Francia limita el impuesto del 75% a los más ricos a los próximos dos años

El impuesto del 75% para los que ganan más de un millón de euros anuales en Francia, que en su primer proyecto legislativo fue tumbado por el Consejo Constitucional, se aplicará desde 2014 y con una duración limitada a dos años, ha anunciado el ministro de Finanzas, Pierre Moscovici.

Ese impuesto, que había sido una de las promesas más simbólicas del presidente, el socialista François Hollande, durante la campaña para su elección en mayo de 2012, se retomará en el proyecto de ley de presupuestos para el próximo ejercicio, indicó Moscovici en una entrevista publicada este viernes por Les Echos.

Este impuesto lo tendrá que abonar la empresa que remunere con más de un millón de euros a alguno de sus empleados, precisó. El Consejo Constitucional había invalidado en diciembre pasado el dispositivo que instituía esa tasa, que tiene un apoyo amplio entre los franceses, por considerarlo que era discriminatorio con algunas unidades familiares.

En concreto una pareja en la que sólo uno de los dos tuviera ingresos pero superaran el millón de euros se vería sometido al impuesto, mientras que otra en la que ambos ganaran conjuntamente más de esa suma pero no individualmente, quedaría exonerada. Moscovici señaló, por otra parte, que no legislará para imponer topes a la remuneración en las empresas privadas —como se ha hecho en las públicas— ni otras reglas de gobernanza, porque la patronal se ha comprometido a autorregularse.

Explicó que se reunió la semana pasada con los presidentes de las principales organizaciones de empresarios y se comprometieron a "presentar rápidamente un refuerzo ambicioso de su código de gobernanza". "Preferimos una autorregulación exigente. Pero atención: si las decisiones anunciadas no están a la altura, nos reservamos la posibilidad de legislar", advirtió.

Moscovici insistió en que la Comisión Europea no había "impuesto nada" a Francia a cambio de autorizar un retraso de dos años, hasta 2015, el cumplimiento de un tope de déficit inferior al 3 % del Producto Interior Bruto (PIB), que se fija en el Pacto de Estabilidad. Insistió en que el ritmo de reducción del déficit que ha programado su Gobierno "es un esfuerzo considerable" que cree "será considerado suficiente".

"Ir más allá sería operar un sobreajuste y poner en peligro el retorno al crecimiento. Es la diferencia entre la seriedad que reivindicamos y la austeridad a la que nos negamos", añadió.