“No sé si cobraré el mes que viene”

“El horizonte ahora mismo es si cobraré el mes que viene. He cobrado enero, vamos a ver si cobro febrero; es lo máximo a lo que puedo aspirar”. Tras más de veinte años de experiencia laboral, Carlos Elías, de 43 años, sufre una pérdida de poder adquisitivo del 5% a causa del descuelgue salarial acordado el pasado 20 de diciembre entre su empresa, Sepsa —del grupo Albatros, especializada en el mantenimiento y reparación de equipamiento ferroviario—, y los representantes sindicales.

El descuelgue es la figura jurídica a la que la empresa se puede acoger para no estar obligada a aplicar los incrementos salariales pactados en el convenio colectivo por encontrarse en una grave situación económica. Si, por ejemplo, un convenio de sector fija un salario medio para los trabajadores de 1.300 euros mensuales y la empresa lo considera excesivo y pretende implantar un sueldo inferior, antes de la última reforma laboral del Gobierno del Partido Popular la empresa y los representantes de los trabajadores tenían que seguir una serie de pasos. El acuerdo para reducir el salario tenía que ajustarse a lo que estableciera el convenio del sector, que regulaba los mecanismos del descuelgue. Además, se fijaban elementos objetivos muy concretos para considerar si se podía o no llevar a cabo esa rebaja salarial. En el nuevo acuerdo la comisión paritaria se reservaba la posibilidad de emitir un informe vinculante.

La nueva legislación permite a la empresa alcanzar directamente un acuerdo con los representantes de los trabajadores. La única razón que tiene que argumentar es que la aplicación del aumento recogido en el convenio colectivo podría dañar la situación o las perspectivas de la empresa, es decir, ni siquiera tiene que acreditar un daño actual. En la práctica, es muy difícil que un órgano judicial anule un acuerdo así porque las perspectivas de la empresa no precisan de una prueba concluyente, y se basan en una mera conjetura que en muy pocos casos se puede descartar.

"La empresa afirma haber salvado 30 empleos con el descuelgue"

Este marco encaja como un guante en el caso de Sepsa. José María Navia Osorio, director de recursos humanos de la compañía, confirma que los motivos argüidos por la empresa para llevar adelante el descuelgue fueron la disminución de ventas y las pérdidas. A la pregunta de a cuánto ascienden las pérdidas de la empresa en 2012, Osorio responde que no puede dar esos datos “porque están siendo auditados”.

Con el descuelgue, Sepsa pretende “mejorar la tesorería de la compañía, porque los bancos no están prestando dinero”, explica Navia. La empresa argumenta que la reducción salarial ha permitido evitar despidos, “aproximadamente 30, de un total de 400 trabajadores”.

A las pérdidas ocasionadas por el descuelgue llevado a cabo por la empresa, Carlos Elías ha de añadir las ocasionadas por la suspensión de las dos pagas extraordinarias de 2012. “Estamos ingresando mensualmente una sexta parte de las extras del año pasado; de momento están cumpliendo”.

No obstante, Carlos no tiene duda de que “la incertidumbre es total, no te puedes plantear gastos a medio plazo. Lo único prioritario es sobrevivir”.