Una comisión de jueces busca a los responsables de la crisis de Chipre

Una comisión independiente de jueces intentará dilucidar a partir de hoy si hubo algún tipo de actuación política o bancaria que condujera a la crisis financiera en Chipre, una investigación con componentes de escándalo en un momento en que los ciudadanos tienen acceso limitado a su capital.

Los tres exjueces del Tribunal Supremo que dirigirán la investigación durante aproximadamente tres meses tomaron posesión de sus cargos en un acto solemne celebrado en el Palacio Presidencial, en el que el jefe del Estado, Nikos Anastasiadis, calificó la constitución de esta comisión como lo "mínimo que puede hacer el Estado de cara a su pueblo".

Es precisamente el pueblo chipriota el que ha dado en estas últimas semanas lecciones de paciencia y disciplina, pues a pesar de las estrictas restricciones a los movimientos de capital, impuestas la semana pasada tras la reapertura de bancos, no ha habido incidentes ni tampoco grandes manifestaciones.

En el acto de hoy, Anastasiadis subrayó que los ciudadanos están pagando las consecuencias de "una serie de actos u omisiones" de personas responsables de la economía o la banca que llevaron al país al borde de la bancarrota.

El abanico de tareas que deberán investigar los tres destacados exmagistrados, en cooperación con un equipo de juristas y economistas, es tan amplio que parece imposible que puedan ser abordadas en tan escaso tiempo.

La investigación abarca el periodo comprendido a partir de la retirada del banco británico HSBC del Banco Popular (Laiki), ahora en proceso de liquidación, hasta el 23 de marzo pasado, cuando estaba a punto de sellarse el acuerdo final con el Eurogrupo sobre el rescate.

Algunas de las cuestiones que la comisión intentará responder son: ¿Por qué se expandió el Banco Popular a Grecia cuando la crisis ya estaba en marcha? o ¿por qué los bancos locales compraron bonos del Estado griego en el mercado secundario mientras las grandes entidades internacionales se deshacían de estos títulos?

También el pago de bonificaciones a altos ejecutivos bancarios, así como todos los aspectos políticos y económicos relacionados con la negociación del rescate serán tema de análisis.

No todos los aspectos de la investigación constituyen potencialmente un delito; en el caso de que se encuentren materias punibles, los exjueces remitirán sus resultados a la fiscalía general, que sería la encargada de abrir un sumario.

Si bien el catálogo de tareas es inmenso, el interés mediático está centrado en dos aspectos.

En primer lugar está la salida masiva de capital en los días previos al primer acuerdo con el Eurogrupo (15 de marzo) sobre una tasa a todos los depósitos bancarios, luego rechazado en el Parlamento.

Varios medios chipriotas han publicado una lista con 132 operaciones de particulares y empresas que en los días previos al 15 de marzo sacaron al menos 700 millones de euros del país.

Entre estos figura el consuegro del presidente, cuya empresa transfirió al extranjero el 12 y el 13 de marzo un total de 21 millones de euros.

Anastasiadis ha optado por huir hacia adelante y hoy pidió a los jueces que den prioridad al caso que le afecta, y no solo investiguen a su consuegro sino también a la empresa de la que fue socio hasta hace poco.

Ya ayer el presidente había rechazado haber ofrecido a nadie información privilegiada, en un momento, como dijo, en que "mi lucha estaba en Bruselas intentando evitar la tasa bancaria".

En principio, este debate tiene más carácter moral que legal, pues todo el mundo sabía desde febrero que algo iba a cambiar en Chipre, como lo demuestra el incremento de retirada de depósitos en ese mes por parte de clientes de la eurozona, según datos publicados recientemente por el Banco Central de Chipre.

De otro calibre es, en cambio, el presunto escándalo en torno a políticos, empresarios y sindicalistas, a los que los tres principales bancos del país, perdonaron sus créditos, parcial o totalmente, o al menos no les exigieron las mismas garantías que al resto de clientes.

De acuerdo a las listas publicadas por varios medios, todos los partidos políticos, exceptuando -de momento- a socialdemócratas y ecologistas, estarían implicados en este escándalo.

Entre los personajes más conocidos figura el expresidente Yorgos Vassiliu, a cuya empresa los bancos le perdonaron 5,8 millones de euros.