Rajoy avanza que el déficit público de 2012 se queda por debajo del 7%

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció durante su intervención en el debate sobre el estado de la nación que el déficit del conjunto de las Administraciones de 2012 se quedó por debajo del 7% del PIB “en plena recesión”. El Ejecutivo ha jugado al tira y afloja con Bruselas sabedor de que acelerar los recortes agravaría aún más la recesión. La economía española retrocedió un 1,4% el año pasado.

España incumplirá el objetivo de déficit fijado por Bruselas para el año 2012. El Gobierno tenía que limitar el desfase entre gastos e ingresos presupuestarios al 6,3% del PIB. Pero el déficit estará cerca del 7%, algo ya esperado por Europa, que en los próximos días podría flexibilizar la meta para este año: un 4,5% de déficit público que se antoja inalcanzable con la economía en retroceso.

El presidente del Gobierno ha justificado, sin embargo, que ha cumplido con el objetivo acordado con la Comisión Europea porque la recesión ha sido más profunda de lo previsto y en ese escenario ha conseguido “reducir el déficit estructural primario —el que excluye el ciclo económico e intereses— en 3,5 puntos del PIB, que es un ajuste sin precedentes en la historia de la economía de España”.

La desviación presupuestaria de 2011 ascendió al 8,96% del PIB, lo que obligó al Gobierno a financiar 90.000 millones de euros y aprobar un intenso plan de consolidación fiscal (con un ajuste inicial de 16.500 millones) para calmar a Bruselas y los mercados. Entonces el objetivo de déficit era aún más exigente que el actual, el 5,3% del PIB, pero Bruselas abrió la mano en julio al ver que los recortes empeoraban la recesión y dificultaban alcanzar la meta de déficit.

“Podemos avanzar que la reducción del déficit superará los 21.000 millones de euros”, indicó el presidente. Esta cuantía dejará el déficit público en el entorno del 6,8%. Aunque la cifra no es definitiva, porque aún no está cerrado el ejercicio ya que la Intervención General del Estado está revisando las cuentas de algunas comunidades. No obstante, el año pasado el Gobierno modificó en varias ocasiones la cifra de déficit de 2011 desde el 8% que anunció inicialmente hasta el 9% en que cerró finalmente.

El ajuste presupuestario

Rajoy excluye de la cifra de déficit avanzada la parte correspondiente al rescate bancario, que supondrá más de un punto adicional que habría que sumar. Bruselas no tiene en cuenta esta cantidad adicional para el procedimiento de déficit excesivo por el que supervisa las cuentas de España al considerarla una operación aislada que se produce una sola vez.

El déficit anunciado por Rajoy confirma la cifra que venían filtrando desde el Gobierno en las últimas semanas pese a que la mayoría de centros de estudio económico privado esperaban que se desviara hasta el 7,3% del PIB.

La gran desviación respecto al objetivo inicial está en las cuentas de la Seguridad Social. El Gobierno había previsto que cerraran en equilibrio presupuestario pero el empeoramiento del mercado laboral, la rebaja de salarios y la caída de las cotizaciones han disparado el déficit de la Seguridad hasta cerca de 10.500 millones de euros, un punto adicional.

Rajoy argumentó: “Hemos bajado el déficit pese a que han aumentado sensiblemente aquellos gastos no discrecionales —sobre los que no tenemos control— como las prestaciones por desempleo y el aumento inevitable de los intereses de la deuda pública”. Lo que no explicó es que todos los servicios de estudios privados y los organismos internacionales anticiparon ese empeoramiento del mercado laboral que el Gobierno se negó a ver al elaborar los Presupuestos de 2012.

Los Ayuntamientos, cuyo tope de déficit era del 0,3%, han cerrado en equilibrio presupuestario, según avanzaron fuentes de Hacienda el pasado lunes. Este margen compensará la desviación que tendrán las comunidades autónomas, que se desviarán unas décimas de su objetivo de déficit, en el 1,5% del PIB.

Rajoy asegura en su intervención que en 2011 había empresas del Ibex que tributaban al 0%

Para acercar el resultado final a lo que le pedía Bruselas, el Gobierno aprobó el año pasado drásticas subidas en los tres grandes impuestos, IRPF, IVA y sociedades. El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, reprochó a Rajoy que ese incremento de la presión fiscal fomentaba la desigualdad. Para el contraataque, el presidente del Gobierno optó por destacar que “más de la mitad del aumento de la recaudación por estas nuevas medidas viene del impuesto de sociedades”. Y remachó con una de las frases más llamativas de su intervención: “Cuando llegué al Gobierno, había empresas del Ibex que pagaban el 0%”, en alusión al tipo efectivo del impuesto de sociedades. “Con ustedes, las grandes empresas no pagaban impuestos”, le echó en cara a Rubalcaba. Preguntado al respecto, el Ministerio de Hacienda no ofreció datos que sustenten esa afirmación.

En su primer año de legislatura, el Gobierno del PP ha rectificado buena parte del generoso esquema de deducciones al que podían acogerse las grandes empresas al calcular cuánto debían pagar por sus beneficios, lo que les permitía pagar mucho menos que el 30% que marca en teoría el tipo del impuesto de sociedades. Ayer, Rajoy reabrió la puerta de los beneficios fiscales en este impuesto, aunque de forma selectiva: se permitirá a empresas que facturen menos de 10 millones una deducción del 10% en la cuota íntegra de los beneficios, si se reinvierten en la actividad económica. Rajoy destacó además que “por primera vez” se permitirá a las compañías beneficiarse de la deducción por inversiones en I+D incluso “cuando se producen pérdidas”. En este caso, la deducción se transformará en una ayuda pública, siempre que la empresa no destruya empleo.

El impuesto de sociedades se utilizará también para favorecer la creación de nuevas empresas al reducirse al 15% el tipo al que tributarán en “los dos primeros ejercicios en los que obtengan resultados positivos”. En el caso de los autónomos, eso se traducirá en una reducción del 20% en sus rendimientos netos.

El jefe del Ejecutivo volvió a poner sobre la mesa una de las promesas de su programa electoral: la posibilidad para que autónomos y pymes aplacen el pago del IVA a Hacienda hasta cobrar la factura. Se trata de una medida que mejorará la tesorería de los pequeños empresarios, los que facturen menos de dos millones, cuando entre en vigor en enero de 2014. Es uno de los clásicos anuncios de este Gobierno, que la ha repetido en varias ocasiones pero que, hasta ahora, había retrasado por las dificultades económicas.