El juez revoca el plan de Rasquera (Tarragona) para plantar cannabis

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona ha estimado totalmente el recurso interpuesto por la Delegación del Gobierno en Cataluña y ha revocado el plan anticrisis de Rasquera, basado en la cesión de terreno a una asociación de consumidores para plantar cannabis.

Tras más de un año de espera, la sentencia revoca los dos acuerdos del pleno del Ayuntamiento de Rasquera, aprobados el 29 de febrero de 2012, informan fuentes judiciales.

Uno de los acuerdos era la aprobación inicial de la Entidad Pública Empresarial de promoción económica y social de Rasquera, Rasquerana de Investigación e Interpretación de la variedad vegetal Cannabis Sativa L (Rrica) y sus estatutos reguladores, y el otro la aprobación del contrato privado entre el Ayuntamiento de Rasquera y la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (Abcda).

La sentencia declara nulos los dos acuerdos y lo justifica con el argumento de que ni la constitución de la Rrica, ni el contrato con la asociación cannábica, tienen interés público.

"El interés económico o la grave situación económica de un Ayuntamiento no se pueden incluir dentro del concepto de interés público", argumenta la juez Rosa María Muñoz Rodon, al tiempo que concluye que "la falta de interés público conlleva falta de competencia" por parte del ayuntamiento.

Alega también que no se ha pedido ningún permiso a las administraciones competentes para cultivar marihuana y expone que el convenio con la asociación cannábica no se puede considerar de interés público.

De acuerdo con este convenio, el ayuntamiento haría de intermediario entre propietarios de tierras en el término municipal de Rasquera y la Abcda para que la asociación cannábica pudiera cultivar cannabis para el consumo de sus asociados.

La sentencia se ha hecho pública a sólo dos semanas de la celebración del pleno extraordinario en el que el alcalde, Bernat Pellisa, formalizará su renuncia al cargo, el próximo 14 de junio.

"Teníamos la esperanza de que, después de tanto tiempo esperando la sentencia, los argumentos expuestos tendrían más calidad", ha manifestado Pellisa, que ha anunciado que el ayuntamiento presentará recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

"Se trata de una sentencia arbitraria e inmotivada", ha valorado, por su parte, el abogado del consistorio, Martí Cànaves, que ha precisado que solo tiene seis páginas.

"El principal motivo que alega es que no hay interés público y creemos que no está suficientemente argumentado", ha añadido Cànaves, que sostiene que sí hay un interés público detrás del proyecto.

"Es la decisión de un pleno municipal por mayoría, ha habido una consulta popular y, además, la investigación de las propiedades terapéuticas del cannabis ya tiene un interés público en sí misma", afirma el letrado del consistorio.

Por ello, el recurso de apelación se basará principalmente en la falta de argumentos de la sentencia.