“Pagamos la irresponsabilidad de la Administración”

A pesar de todo, Lorenzo Navarro no ha perdido la ironía. “Estoy sosteniendo parte de la educación de los niños valencianos. En mi barrio, 200 chavales han estudiado con los libros de texto que yo he pagado”, dice. La Generalitat Valenciana adeuda a este librero más de 20.000 euros por los llamados bonolibros, una subvención de la Administración para los libros escolares. Navarro tiene facturas impagadas en los cajones de su papelería desde hace 19 meses. “Y ya no sé qué pensar. No sé si llegaré a recuperar el dinero”, dice.

La deuda le ha tenido asfixiado. “Durante meses todo lo que llegaba a los libros de cuentas eran pagos”, recuerda. Porque él ha tenido que seguir pagando a las editoriales de esos libros de texto y, por supuesto, el IVA de las polvorientas facturas de la Administración. Ha estado al borde de la quiebra. Una situación que ha logrado evitar gracias a que sus padres y sus suegros le han prestado los ahorros que tenían. “Ahora, al menos puedo respirar más tranquilo. 20.000 euros es mucho dinero. Ni comía, ni dormía, pensaba simplemente en que tenían que pagarme. Me pasaba el día bañado en un sudor frío...”, cuenta.

El caso de Navarro no es único. Aunque la Generalitat ha eliminado las subvenciones de los bonolibros este curso, hay alrededor de 1.000 libreros afectados por los impagos de los anteriores. No obstante, algunos, explica Vicenta Roig, presidenta de la Unión Gremial de librerías y papelerías de Valencia, han empezado a cobrar parte de esa deuda que ha llegado a superar los 31 millones de euros. “Numerosos negocios, la mayoría de ellos familiares, se han llegado a plantear el cierre porque no podían seguir así”, afirma.

Navarro también lo pensó. Los ingresos de su librería son los únicos que entran en su casa porque su mujer no trabaja. “Y menos mal que no tengo hijos, porque si no, no sé qué habría hecho”, dice. Tener una librería-papelería en su barrio, San Marcelino, había sido su sueño desde muy joven. “Era camarero, y cuando me quedé en el paro, con 24 años, me decidí a montarla. Es mi negocio, lo he levantado yo, aunque ahora va tirando, funcionaba. Pensar que se puede caer porque la Administración nos debe dinero... El mundo se te hunde”, cuenta.

En su papelería-librería de barrio —“de batalla”, como le gusta definirla—, Navarro tiene carteles en los que informa a los clientes de la deuda de la Administración. “Muchos preguntan porque tienen hijos con beca y a ellos tampoco les han pagado... Otros porque conocen la situación aunque pertenezcan a otros sectores. El problema no es solo nuestro, pero somos los ciudadanos, con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, los que estamos sosteniendo y pagando la irresponsabilidad de la Administración”, remarca.

El de los libreros valencianos es solo un pequeño granito en la enorme deuda de las Administraciones con los ciudadanos, los autónomos y las microempresas. De hecho, asegura Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), tres de cada cuatro impagos de la Administración se producen con este colectivo a quienes debe casi 5.000 millones de euros. Un grupo que tarda en cobrar, además, 148 días, de media, frente a los 30 que marca la ley. “Una de cada cuatro microempresas y autónomos que ha cerrado lo ha hecho por los impagos de la Administración pública. Les estamos financiando nosotros”, incide Amor.