Pedraz ve indicios de delito en las pensiones millonarias de Caixa Penedès

La Audiencia Nacional ve indicios suficientes de delito para llevar a juicio a cuatro exdirectivos de Caixa Penedès que se asignaron, presuntamente, pensiones millonarias de forma irregular. Tras tomar declaración durante casi tres horas a los imputados, el juez Santiago Pedraz ha dado por concluida la investigación sobre los ex altos cargos de la caja de ahorros, que se garantizaron “ilícitamente una desproporcionada ganancia patrimonial a costa y a espaldas de la entidad”.

Hace apenas tres semanas, el fiscal de Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled presentó una querella por un delito de apropiación indebida contra el ex director general Ricard Pagès y los ex directores adjuntos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas. Pagès, que según el fiscal se valió “de un poder de hecho omnímodo” sobre la entidad, diseñó una estrategia para “enmascarar” su actuación frente a los órganos de control de Caixa Penedès, que “ni conocieron ni por supuesto autorizaron” la actuación.

A partir de 2001, los querellados suscribieron pólizas con entidades de seguros por un valor total de 23,4 millones de euros. Camparon a sus anchas hasta 2009, cuando la crisis del sector llevó a endurecer las leyes sobre la remuneración de altos directivos. Pagès y compañía temieron que sus pensiones fueran “cuestionadas” y quisieron blindarlas. Para ello buscaron “algún tipo de cobertura formal o fórmula jurídica con la que justificar su ilícito proceder”, según el auto.

Una de esas actuaciones irregulares fue una reunión organizada por Pagès en la que los exdirectivos “consiguieron convencer erróneamente” a la comisión ejecutiva de Caixa Penedès para dar por buena una modificación en sus contratos de trabajo. La reunión se celebró en noviembre de 2010, apenas un mes antes de que se produjera la integración de Caixa Penedès en el grupo BMN, resultado de la fusión fría del Penedès con las cajas de Granada, Murcia y Sa Nostra. En diciembre, BMN recibió del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) una inyección de dinero público de 915 millones de euros.

En su auto, el juez Pedraz da traslado a las partes —la fiscalía y el resto de acusaciones— para que soliciten la apertura de juicio oral.