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El Santander gana a Hacienda la batalla fiscal por la venta de Airtel a Vodafone

La Audiencia Nacional le reconoce deducciones de 195 millones que el fisco no había admitido

Montoro dijo que sería “beligerante” con una las ganancias récord por la venta de Airtel

Hacienda gana otros puntos en litigio dentro de un pleito por un total de 769,7 millones

El Banco Santander ha ganado a Hacienda una batalla clave por la tributación de la operación empresarial española que ha generado mayores plusvalías. Se trata de la venta de Airtel a Vodafone en el año 2000. En plena burbuja tecnológica, los socios de la segunda operadora de telefonía móvil española (Santander, Acciona, Alba, Abelló y varias cajas de ahorros) vendieron sus acciones en la compañía a la multinacional británica, que pagó con acciones propias. El Santander, por entonces BSCH, fue el que obtuvo mayores ganancias, que se hicieron efectivas en el momento en que se vendió los títulos de Vodafone. Ahora, una sentencia de la Audiencia Nacional dictada el pasado 24 de enero da la razón al banco sobre los impuestos a pagar por la operación y le permite aplicarse deducciones extra de 195 millones, además de anular una sanción de 89 millones. Pero Hacienda no se rinde y ha recurrido al Tribunal Supremo.

Los impuestos a pagar por la venta de Airtel a Vodafone ya generaron polémica hace 13 años y han sido objeto de un soterrado enfrentamiento jurídico desde entonces. Los socios españoles aprovecharon un cambio legal aprobado por el Gobierno del Partido Popular en junio de 2000 que les ponía en bandeja una tributación ventajosa. El decreto ley 3/2000 sentaba como un guante a una operación que justo entonces se estaba negociando y que se cerró en cuanto entró en vigor la nueva norma, que permitía que las multimillonarias plusvalías de la operación quedasen exentas.

En el canje de valores de Airtel se difería la tributación hasta la venta de las acciones de Vodafone. El cambio legal permitía que las plusvalías logradas en inversiones internacionales a través de una entidad de tenencia de valores extranjeros quedasen exentas al cabo de un año aunque la inversión no superase el 5% del capital de la empresa foránea, como ocurría en este caso, y transformar así una plusvalía española (Airtel) en otra extranjera (Vodafone) que quedase exenta.

Los jueces anulan una sanción de 89 millones del fisco al banco

Cuando el diario Cinco Días desveló en septiembre de 2000 que la norma abría la puerta a que las plusvalías de la venta de Airtel quedasen exentas, Cristóbal Montoro, que al igual que ahora, era entonces el ministro de Hacienda y el impulsor de la medida fiscal, reaccionó airado. En una evidente contradicción, Hacienda aseguró que esa interpretación de la ley no se podía aplicar y que además iba a cambiar la norma (“enriquecerla”) para que no se pudiera aplicar. Y añadió que iba a ser “vigilante y beligerante”. Así fue. Tras el escándalo generado, el Gobierno enmendó a fondo su decreto, fijando que la exención solo se aplicase “a la renta que corresponda a la diferencia positiva entre el valor de transmisión de la participación en la entidad no residente y el valor normal de mercado de la misma en el momento de su adquisición por la entidad transmitente”. Pero al tratar de tapar el agujero, terminó por abrir otro.

Hacienda separó entonces la tributación de las plusvalías logradas hasta el canje de acciones (Airtel por Vodafone) de la tributación por la inversión en la compañía extranjera (Vodafone). La tributación de las plusvalías de Airtel se difería hasta la venta de las acciones de Vodafone, pero cada una de ellas computaba por separado, de modo que la posible exención de plusvalías por la inversión en Vodafone no dejara también exentas las plusvalías en Airtel. Sin embargo, desde el momento en que el Santander (y los demás socios de Airtel) recibió las acciones de Vodafone hasta que las vendió, la cotización de la operadora británica no tuvo plusvalías sino minusvalías. Al tiempo, el Gobierno aprobó una fuerte deducción del 17% por reinversión de plusvalías. Así, las plusvalías de Airtel, la primera parte de la operación, eran objeto de fuertes deducciones mientras que las minusvalías de Vodafone, la segunda parte, se contabilizaban íntegramente. El resultado, tras tantas vueltas, volvía a ser una tributación mínima de las plusvalías del conjunto de la operación.

