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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Hacia una verdadera unión europea

Si revisamos los sentimientos de los ciudadanos españoles respecto a Europa durante estos años de crisis, nos encontramos con una desafección general en contra de la ilusión y complacencia de décadas anteriores. Siempre hay excepciones, pero esta prolongada crisis, difícil de entender no tanto por su origen como por su larga duración, hace que los ciudadanos busquen la culpabilidad en las instituciones españolas y europeas. En parte tienen razón, ya que son las normas, leyes y reglamentos los que en su aplicación o no aplicación, permiten que algunas personas, individuales o jurídicas, cometan errores y desmanes que repercuten después negativamente en la actividad de las empresas y en la economía de los ciudadanos (obviamente, no de todos).

Refiriéndonos a la Unión Económica y Monetaria (UEM), recuerdo claramente los esfuerzos que se hicieron por los gobernantes españoles para conseguir cumplir los criterios que se exigían para formar parte de ella y la complacencia con la que un número elevado de estudiosos y analistas recibimos (y aquí me incluyo) la noticia de ser uno de los países creadores del euro. Es cierto que con el cambio de moneda hubo frustración al sufrir una intensa elevación de los precios. Ya algunos advertimos de que el tipo de cambio asignado en la conversión peseta-euro era muy desfavorable para España y no así para otros países como Italia. A pesar de todo, las ventajas de comerciar en la misma moneda con nuestros clientes más importantes y viajar por placer o por negocios sin tener que cambiar de moneda supuso un incentivo grande para la apertura de la economía española y su acercamiento a las de otros países europeos. La cesión de soberanía del Banco de España en materia de política monetaria nos ponía en manos más firmes y ortodoxas, aunque nos quitaba la herramienta de devaluar, práctica muy utilizada en España para solucionar las crisis, pero no muy aconsejable en el largo plazo.

Ahora nos hemos encontrado con una crisis internacional que comienza siendo financiera, se agrava con el estallido de la burbuja inmobiliaria española y termina siendo una crisis de deuda soberana en los países periféricos, provocando una falta de liquidez que ahoga a la economía productiva y eleva los tipos de interés para la deuda pública y para las empresas que necesitan financiarse. Es difícil luchar contra ella, y los instrumentos de política monetaria están en manos de las autoridades europeas. Las instituciones españolas no responden bien. Primero niegan la crisis —en teoría teníamos un sistema financiero muy sano y fuerte—, y respecto al crecimiento, no se observó más que una ligera desaceleración después de un largo periodo expansivo. La decepción posterior es enorme. Nos sumergimos en una profunda crisis económica, las empresas comienzan a debilitarse o a desaparecer, se destruye empleo con el consiguiente aumento del paro y las instituciones financieras, en especial las cajas de ahorros, comienzan a mostrar sus debilidades.

Se buscan culpables. Europa, con su rigidez monetaria y sus exigencias de ajustes, y el Gobierno español, primero del PSOE y ahora del PP, que no saben o no quieren poner los remedios necesarios que estén a su alcance. Comienzan a multiplicarse las recetas institucionales europeas y del FMI. En los primeros años hay un conflicto sobre las líneas a seguir, más de ciencia económica que de ideología política: priorizar los ajustes de déficit y deuda pública o priorizar los impulsos al crecimiento. Europa se decanta por los ajustes siguiendo las exigencias de Alemania, que ya los ha realizado mientras que EE UU, a pesar de las luchas internas entre el presidente y el Congreso y con la ayuda de la Reserva Federal, lleva a cabo algunas iniciativas para impulsar el crecimiento junto a una política monetaria expansiva.

Si revisamos los sentimientos de los españoles respecto a Europa durante estos años de crisis, nos encontramos con una desafección general

En España, los dos Gobiernos acatan las directrices europeas, aunque el PP lo hace desde el principio de su mandato con mayor diligencia, pero los partidos políticos siguen en su pelea particular y no se consigue —ni siquiera se intenta— llegar a acuerdos o pactos que permitan remar en la misma dirección. Se pierde la confianza de los mercados financieros internacionales y se pasa por un periodo peligroso. Por exigencias de Europa, y con su ayuda, se realiza una reforma del sistema financiero ya muy avanzada y se acometen otras reformas en el mercado laboral y en la liberalización de otros mercados. Pero el mayor esfuerzo está en la reducción del déficit, que había terminado muy elevado en 2012. Las recetas aplicadas son el aumento de impuestos (en contra de las promesas iniciales del PP) y la reducción del gasto público.

Pero los ciudadanos perciben que la reducción del gasto recae siempre sobre los mismos. Que sigue habiendo sectores de la población que no los sufren igual. Que los más débiles (parados, desahuciados, discapacitados, etcétera) no perciben suficientes ayudas, mientras que todavía hay instituciones improductivas y fundaciones que perciben dinero público. Las noticias de los elevados sueldos y prebendas de parte del sector privado hacen más insufrible la situación. Y todo se complica con los casos de corrupción, que sucesivamente van descubriendo actuaciones públicas y privadas que han permitido enriquecerse a personas sin escrúpulos y que han incidido negativamente en la actividad económica del país. El Gobierno no es responsable muchas veces de ello, pero sí lo es si no pone remedio con las leyes y el control necesario para evitarlo. En todo caso, el poder judicial es responsable de no actuar con rapidez y eficacia exigiendo que se restituya lo robado.

Volviendo a la UEM, también en esto se intenta un aprovechamiento político. Es fácil buscar un chivo expiatorio. Si no estuviésemos en el euro, habríamos devaluado y habríamos salvado de momento la crisis. Eso sí, sin cambiar ni reformar nada, como en tiempos de la dictadura: ni reforma financiera, ni reforma laboral, ni nada que se le parezca. Pero el problema es que, queramos o no, estamos en un mundo globalizado, y ya no valen las individualidades como antaño. Necesitamos formar parte de los mercados exteriores, y eso se hace mejor en una Unión Europea que solos. Esa es la razón por la que países más fuertes, como Alemania, se empeñan en sacar adelante la UE y la zona euro. El PP, al estar en el Gobierno, se muestra proeuropeísta, pero el PSOE, al estar en la oposición, se muestra más crítico, incluso contrario a la UEM, y se refiere a ella como una pesadilla o una dictadura de la troika. Menos mal que tienen como voces más sensatas a Javier Solana y Joaquín Almunia. Pero es solo una postura; si estuviesen en el poder, no habría peligro de ruptura con la UEM.

Pero la crisis internacional ha puesto de manifiesto las debilidades de la UEM. Uno de los propósitos explícitos en las prioridades de la UE para 2013 es avanzar hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria. Una de las dificultades para avanzar es el tener que tomar las decisiones a nivel del conjunto de la UE (27 países) cuando son medidas que solo atañen de momento a los 17 países de la UEM. En la reunión del Ecofin, celebrada en diciembre, se acordó un compromiso político firme y permanente entre los países de la zona euro para la creación de un supervisor único de las entidades financieras, la puesta en operación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que hará posible la recapitalización directa de las entidades financieras y la creación de una autoridad fiscal europea con capacidad para vetar los presupuestos de los socios. Los cambios en la UE son lentos, demasiado lentos, pero esperemos que se consiga avanzar hacia una verdadera unión que en el futuro no muy lejano se convierta en una unión política necesaria para hacer de Europa —y España como parte de ella— un área capaz de competir con las nuevas aéreas económicas emergentes.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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