La reforma laboral de Italia pone en peligro miles de empleos

"El último día del año no lo pases solo". Con esta invitación, el sindicato italiano Nidil-Cgil lanza la alarma sobre el riesgo para centenas de miles de trabajadores precarios de perder su empleo a finales de este mes, ante la entrada en vigor en 2013 de la reforma laboral puesta en marcha por la ministra de Empleo, Elsa Fornero, que endurece las condiciones de aplicación de los contratos de obra y servicio. El sindicato calcula que entre un 60% y un 70% de los 700.000 trabajadores que se rigen por este tipo de relación laboral está a punto de sumarse a los 2,9 millones de parados, el máximo histórico registrado en octubre. 

El organismo sindical, que se ocupa de los contratos de trabajo atípicos, alerta del inminente peligro tanto para el sector público, como para el privado. La secretaria general, Filomena Trizio, teme que el cambio de normativa abra la puerta a que las empresas prefieran no renovar su relación laboral con los precarios o se dirijan hacia contratos que "tutelen aún menos" al trabajador, que podría verse cargado con la totalidad de la cotización en la Seguridad Social.

La ministra Fornero, quien derramó sus lágrimas al anunciar una serie de medidas de ajuste muy drásticas, "ha impulsado un proyecto cuya idea de base consiste en fomentar los aspectos positivos de la flexibilidad laboral", explica Trizio, "aunque no se hayan eliminado los tipos de contratos que menos tutelan a los trabajadores, ni impulsa la creación de empleo estable". La nueva normativa prevé que los contratos de colaboración "tienen que contestar a proyectos reales, no pueden utilizarse para cubrir puestos estructurales", recuerda la representante del sindicato.

El año pasado, se registraron en Italia 1.464.950 contratos precarios (por obra y servicio o colaboración), según los últimos datos disponibles de la Seguridad Social. Esta cifra tiene en cuenta también a los que suscribieron un único contrato. Esta categoría es la más vulnerable, de acuerdo con el sindicato, ya que no puede beneficiarse de la prórroga de seis meses prevista para los trabajadores de la pública administración con un contrato a tiempo determinado, cuyo contrato caduca en diciembre y que podrán mantener su puesto hasta el próximo verano.