España espera avances decididos y un calendario ante la evasión fiscal y la energía

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defenderá mañana, en el Consejo Europeo, avances decididos para atajar la evasión y el fraude fiscales en la UE y desarrollar el mercado interior de la energía, y para ambas cuestiones espera que se apruebe un calendario de compromisos.

Fiscalidad y energía son los dos temas sobre los que girará la cumbre de mañana, que es el primero de los Consejos Europeos y el último antes de la cumbre crucial de junio en la que los jefes de Gobierno europeos deberán avanzar en la puesta en práctica de compromisos como la unión bancaria.

Además, Rajoy volverá a Bruselas el próximo 5 de junio junto a varios de sus ministros para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, y con varios comisarios para defender los esfuerzos que está haciendo España y reclamar avances en las medidas comprometidas ya por los Veintisiete.

El Consejo Europeo de mañana iba a tener sólo la energía como cuestión principal, aunque la evasión fiscal se ha incluido en el orden del día al convertirse en uno de los debates centrales en las instituciones europeas en las últimas semanas.

La evasión fiscal hace que los Veintisiete dejen de recaudar un billón de euros al año, un "serio quebranto" que hace urgente este debate, como señaló la semana pasada en el Congreso, en su comparecencia para explicar la cumbre, el secretario de Estado para la UE, Iñigo Méndez de Vigo.

Para el Gobierno español es además lógico que se estén haciendo esfuerzos para acabar con este problema que "desmoraliza enormemente" a los ciudadanos, que pagan sus impuestos y asumen sacrificios, en un momento de crisis como el actual.

Las cinco principales economías europeas, entre las que se encuentra España, han acordado poner en marcha un instrumento piloto de intercambio multilateral de información fiscal, y han abierto así el debate para reforzar el sistema de intercambio de información automática.

Se trata de un sistema que se inspira en la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras de Estados Unidos (FATCA, en sus siglas en inglés), que obliga a las entidades financieras extranjeras a suministrar información sobre las cuentas que tienen ciudadanos estadounidenses en el exterior para evitar la evasión fiscal transfronteriza.

El informe de la Comisión Europea que debatirá mañana el Consejo revela "sensibilidad" de la UE sobre este problema según el Gobierno español, y abre también "posibilidades de acuerdo". Eso sí, siempre que Luxemburgo y Austria, los dos países más reacios a levantar el secreto bancario, acaben cediendo ante la presión de los demás países.

En cuanto al mercado energético, España acude a la cumbre con parte de sus deberes hechos al haber traspuesto ya a la normativa nacional el "tercer paquete energético" -que incluye medidas como la separación de la gestión de la producción, el transporte y la comercialización de la energía-.

Esta directiva debía haber sido incorporado plenamente a los ordenamientos nacionales en 2011, pero hay varios países que aún no la han trasladado a sus leyes.

En cualquier caso, lo que más interesa al Gobierno es el desarrollo de las interconexiones energéticas, porque el Gobierno entiende que es imposible un mercado interior sin una infraestructura que evite las llamadas "islas energéticas".

Es lo que le ocurre a España: la capacidad de interconexión eléctrica con Francia es sólo del 3 % de la demanda española, cuando debería ser como mínimo del 10 %.

"Por algún lado falla" el avance europeo en esta cuestión según señaló la semana pasada el secretario de Estado, de ahí que España y Portugal quieran iniciar un diálogo trilateral con Francia para mejorar las interconexiones entre la Península Ibérica y el resto de Europa.

Méndez de Vigo señaló en aquella comparecencia que España quiere que de la cumbre de mañana salgan, tanto en materia fiscal como en energía, medidas con un calendario de cumplimiento, sobre todo en este momento de "desapego" social hacia la UE, para que los ciudadanos comprueben el compromiso inequívoco de sus gobernantes para avanzar en las cuestiones que les preocupan.