Globalia culpa de la crisis en Orizonia a la rigidez de la legislación de competencia

Al grupo Globalia no le gusta aparecer como el malo de la película. Esta compañía anunció la compra de Orizonia en diciembre, un negocio que arrebató en el último momento a su competidor Barceló. La compra, lejos de crear el mayor grupo español de turismo, acabó en tragedia: el visto bueno de Competencia se demoró y Orizonia, atosigada por las deudas, solicitó en preconcurso de acreedores y un expediente de regulación de empleo para despedir hasta a 3.500 empleados. Globalia, que abandonó la operación, niega ser el culpable de este derrumbe y culpa a la rigidez de la actual ley de competencia del fracaso de la operación. "Nosotros no sacamos provecho de esto. Somos otros perjudicados más", ha defendido Juan José Hidalgo, presidente del grupo propietario de la aerolínea Air Europa y de la agencia Viajes Halcón.

Hidalgo ha recordado que su compañía, tras llegar a un preacuerdo de compra con Orizonia y para proporcionarle oxígeno, inyectó más de 21 millones de euros. A cambio, ha recibido la gestión de los 11 hoteles de Luabay. "Es solo la gestión, sin propiedades. Nos hemos hecho cargo de 700 trabajadores y sus nóminas", ha apuntado, dando a entender que no cubre la totalidad del pago que hicieron. Hidalgo ha señalado que no saben si recuperarán el resto del dinero. Ha negado que vayan a comprar otras divisiones de Orizonia, tal y como se había rumoreado días atrás. "Ahora no estamos interesados en nada", ha dicho.

"Nosotros pensábamos que era una buena oportunidad", señalaba Hidalgo. Pero la operación, ha justificado, no salió adelante porque la legislación de competencia es rígida y ha impedido poder cerrar la compra en medio de un preconcurso, sin poner en riesgo su propio patrimonio.

Según la versión del presidente de Globalia y del director del departamento jurídico, Ramiro Campos, Globalia y Orizonia llegaron a un preacuerdo en diciembre y contactaron con la Comisión Nacional de la Competencia. Necesitaban la luz verde del organismo, y aseguran que le ofrecieron toda la información solicitada a tiempo. Mientras, inyectaron un adelanto de 21 millones en la empresa que iban a comprar. El acuerdo era, en total, pagar 140 millones: 60 millones este año y otros 80 millones en cinco años. Pero el acuerdo de compra solo era válido si la Comisión Nacional de la Competencia daba luz verde. Y el organismo señaló que necesitaba más tiempo para estudiar la operación. Orizonia, ahogada por las deudas, entró en preconcurso de acreedores y Globalia rompió en acuerdo de compra. "Si nos hacíamos cargo de la empresa e inyectábamos el resto del dinero, nadie nos garantizaba que después Competencia fuera a aprobar la compra. ¿Y si perdíamos los 60 millones?", ha justificado Hidalgo. Eso, dice, podría haber puesto en riesgo a su propia empresa.

Hidalgo ha llegado a reconocer que trató de conseguir de llegar a un acuerdo y que estaba dispuesto a poner el dinero si Competencia les asegurara que en el futuro daría luz verde a la operación. Una condición que, obviamente, la Comisión Nacional de la Competencia no aceptó.

Barceló, que trató hace unos meses de comprar Orizonia, ya le advirtió a Globalia que la operación no iba a ser fácil y de los riesgos que entrañaba por problemas de competencia. ¿No sopesaron bien los riesgos en Globalia? "Pensábamos que nos iban a decir que adelgazáramos alguna parte de la empresa, por cuestiones de competencia, pero no esperábamos tal dilatación", ha justificado Hidalgo. "He hablado con cuatro ministros y el presidente del Gobierno, y veían bien la operación", explicó Hidalgo, quien afirmó que el Ejecutivo ha hecho "todo lo posible para que la operación saliera adelante". Según el responsable jurídico Ramiro Campos, han cumplido sus compromisos "a rajatabla" y el "principal culpable de la situación de Orizonia es la ley", que se redactó pensando en tiempos de bonanza y no para fusiones en las que una de las empresas estaba en una situación complicada.