La troika entra en la supervisión bancaria

La Comisión Europea, el BCE y el FMI examinarán el informe del Banco de España sobre la inspección de entidades financieras en dos semanas

Miguel Ángel Fernandez Ordóñez, a la izquierda, junto a Miguel Blesa en una conferencia en 2006.
Miguel Ángel Fernandez Ordóñez, a la izquierda, junto a Miguel Blesa en una conferencia en 2006.ULY MARTÍN / EL PAÍS

Tras la tormenta, aún no ha llegado la calma al Banco de España. Han sido demasiados acontecimientos convulsos en poco más de una semana. La publicación del informe de la Asociación de Inspectores del Banco de España denunciando que “la forma habitual de reacción ante los indicios de delito” en la crisis de las cajas “es mirar hacia otro lado”, ha caído como una bomba en una institución que tiene la discreción como norma de vida. Los inspectores, que con este disparo se convirtieron en acusadores y acusados, según fuentes consultadas, también afirmaron que la cúpula supervisora alteraba sus informes.

La tensión obligó a mover ficha al organismo dirigido por Luis Linde. La reacción fue adelantar la presentación del informe sobre los nuevos procedimientos supervisores en el que se daba un vuelco al modelo actual. En el documento se recogieron parte de las reivindicaciones de los inspectores, como que se reforzara la supervisión sobre todas las entidades (a partir de ahora todas contarán con funcionarios empotrados para que el control sea más férreo) y también que consten las discrepancias en los informes. Otras se dejaron de lado, como reconocerles con una categoría profesional similar a la de los inspectores de Hacienda, que era una de las peticiones más relevantes.

El documento del Banco de España, que estaba terminado desde octubre, se hizo público para acallar la polémica —surgida tras la publicación en este periódico del contenido de esos informes— pese a que todavía no ha terminado su proceso. Precisamente queda uno de los pasos más importantes, pasar el examen de los verdaderos controladores, la troika, que está compuesta por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE).

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En un par de semanas, el Banco de España espera la visita de los representantes de la troika, que vendrán para pedir aclaraciones y realizar aportaciones al informe sobre las reformas de la supervisión, según confirmaron fuentes oficiales. Dentro de las modificaciones, probablemente se endurecerán algunos aspectos.

La troika lleva más de dos meses trabajando con el informe que realizó Ángel Luis López Roa, consejero del Banco de España a propuesta del PP. De hecho, en la primera página del informe se recuerda: “Se está produciendo en Europa un cambio importante del marco de supervisión (...) y en consecuencia, los procedimientos del Banco de España tendrán que ir adaptándose a esta nueva situación”.

El supervisor sacó el informe para acallar las acusaciones de los inspectores

En el organismo supervisor se espera que las modificaciones de las autoridades internacionales estén relacionadas con las líneas generales de lo que será la supervisión bancaria europea. El objetivo sería que el acople de la normativa española a la europea resulte lo más fácil posible, aunque es una misión difícil por la falta de concreción de las futuras medidas de la UE.

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Una de las lecciones de esta crisis ha sido que el secretismo y la costumbre de maniobrar en silencio ha sido negativo para el sistema financiero. Apoyándose en la lógica discreción con que todo supervisor maneja la información confidencial de las entidades financieras (los depósitos huyen con facilidad y los accionistas también), el Banco de España ha negociado y tomado todo tipo de decisiones en la crisis sin apenas control. Y con escaso éxito.

Un responsable de un banco central extranjero, que pide el anonimato, considera que “el control externo, la transparencia y la toma de decisiones apoyadas exclusivamente en informes escritos, son claves para evitar los problemas vividos en el supervisor español”.

Este ejecutivo aconseja, tanto para el BCE como para el Banco de España, la doctrina de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esta institución hace público un resumen de las discusiones de la comisión ejecutiva tres semanas después de la reunión y transcribe todas las intervenciones a los tres años. Mario Draghi, gobernador del BCE, se somete a una rueda de prensa mensual. En España el control es solo a través de las comparecencias parlamentarias.

“La transparencia siempre ayuda y en España es inexistente. No hay un modelo de supervisión porque muchos reguladores de países desarrollados han cometido fallos en la crisis. Un buen ejemplo es México, donde la información pública es tan detallada y frecuente que es difícil tapar los problemas”, comenta un analista internacional.

La troika apoya la apertura del Banco de España y le ha recomendado, como ya recoge el informe de supervisión, que cuelgue en la página web la atribución de responsabilidades de la inspección, del seguimiento continuado de los empotrados, así un análisis del modelo de supervisión, que incluya "el procedimiento de las actuaciones".

“El acople con las futuras normas europeas es un problema evidente y una crítica que se puede hacer a la reciente reforma del Banco de España. Sin embargo, hay que admitir que la desconfianza internacional y el rescate bancario hacían ineludibles estos cambios”, apunta Jordi Palafox, catedrático del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.

Está previsto que la normativa europea sobre supervisión bancaria común entre en vigor a comienzos de 2014, pero son muchos los que creen que sufrirá retrasos.

Las sugerencias de la troika se seguirán con máxima atención, sobre todo por su enorme capacidad de mando tras el rescate bancario español. No hay que olvidar que la elaboración del informe del Banco de España era una condición impuesta en el Memorándum de Entendimiento (MoU) de ese rescate. Tras prestar casi 40.000 millones para el saneamiento de la banca española, la troika obligó al supervisor a “una revisión interna formal” de los métodos seguidos “a fin de detectar deficiencias e introducir las mejoras precisas”.

