar el empleo autónomo y el de pequeñas empresas que puedan acometer personas jóvenes pero formadas y que dispongan de proyectos económicamente viables. En mi opinión, la primera pega es la de acotar la edad para esos emprendedores. No se puede dejar fuera a la generación de 35 o 40 años, que una vez alcanzada su formación y algo de experiencia deciden lanzarse a algún proyecto de interés. Ni debería olvidarse a los parados de 50 que sean capaces de iniciar su actividad autónomamente. Así como pueden ser razonables las ayudas al empleo de jóvenes de menos de 25 años con los estudios recientemente terminados, es, sin embargo, más difícil que los jóvenes de menos de 25 o 30 años hayan terminado sus estudios y estén en condiciones de emprender una aventura empresarial. En todo caso las ventajas otorgadas al emprendedor no deberían depender de la edad, sino de su capacidad y la viabilidad del proyecto.

Esperemos no solo que estén cambiando las directrices de política económica de Europa en pos de incentivar el crecimiento y el empleo, sino que también se impulse la implementación de los acuerdos y pactos muchos de ellos ya existentes sobre el papel. En cuanto a la política española, siempre será más eficaz si las reformas pendientes se van acordando con mayorías más amplias y no solo con la del partido gobernante. Pero sobre todo es fundamental introducir eficacia en la Administración para su aplicación y para el aprovechamiento total de los fondos y ayudas europeas.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE).