Metrovacesa aprueba poner fin a más de medio siglo de cotización en Bolsa
Santander, Banesto, BBVA, Banco Sabadell y Banco Popular, controlan la compañía

La inmobiliaria Metrovacesa dejará de cotizar después de que hoy sus accionistas hayan aprobado una opa de exclusión presentada por los bancos Santander, BBVA, Sabadell y Popular, y presentasen su capital, para controlar el 100 % de la compañía, según ha comunicado hoy la empresa. Ahora comienza el periodo en el que las entidades elaborarán y presentarán el folleto informativo de la opa ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que, una vez aprobado y publicado, comience la etapa de aceptaciones y, posteriormente, de liquidación, que dará como resultado la exclusión de Metrovacesa de cotización.
La inmobiliaria también ha ratificado el nombramiento de Ignacio Moreno como consejero nombrado por cooptación durante 2012 y que asumió la presidencia de Metrovacesa en octubre, tras la dimisión de Vitalino Nafría, quien ejerció en el cargo desde 2009.
La opa de exclusión está valorada en unos 99,2 millones de euros, dado que los seis bancos que actualmente controlan el 95,5% de la inmobiliaria ofrecerán 2,28 euros por cada acción de la empresa que aún se negocia en el mercado. Con la operación, los bancos que controlan la empresa buscan ahorrar los costes que supone mantener una empresa cotizando y evitar la penalización del mercado a las compañías del sector.
"El reducido porcentaje de capital flotante (el número de acciones que es negociado en bolsa y no está controlado por accionistas de modo estable) de la empresa y su consecuente escaso volumen de negociación, unidos a la actual crisis económica, que afecta especialmente en España a las sociedades expuestas al negocio inmobiliario, han afectado negativamente al precio de cotización de las acciones de Metrovacesa", indica el informe del consejo de la inmobiliaria sobre la operación que presentará a la junta.
Así, el consejo de la inmobiliaria estima que por criterios de "economía y eficacia" la exclusión de cotización se "justifica y es razonable en la medida que supone la simplificación de su funcionamiento y permitirá ahorrar los costes directos e indirectos".
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