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BOLIVIA ESPAÑA

Fiscal registra la filial de Abertis y Aena por denuncia de daños al Estado

Fotografía tomada el pasado 17 de enero en la que  se registró al ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, quien expresó a la cancillería boliviana el malestar de su Gobierno por las expropiaciones de filiales de REE e Iberdrola. EFE/Archivo
Fotografía tomada el pasado 17 de enero en la que se registró al ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, quien expresó a la cancillería boliviana el malestar de su Gobierno por las expropiaciones de filiales de REE e Iberdrola. EFE/ArchivoEFE

Un fiscal boliviano registró hoy la sede en La Paz de la empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA), filial de las españolas Abertis y Aena, para investigar una denuncia sobre un supuesto incumplimiento de contrato y daños al Estado.

El fiscal Aldo Ortiz dijo a Efe que, junto con un policía y un investigador, registró la oficina de Sabsa en el aeropuerto de la ciudad de El Alto, que sirve también a La Paz, para obtener una copia magnética con información contable del 2011 y el 2012.

Según el fiscal, procedió de esa forma porque Sabsa no le entregó esa información, pese a que se le había solicitado para investigar la denuncia presentada formalmente por Hugo Alfredo Chávez, Remberto Quiroz y Boris Terceros, del sindicato de trabajadores de Sabsa.

Sabsa está bajo el control de Abertis y Aena desde el año 2004, hasta cuando estuvo en manos de la TBI británica que en 1999 absorbió a la estadounidense Airport Group International, la firma que originalmente se adjudicó el control de los aeropuertos en 1997.

Ortiz agregó que también se tomaron fotografías y se hizo una grabación de vídeo sobre el lugar donde están los libros contables y que no se precintaron las oficinas de la empresa que sigue trabajando con normalidad en el aeropuerto de El Alto.

"Nuestra intención no es perjudicar ninguna operación sino realizar los actos de investigación enmarcados en el Código Penal y la ley del Ministerio Público", declaró el fiscal a Efe.

La filial de las españolas también administra los aeropuertos de las ciudades de Cochabamba (centro) y de Santa Cruz (oriente) que, junto con la terminal de El Alto, son las más grandes de Bolivia.

El fiscal, que también pedirá información contable a esas oficinas regionales, anunció que en los próximos días será citado a declarar el gerente general de Sabsa, Anthony Alicastro, cuyos abogados se presentaron hoy en la fiscalía de La Paz.

Efe intentó contactar con Alicastro, sin éxito.

En la investigación sobre el supuesto incumplimiento de contrato, que está en su etapa inicial, ya han declarado otros funcionarios de Sabsa, cuyos nombres no fueron revelados por Ortiz.

El registro de la oficina se produce en medio de una polémica sobre las peticiones de algunos sectores del sindicato y del partido del presidente Evo Morales para la nacionalización de Sabsa.

El diputado oficialista Edwin Tupa, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), declaró hoy a radio Fides que debe nacionalizarse el control de los aeropuertos de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz porque, a su juicio, generan ingresos millonarios que no se han invertido en la mejora de las instalaciones.

El Gobierno de Morales no se ha pronunciado con claridad sobre esas demandas de nacionalización y algunas autoridades han señalado en los últimos días escuetamente que no hay ninguna decisión tomada, pero que no está descartada ninguna opción.

Desde 2006, Morales expropió filiales de una veintena de empresas extranjeras de los sectores petrolero, eléctrico, minero, cementero y en las telecomunicaciones, parte de las cuales han presentado demandas de arbitraje y juicios en tribunales internacionales.

En mayo del año pasado expropió la Transportadora de Electricidad (TDE), filial de la española Red Eléctrica (REE), y en diciembre cuatro subsidiarias de Iberdrola.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, expresó hoy en Madrid a su homólogo boliviano, David Choquehuanca, el malestar del Gobierno de España por las expropiaciones de filiales de REE e Iberdrola y su preocupación ante posibles futuras acciones contra empresas españolas.

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