El Gobierno galo analiza la manera de reducir los gastos públicos

El Gobierno francés mantuvo hoy su segundo comité interministerial de los últimos cuatro meses con el objetivo de modernizar la acción pública y contribuir con ese cambio a la reducción de los gastos.

Esa medida, según indicó en un comunicado el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, constituye la respuesta planteada para "volver a dar márgenes de maniobra a la política, competitividad a la economía, y reafirmar la solidaridad que encarnan los servicios públicos".

El enfoque gubernamental se concentra no solo en las administraciones del Estado, sino también en la seguridad social y las colectividades territoriales.

El proceso comenzó el pasado diciembre, con la evaluación de una cuarentena de políticas, e incluyó desde entonces el desplazamiento al extranjero de algunos ministros para evaluar las "buenas prácticas" de otros países.

Con ese fin, según recuerda hoy el vespertino "Le Monde", la ministra de la Función Pública, Marylise Lebranchu, fue a Dinamarca en febrero, y el titular de Finanzas, Pierre Moscovici, ha ido a Suecia y prevé recibir en París a una delegación oficial de Canadá.

Los análisis, tal y como se detalla en el comunicado oficial, han llevado ya a la reagrupación de una quincena de agencias y a la supresión de 100 comisiones administrativas.

El Gobierno busca que todos los Ministerios elaboren su propio programa de modernización y simplificación y prevé que la racionalización de las compras públicas permita al Estado ahorrar 2.000 millones de euros, y otros 900 millones en los hospitales públicos de aquí a 2014.

Las políticas públicas representan 250 millones de euros, el equivalente al 20 por ciento del gasto público, añade la nota, en la que se da un paso más en el proceso de "simplificación" de las normas para empresas y particulares que anunció la semana pasada el presidente, François Hollande.

A partir de ahora no se aceptará ninguna propuesta de texto parlamentario si no se acompaña de la requerida simplificación, y a los ministros se les ha pedido que privilegien de manera sistemática una interpretación "facilitadora" del derecho existente.

El Gobierno está, según "Le Monde", entre la disyuntiva de no ofender a los funcionarios y la necesidad de reducir un déficit público que en 2012 fue del 4,8 por ciento, tres décimas más de lo previsto.

Las cuentas nacionales publicadas a finales de marzo por el Instituto Nacional de Estadística (INSEE) añadían que la deuda pública aumentó desde 1,7 billones de euros a finales de 2011 a 1,8 billones un año después, y que el gasto público se incrementó un 2,9 % en 2012.

En este contexto "difícil para las finanzas públicas", y en el que según reconoció hoy Ayrault "los esfuerzos que deben realizarse son importantes", la popularidad del presidente alcanza mínimos históricos, en los que tan solo un 22 por ciento de los ciudadanos considera que hace bien su trabajo.