Historia de tres islas

Las crisis de Islandia, Irlanda y Chipre no son casos aislados, si se me permite el juego de palabras. Tienen en común, además de su geografía, un sistema bancario hipertrofiado en el momento del estallido de la crisis: 7 veces el PIB en el caso de Irlanda y Chipre, y 10 veces en el caso de Islandia, frente a 3 veces en España, que está en torno a la media europea. Este crecimiento de los bancos, basado en la captación de ahorro externo (algo menos en Irlanda) condujo a que, ante una crisis del sistema financiero, el Estado no tuviera recursos para asumir sus deudas. Pero las soluciones adoptadas han sido muy diferentes.

En Islandia se discriminó contra los depositantes extranjeros, lo que dio lugar a una reclamación por parte de las autoridades británicas y holandesas. La crisis ha sido profunda, con una fuerte devaluación, una reestructuración de la deuda y el establecimiento de controles de capitales, aún en vigor cuatro años después. El tribunal de la EFTA (siglas en inglés de la Asociación Europea de Libre Comercio) falló recientemente a favor de Islandia en su litigio con Holanda y Reino Unido, aunque no está claro en qué medida esta sentencia sienta jurisprudencia.

En Irlanda se optó por extender la garantía no solo al total de los depósitos sino también a los bonistas senior. El Estado se hizo cargo de la deuda de los bancos, lo que cuestionó la sostenibilidad de la deuda pública.

En el caso de Chipre ha habido una enorme torpeza en la gestión de la crisis y en la comunicación, pero la solución finalmente adoptada parece más coherente con el marco de resolución de crisis bancarias que se está discutiendo en Bruselas. Tras las vacilaciones iniciales, se ha respetado la prelación de acreedores y se ha protegido a los depósitos garantizados. Sin embargo, el establecimiento de controles de capitales, si no son estrictamente temporales, entraña riesgos para la unión monetaria.

Necesitamos reglas claras sobre la resolución de crisis bancarias en Europa, que eviten utilizar el dinero de los contribuyentes, aseguren la máxima protección a los depósitos, permitan un funcionamiento adecuado de los mercados de financiación mayorista e impidan que los bancos sanos se vean arrastrados por los bancos con problemas, y ello pasa porque los acreedores privados asuman parte de las pérdidas que les corresponden. Un marco de resolución coherente es, además, esencial para avanzar hacia una unión bancaria que rompa el vínculo entre el riesgo bancario y el riesgo soberano, y en la que puedan operar en su momento los mecanismos de recapitalización europeos. Es una lástima que la piedra de toque del mecanismo de resolución de bancos haya sido Chipre —al igual que lo fue para la deuda soberana el caso de Grecia— porque sus peculiaridades (tamaño del sistema bancario, centro off shore, escaso segmento de bonistas) están contaminando la lectura que hacen los mercados.