La inspección de Hacienda se opuso. En 2007, levantó actas al Santander alegando que todo era una única plusvalía y que no se podía dividir en dos partes, de modo que el banco no se podía aplicar deducciones por reinversión a toda la plusvalía inicial. El banco que preside Emilio Botín acudió al Tribunal Económico Administrativo Central, que dio la razón a Hacienda en 2009 sin entrar apenas en la cuestión. Ante ello, el Santander recurrió a la Audiencia Nacional. El tribunal sentencia que quien tiene razón es el banco y que hay una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (realizada por otro de los socios de Airtel) que dejó claro que hay dos rentas: una plusvalía, que permite aplicarse las deducciones, y una minusvalía posterior. Y reconoce al banco deducciones adicionales de 60,4 millones en 2001 y 134,2 millones en 2002.

Hacienda gana otras partes del pleito

La parte relativa a las plusvalías de Vodafone es, sin embargo, solo una de las múltiples cuestiones en disputa que dirime la sentencia. En total, el importe del recurso por las actas levantadas por Hacienda al banco por el impuesto de sociedades de los años 2001 y 2002 era de 769,76 millones de euros. Y en la mayoría de los puntos, la Audiencia Nacional da la razón a Hacienda.

El Santander gana también en la disputa por las pérdidas sufridas con Banespa

El Santander gana en lo relativo a las plusvalías de Airtel/Vodafone y también en lo relativo a las pérdidas que se dedujo por la depreciación del Banco del Estado de Sao Paulo (Banespa), la primera gran inversión del Santander en Brasil. El banco se había deducido pérdidas de 739,4 millones de euros, derivadas tanto de la caída del valor de la inversión en reales brasileños como de la depreciación del real brasileño frente al euro.

Dichas pérdidas se pusieron de manifiesto con motivo de la fusión de Banespa y Meridional Holding. La inspección de Hacienda solo admitió unas pérdidas fiscalmente deducibles de 485,88 millones de euros. Eso suponía una diferencia de unos 254 millones de euros (lo que, a un tipo del 35%, se traducía en unos 89 millones de cuota). Hacienda se basaba en una valoración independiente de KPMG realizada antes de la operación, mientras que el Santander defendía que se utilizasen los precios efectivamente pagados por las acciones de Banespa. La Audiencia Nacional da la razón al banco y llega a sugerir que la pérdida real fue incluso superior.

El Santander también gana en otras disputas de menor importe (incluida una de 7,2 millones sobre la deducibilidad del fondo de comercio generado en la compra de la sociedad alemana AKB Holding), pero la mayor parte del contenido de las actas de la inspección obtiene el respaldo de los jueces. Hacienda impone su criterio sobre la no deducibilidad de las dotaciones a la provisión genérica por insolvencias sobre posiciones crediticias con entidades vinculadas que no forman parte del grupo consolidado, sobre la no deducibilidad de las dotaciones a la provisión por operaciones de futuros financieros,sobre la imposibilidad de aplicarse la deducción por reinversión a los activos inmobiliarios adjudicados por impago, sobre ciertas deducciones por doble imposición de diferente naturaleza en Alemania, Reino Unido (incluidos algunos dividendos de Vodafone) y Brasil y sobre la compensación de bases imponibles negativas de algunas sociedades que fueron generadas antes de incorporarse al grupo, entre otras cuestiones.

Pese a que Hacienda tiene razón en la mayor parte de las actas levantadas, la Audiencia Nacional considera que se deben levantar las sanciones impuestas porque se trataba de una interpretación incorrecta provocada por "deficiencias u obscuridades de la norma tributaria que justifican una divergencia de criterio jurídico razonable y razonada", pero que debía considerarse "mero error" y no "culpabilidad", ya que además el banco no había ocultado los hechos sino que su declaración hbía sido "completa y veraz". La Audiencia anula por ello una sanción de 445.566 euros y otra de 88,759 millones.

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