Sea cual fuere el final del este informe, ha provocado heridas en la relación entre la dirección del organismo supervisor con los inspectores, así como dentro de esta asociación profesional. El autor del informe, López Roa, envió a los inspectores un cuestionario para que reflejaran las mejoras que se debían realizar en la supervisión. Fue un gesto de acercamiento para acabar con un enfrentamiento histórico.

La Asociación de Inspectores, que representa al 80% de este colectivo, devolvió el cuestionario cumplimentado y añadió un informe que recogía 30 puntos con reivindicaciones históricas, de mayor o menor calado.

A la cúpula supervisora le ha dolido que se conozca el documento de los inspectores porque se redactó a petición suya. Los responsables del Banco de España creen que la publicación de las reclamaciones ha sido un desprestigio para la institución, sobre todo ante las autoridades europeas, ahora que buscan colaboradores para formar equipos de supervisión en Fráncfort.

Sin embargo, como dicen los economistas, “cualquier crisis financiera es un fracaso del supervisor”, lo que indica que los problemas de credibilidad del Banco de España vienen de atrás, con la caída de dos terceras partes de las cajas de ahorros.

Algunos expertos creen que la fiscalía debe analizar la actuación de Ordóñez

En su conjunto, el informe transmitía la impresión de que la supervisión había sido acomodaticia con la gran banca (se citaba “el secuestro del supervisor”) y laxa con las cajas. También se afirmaba que se modificaban sus informes “de modo que el documento de los inspectores no figura entre los documentos de los que dispone la Comisión Ejecutiva”.

Pero el punto de mayor fricción fue el último: “La forma habitual de reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado”. La Asociación agregó que “en el trabajo de la inspección aparece con relativa frecuencia indicios de conductas que pudiera ser delictivas”. Los inspectores admiten que como su labor principal es la detección de problemas de solvencia y de gestión de las entidades financieras, y por “la dificultad de probar conductas complejas”, “no se trabaja activamente en la persecución del delito. Basta con preguntar el número de comunicaciones de delitos realizados desde el Banco de España hacia el poder judicial”.

La reacción de la Fiscalía General del Estado fue anunciar que iba a pedir información al Banco de España sobre el informe de la Asociación de Inspectores para “constatar si hay delito”. El fiscal general del Estado,Eduardo Torres-Dulce, aseveró que si de los informes del Banco de España se dedujera una actividad delictiva, “se actuaría en consecuencia”, aunque recalcó que las prácticas que reflejan los inspectores pueden ser solo “conductas reprobables pero sin incidencia en el Código Penal. Se pedirá la información al Banco de España para corroborar la información periodística porque afecta de forma grave a las instituciones”. Hasta el momento, el Banco de España no ha recibido ninguna petición de la Fiscalía, pero fuentes del organismo aseguraron que remitirán los documentos que le soliciten.

“El control y la transparencia del supervisor es clave”,dice un analista

Miguel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, pidió a los inspectores, a través de una carta publicada en este periódico, que si tenían información sobre algún caso en el que se haya “mirado para otro lado”, deben dar “traslado a la Fiscalía”.

Manuel Romero, director del Sector Financiero de la Escuela de Negocios IE, comenta que “será difícil demostrar que se cometieron delitos, pero está claro que no se ha cumplido la regulación. Me parece muy importante que haya dicho la Fiscalía que va a intervenir”. Lo mismo opina Jordi Palafox: “Esta crítica de los inspectores debería resolverse en los tribunales de Justicia”. Algunos ejecutivos financieros, que piden el anonimato, recuerdan el caso del Banco de Valencia, “que ya se ha llevado a los tribunales y donde las acusaciones del FROB sobre la dirección anterior ponen los pelos de punta por su enorme gravedad”.

Una vez publicado el documento de los inspectores, comenzaron las fuertes discusiones en este colectivo porque la mayoría de los casi 400 empleados desconocía su contenido y sus graves términos. La crítica más generalizada se ha centrado en acusaciones de no perseguir los indicios de delito, que se considera de enorme gravedad “porque se realiza sin pruebas y porque se puede volver en nuestra contra”, afirma un inspector.

Los responsables de la Asociación (que también han elaborado un borrador de decreto ley sobre la regulación de su labor profesional) justificaron que el documento no se hubiera difundido a los miembros por ser confidencial. También aclararon que el informe contenía las respuestas consensuadas por los diferentes participantes en el cuestionario y rechazaron que el documento hubiera sido utilizado para perjudicar la imagen del Banco de España.

Romero, del IE, considera que nadie puede discutir la calidad y profesionalidad de los inspectores y considera que “su labor no ha sido, ni de lejos, la razón de la crisis del sistema, sino más bien la actitud de los responsables de la supervisión”.

La prueba de que existieron duros informes de la inspección se ha comprobado con las filtraciones del sumario del caso Bankia. Allí aparecieron documentos (sin firmar) en los que, desde 2007, se denunciaba que la delicada situación de Caja Madrid, presidida por Miguel Blesa. Incluso se afirmó que la entidad concedía préstamos a clientes sin capacidad de pago. También denunciaron irregularidades cuando la gestión estuvo bajo la responsabilidad de Rodrigo Rato, sobre todo por la no calificación de los riesgos como morosos.

Curiosamente, los informes de la inspección se volvieron optimistas en marzo de 2011, un trimestre antes de la salida a Bolsa, que ahora investiga el juez. En esa fecha se dijo que tras los saneamientos realizados contra reservas, Bankia podía “afrontar el deterioro de los activos crediticios e inmobiliarios (...) nuestra opinión es que están bien cubiertos los dos próximos años”. Todos los poderes públicos apoyaron la salida al parqué de Bankia. La cuestión ahora es si el Banco de España se excedió en su colaboración.

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