Portillo gana la partida a Colonial en los tribunales

La Audiencia Provincial de Madrid (sección 28) ha desestimado el recurso de apelación presentado por Inmobiliaria Colonial contra Luis Portillo Muñoz y Mariano Miguel Velasco. La empresa interpuso demanda en la que ejercitaba la acción social de responsabilidad y solicitaba que se declarase a ambos responsables de los daños causados a la entidad entre marzo de 2007 y marzo de 2008 por la adquisición de acciones propias, “incumpliendo los deberes de diligente administración”, y les reclamaba la suma de 331 millones de euros como indemnización más intereses. El Consejo de Administración de Colonial también interpuso otras dos acciones de responsabilidad derivadas del mismo acuerdo, ya que además de las operaciones de autocartera (motivo de esta sentencia), se acordó exigir responsabilidad por la adquisición de Riofisa y unas supuestas aportaciones no dinerarias encubiertas.

La Audiencia considera que el acuerdo del que nacieron las tres acciones de responsabilidad era defectuoso por no determinar los administradores responsables, no especificar la conducta antijurídica y por hacer una referencia genérica a los daños derivados de los tres hechos sin concreción alguna en el daño y la cuantía. Esta sentencia de la Sección 28 puede tener una influencia determinante en los dos otros pleitos, que aún están en primera instancia, ya que las tres acciones se acordaron en una misma junta general y tienen su base en el acuerdo único criticado por la Audiencia.

En el caso resuelto por la sentencia de la Sección 28 los hechos se remontan a la compra de Colonial por Inmocaral, la empresa de Portillo, en 2006, y la posterior fusión de ambas en 2007. Mariano Miguel era la mano derecha de Portillo y cuando este dimitió de presidente a finales de 2007 le sustituyó en el cargo. Según la demanda, en el periodo comprendido entre marzo de 2007 y marzo de 2008 se realizaron operaciones sobre acciones propias que, si bien respetaron los límites de autocartera del 5%, se hicieron de forma imprudente. Según los demandantes, esta serie de operaciones colocaron a la empresa en riesgo de vencimiento anticipado del citado préstamo.

Inmocaral había iniciado un proceso de expansión tras lanzar una OPA en 2006 sobre Colonial (3.513 millones), realizar otra OPA sobre su filial francesa SFL (245 millones) y adquirir el grupo Riofisa (2.000 millones) y el 15% de FCC (1.534 millones). La operación de Colonial se hizo mediante una ampliación de capital por 2.687 millones y un préstamo puente suscrito con Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland y Eurohypo por 2.200 millones garantizado con las acciones de Colonial que se adquirieran, elevando la deuda a 9.000 millones.

El sector inmobiliario vivía entonces una etapa de gloria; pero al poco tiempo comenzaron a torcerse las cosas. Como consecuencia, las pérdidas de Colonial se dispararon. El 27 de junio, Mariano Miguel dimitió de sus cargos de presidente y consejero delegado. En septiembre alcanzó un acuerdo de restructuración de la deuda que dio lugar a la desinversión de las adquisiciones mencionadas. Según la demanda, las pérdidas derivadas de la autocartera fueron 320,5 millones.

Portillo, que alegó en su defensa que Colonial dejó pasar el mes que tenía para reclamar, explicó que hubo tres etapas en el accionariado. La primera, tras la absorción de Colonial por Inmocaral, en la que Portillo alcanzó el 38,38%. La segunda, en la que compraron más acciones endeudándose. Portillo se vio obligado a hacer una dación del 24,58% y un grupo de bancos españoles constituyeron un sindicato de accionistas hasta al 23,85%. Fue cuando, el 30 de junio de 2009, se acordó en junta la acción social de responsabilidad civil, a la que según Portillo esas entidades se vieron obligadas por la presión de los acreedores extranjeros. La tercera etapa es cuando los acreedores tomaron el control de Colonial: Commerzbank, Goldman Sachs, Crédit Agricole, Royal Bank of Scotland, La Caixa y Banco Popular. Según Portillo, todos estaban al corriente de su gestión, formaban parte del consejo de administración y habían financiado tanto a él como a Colonial. Es decir, a su juicio, “si la actuación del demandado fuera ilícita y ruinosa también los bancos financiadores ahora disfrazados de accionistas habrían actuado equivocadamente y no deberían haber financiado a la sociedad”.

Portillo dijo que autorizó las operaciones de autocartera para dar liquidez y no por especulación, aunque el resultado no fue el esperado. Y que, cuando se venden esas acciones, ya no era administrador. También subrayó que las mismas sociedades que le han demandado fueron las que autorizaron las operaciones, al igual que las compras de autocartera y financiaron la expansión. Tampoco pusieron reparos las auditorias, añade Portillo, que rebatió que los gastos financieros fueran superiores a las pérdidas. Según el empresario andaluz, la autocartera era para retribuir a empelados y para dar liquidez al valor. Asimismo, alega que la caída de la cotización que hundió a la empresa era inesperada; pero que no hubo imprudencia ni actuación irracional. “Se asumió un riesgo medido y controlado, pero con resultados imprevisibles”, concluye