¿Requiem por la vivienda protegida?

Este solemne y sugerente encabezamiento ha servido para convocar, por la Diputación de Barcelona y la Sección catalana de la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), una jornada de reflexión sobre el presente y futuro de una política de promoción de viviendas protegidas (30 mayo 2013), con la participación de gestores públicos, juristas, economistas y arquitectos. Convocatoria que considero necesaria y oportuna si tenemos en cuenta que el inicio de estas líneas coincide con la noticia publicada en El País con el siguiente titular: “Botella liquida la empresa de vivienda” (6-05-1013).

La decisión de la alcaldesa de Madrid es muy grave e irresponsable, porque afecta a miles de ciudadanos beneficiarios, justos beneficiarios, de una promoción pública de “viviendas con precio tasado políticamente” (considero más ajustada esta definición que la convencional “vivienda protegida”), destinadas a satisfacer el derecho a una vivienda digna de las familias con bajos recursos económicos, aunque no insolventes hasta la actual crisis financiera y el drama de las hipotecas abusivas. El simple anuncio de esta decisión de la Sra. Botella viene a añadir incertidumbre, angustia y dolor a las familias ya golpeadas duramente por la crisis económica y amenazada con futuras privatizaciones y desahucios inmisericordes.

No puede sorprendernos, aunque sí indignarnos, esta decisión de la alcaldesa, porque ya en octubre de 2012 (El País, 23-10-2012) avanzaba que el gobierno municipal renuncia a construir más viviendas protegidas porque, en su opinión, “YA NO ES NECESARIA”, por lo que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) no construirá más pisos protegidos.

La liquidación de la EMVS encuentra una interesada y acrítica justificación en una “auditoria confidencial” realizada por PriceWaterhouse en la que se detectan problemas graves económicos y financieros que “limitan significativamente la posibilidad de establecer un proceso ordenado de reestructuración”, deduciendo, precipitadamente, de estas dificultades coyunturales la conclusión inapelable de que la EMVS “no es operativamente viable” y, por tanto, “insostenible”. Tras esta sentencia se indican algunos mecanismos o procedimientos para desmantelar la empresa. Dación de parte importante de su patrimonio a Bankia, como pago de su deuda (un 40% del total). Venta “inmediata” de 1.860 pisos a los actuales usuarios en régimen de alquiler. Venta indiscriminada de todo el patrimonio, edificado o en suelo, a los “inversores financieros”. Colocar al Ayuntamiento su cartera de suelo hipotecado, como una forma camuflada de socializar las pérdidas.

Un ejemplo más del proceso constante de privatizaciones llevado a cabo por los gobiernos del PP como imposición ideológica, que encuentra una pretendida cobertura economicista en el obligado, inevitable y autodestructivo ajuste del déficit mediante continuos recortes en los servicios y derechos públicos, cueste lo que cueste a los ciudadanos. Proceso en el que Madrid, con doña Esperanza Aguirre a la cabeza, acompañada por doña Ana Botella y acólitos, se ha consolidado como la columna de choque en una guerra despiadada e irracional contra todo lo público y su entrega a la empresa privada, a empresarios y grupos financieros próximos y privilegiados, muy alejados de una práctica de “libre empresa” en un marco regulado de limpia competencia.

En el caso de la EMVS de Madrid, asistimos a una operación de derribo, sin haber intentado, y explicado públicamente, una posible reorganización, tanto financiera como en su propia estructura y modo de gestión, incluyendo una racional y actualizada definición de los productos inmobiliarios a promover (tipos de vivienda) y gestionar de forma más innovadora y eficaz. Una necesaria puesta al día, una necesaria racionalización abriendo un debate y solicitando la colaboración de los grupos políticos en la Asamblea de la Comunidad, de los sindicatos, de los promotores cooperativos y de los propios ciudadanos a través de sus organizaciones más próximas, como pueden ser las asociaciones vecinales o de defensa de los consumidores. El mismo día del anuncio que aquí comentábamos, el portavoz del PSOE ofrecía posibles enfoques alternativos dirigidos a mantener la EMVS y servir de base para un debate solvente en busca del tan cacareado consenso o pacto. Ni caso.

Derribar la EMVS y llevar los escombros a un vertedero incontrolado es no solo una agresión más al interés general, sino una tremenda e irresponsable equivocación. Seguramente es necesario repensar y buscar una nueva definición de cuál pueda y deba ser el contenido de una política de “vivienda con precio tasado políticamente”. Será necesario depurar los organismos responsables de su gestión e inventar nuevos mecanismos. Con igual exigencia, convendrá ponderar el número de viviendas tasadas a promocionar en cada momento y territorio, definiendo el dónde, el cómo, por quién y para quién, así como el régimen de tenencia o disfrute más adecuado y durante cuánto tiempo. Pero siempre será necesaria y conveniente la promoción de un número significativo de vivienda tasada, la promoción liderada por las distintas administraciones, con el posible partenariado de promotores privados y con la ineludible subvención pública.

Esta necesaria presencia de la promoción pública, de un quantum de viviendas (nuevas o rehabilitadas, en alquiler o en propiedad), no es solo una exigencia para hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna, sino que responde a una necesidad social y a una racionalidad económica. Desde los años veinte del siglo pasado (con algunos atisbos anteriores), se ha entendido y defendido, en el ámbito de una cultural socialdemócrata, que una parte de los ciudadanos (la clase obrera antes, los asalariados hoy) no pueden acceder a una vivienda al precio del mercado puro y duro y, por tanto, necesitan la intervención del estado como garantía de un alojamiento digno. Y se trata no solo de una manifestación de la solidaridad y defensa de la cohesión social (el hoy agredido estado de bienestar), sino de una racionalidad económica, ya que parecía y parece conveniente que el gasto en la vivienda no supere un razonable porcentaje de los ingresos familiares (25%, 30%?). Destinar al alojamiento mayores recursos supone disminuir las disponibilidades económicas de las familias, impidiendo la “compra” de otros bienes y servicios, desde la educación al ocio, desde la salud a los electrodomésticos. Es decir, constriñendo la demanda que, hoy más que nunca, se reclama como imprescindible para reactivar y mantener el sistema productivo, bajo la tutela eficaz de un estado social y democrático de derecho.

No solo en el caso de la vivienda, sino en muchos de los servicios y equipamientos públicos que nos han permitido una convivencia pacífica en los últimos decenios del siglo pasado, será necesario renovar su propia definición y, sobre todo, los mecanismos para su gestión eficaz e igualitaria. El futuro los va a seguir necesitando.

Acabo de revisar estas líneas el día que se anuncia la aprobación definitiva de la Ley de Costas (El País, 11-05-2013), cuya denominación oficial es la pomposa y cínica de “Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral”, siendo en realidad la triste legalización del expolio de nuestras costas, entendidas por el PP como materia de negocio y no como recurso natural y paisajístico para disfrute de los ciudadanos y equilibrio de nuestro ecosistema. Y ya que hablamos de vivienda, las únicas viviendas protegidas que van a existir en España son las legalizadas, amnistiadas y amparadas por esta depredadora ley.

Eduardo Mangada es arquitecto y urbanista.