“La patente unitaria choca con la Constitución”

Cuando el pasado día 11 de diciembre el Parlamento Europeo votó mayoritariamente a favor de crear un sistema único de patentes europeo (patente unitaria), parecía que, tras años de estudios, análisis y discusiones en busca de una postura consensuada, el complicado panorama de la protección industrial europea contaría con una nueva y eficaz herramienta. Pero la realidad es más complicada.

“Aunque el nuevo régimen de patentes cubre a todas las naciones de la Unión Europea, el acuerdo no fue ratificado unánimemente. España e Italia votaron en contra, postura que se ha valorado con escaso rigor”, afirma Alejandro Klecker, director general de Clarke, Modet & Co., el mayor grupo de propiedad industrial e intelectual en los países de habla hispana. “Resulta muy atractivo hablar de impulsar la competitividad e innovación, reducir la burocracia para los inventores, situar los costes de patente en línea con países como EEUU, Japón, etcétera, pero los analistas no entran en las razones por las que España e Italia —100 millones de habitantes en conjunto y un 22% de la población del continente— no aceptaron el acuerdo, oponiéndose a limitar el número de idiomas a utilizar al inglés, francés y alemán”.

Pregunta. Da la impresión de que la reacción hispano-italiana no ha sido explicada claramente, achacándola en algunos casos a “orgullos nacionales heridos”.

Respuesta. De eso nada. Al adoptar la patente unitaria, surgen claras contradicciones que nos perjudican abiertamente. Esta iniciativa exige que el Tribunal de Patente Unitaria esté centralizado, lo que choca con el principio de territorialidad de la Constitución Española. Un ciudadano español que litigase con patentes unitarias debería acudir a un tribunal europeo para resolver sus problemas, incidencias, reclamos, etcétera, exigiéndosele traducir toda la documentación del español a alguno de esos tres idiomas. Así, nos enfrentaríamos a una ruptura de norma jurídica en España, ya que habría un documento con validez jurídica que incluiría la explotación en exclusiva en España de una patente durante 20 años. De modo que en España tendríamos una patente, un documento legal vigente en alemán, francés o inglés, pero concebido en el Estado español.

No es una cuestión de orgullos nacionales heridos; se trata de una ruptura jurídica"

P. ¿Cuál será la repercusión en las pymes?

R. No se sabe el tiempo —y no hablo de costes monetarios— que puede llevar la traducción de miles de patentes. Si tenemos en cuenta el número de patentes que se hacen al cabo del año, resulta una cantidad casi terrorífica. Cuando una pyme tenga que cerciorarse de no violar ningún derecho de patente a la hora de presentar una nueva solicitud, solo tendrá acceso a dicha información en alemán, francés o inglés, lo que supone una pérdida de información tecnológica para estas empresas, además de un coste adicional.

P. Es decir, que el idioma español contará poco. ¿Otras repercusiones?

R. La marca comunitaria se puede hacer en español, y cada país, en su idioma, ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). Se dice que el inglés es el idioma de la comunidad científica internacional. ¿No puede serlo también el español? Tenemos centenares de universidades latinoamericanas, existe una comunidad científica latinoamericana, hay grandes universidades con patentes a nivel mundial, como el Tecnológico de Monterrey y la UNAM, ambas de México, la Universidad Católica de Chile… Perder el español ahí es perder el poco peso que tengamos en las comunidades científicas. El régimen lingüístico de la UE se basa en el principio de multilingüismo y en la regla de la unanimidad para determinar su regulación. Así, la competitividad y la innovación se deben basar en la no discriminación por razón de idioma, ya que con ello perjudica el mercado interior y la cohesión económica, social y territorial. Parece un poco inaudito que Francia haya conseguido mantener su idioma, cuando carece de un acervo cultural como el de España en América Latina. El Instituto Cervantes dice que entre el 3% y el 7% del PIB se deriva precisamente del idioma español: de los miles de universitarios, los miles de libros, los miles de cursos de español que hay en todos los sitios, ya que es el idioma hablado en más países después del inglés. El tribunal de primera instancia, presidido por un francés, estará en París, al igual que la cámara encargada de las patentes sobre electricidad, telecomunicaciones y obras públicas. La cámara con competencias sobre patentes de mecánica general se situará en Múnich —el 30% de los litigios esperados—, y la de medicamentos y biotecnologías, en Londres —el 30% de los litigios—. Finalmente, Luxemburgo será la sede del tribunal de apelación de las patentes. Una estructura que comenzará a funcionar, como pronto, en 2014.

Si se pierde el idioma español como lengua de procedimiento la transferencia de tecnología quedará afectada"

P. ¿Cuáles cree usted que serán los efectos de esta discriminación?

R. Las patentes como fuente de información tecnológica permiten conocer el estado de la técnica, resolver problemas concretos, no duplicar investigaciones, detectar nuevas tecnologías, nuevos usos tecnológicos, sin olvidar localización de posibles socios. Hay una base de datos con un millón de patentes que facilita la vida a toda la comunidad científica española y latinoamericana. Al perder el idioma español como lengua de procedimiento, también se vería afectada la transferencia de tecnología. Nada digamos de realización de búsquedas, vigilancias a través de los bancos de datos de oficinas de patentes latinoamericanas en español y su influencia en el mundo universitario latinoamericano, ya que las patentes y su difusión generan nuevos desarrollos e inventos.

P. Pero si un alemán presenta su patente en español, esta traducción le valdrá para todo el mundo de habla hispana...

R. Así es. El español es el único idioma reconocido en España por todas las oficinas de patentes y marcas del continente latinoamericano, ya que entre ellos no se reconocen muchas de las traducciones. El alemán, francés o inglés que presenta sus patentes en español sabe que esta traducción le vale para 14 países de habla hispana.

P. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

R. Por una falta de política seria de I+D. En España, este tipo de política se fija de abajo hacia arriba. Dependiendo del nivel de presión que hagan los centros públicos o la universidad, los políticos optan por una vía o por otra, se supone que son los que diseñan las políticas públicas y que es la Administración quien las ejecuta. Al revés que en otros países. Es la Administración o los centros públicos de investigación, con funcionarios o contratados laborales públicos, quienes defiende sus intereses, lo que a la larga atenta contra una política de I+D+i.