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Las preferentes y subordinadas de las cajas rescatadas pierden 12.000 millones

El dinero público inyectado en la banca española roza los 55.000 millones

Bruselas aprueba la reestructuración de cuatro grupos de entidades más

El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia
El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia

“Es difícil de explicar”, suele comenzar diciendo el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, cuando le preguntan por qué hay que inyectar en la banca el dinero público que haga falta mientras se recorta en todo —absolutamente todo— lo demás. Almunia presentó este jueves en Bruselas, coincidiendo con la esperada comparecencia en los juzgados del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, el penúltimo capítulo relativo a las dificultades del sector financiero: cuatro grupos de cajas (Liberbank, Caja3, BMN y Ceiss) necesitan 1.865 millones de euros adicionales del rescate europeo a cambio de una dura reestructuración. El comisario, además, dejó dos cifras que resumen a la perfección la pequeña historia de esta fenomenal crisis financiera en su versión española. Una: el coste que asumen los contribuyentes españoles y europeos, casi 55.000 millones por ahora. Y dos: la factura para quienes invirtieron o se metieron sin saber exactamente qué hacían en preferentes, subordinadas y demás títulos agrupados bajo la eufemística denominación de capital híbrido, que asciende a 12.000 millones más.

La cuantía de la quita para quien tenga preferentes la fijará el Gobierno

Y sí, es difícil de explicar, pero al cabo la banca es el sistema circulatorio de la economía y sin sanear el sector la salida de la crisis es complicadísima, según los manuales al uso en Bruselas y en Madrid: España cargó con ese fardo mientras pudo (el Gobierno se gastó 13.000 millones) y el rescate europeo ha hecho el resto: con la operación de este jueves suma 41.300 millones, a cambio de duras condiciones tanto para el sector financiero como para el contribuyente de a pie, sometido desde hace meses a un reguero de recortes, subidas fiscales y demás cortesías de la crisis. En total, esos casi 55.000 millones que pasan a engrosar la deuda pública española.

Esa cifra no es más elevada porque Bruselas y el Gobierno han acordado que los accionistas, titulares de preferentes, deuda subordinada y otros instrumentos de capital híbrido de las cajas rescatadas contribuyan a su reestructuración asumiendo unas pérdidas totales de 12.000 millones, según los datos que avanzó este jueves la Comisión. Con ese quebranto para los poseedores de las controvertidas preferentes y demás —al igual que con la venta de activos, las ampliaciones de capital o las transferencias de activos perjudicados al banco malo, que suman 6.000 millones adicionales—, Bruselas persigue una de sus obsesiones: reducir al máximo la cuenta para los contribuyentes.

“La banca deja de ser un obstáculo”

Con esos casi 55.000 millones procedentes del rescate europeo y de las primeras inyecciones que efectuó el Gobierno español, junto con el alivio que para las entidades supondrán las pérdidas que deben asumir los titulares de preferentes, la banca española “está ya adecuadamente capitalizada para soportar el peor de los escenarios adversos”, dijo Joaquín Almunia en una larga y jugosa comparecencia ante los medios. La salida de la crisis, en fin, debería ser la siguiente estación: “Se han sentado las bases para que el sector deje de ser un obstáculo para la recuperación; a partir de ahora debería ser el instrumento adecuado para la salida de la crisis”.

El problema es que esa salida ni siquiera se vislumbra. La mayoría de los analistas internacionales cree que la banca española puede necesitar aún más dinero si el paro y la morosidad siguen subiendo a la misma velocidad que se profundiza la recesión. Y los últimos datos indican que el crédito está congelado, tanto por la falta de demanda —con el consumo hundido— como por falta de oferta, con las entidades obligadas a adelgazar tras unos años de empacho de ladrillo y crecimiento desaforado: dos tercios de los activos del sector en España están ligados al sector inmobiliario.

Según fuentes del Banco de España, el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) garantiza que Bankia estará “suficientemente capitalizada” el 31 de diciembre, “si no es con capital, con otro instrumento que se pueda transformar en capital”. Además, el FROB venderá Catalunya Caixa y NCG Banco cuando haya circunstancias “apropiadas” en el mercado.

Los inversores en esos productos tendrán que aceptar fuertes quitas, que se irán en algunos casos por encima del 50%. Almunia se negó a dar la cuantía definitiva —“eso le corresponde al Gobierno”—, pero dejó clara la filosofía al respecto: “En el caso español hay titulares de preferentes y de otros productos que, por decirlo suavemente, fueron engañados; pensaban que eran productos seguros y ahora se encuentran con que tiene que sufrir un fuerte descuento”. Explicó que habrá fórmulas para compensar a las víctimas de esos abusos o engaños, básicamente la vía legal o los arbitrajes. Pero no dinero público: “Esas compensaciones no deben ser sufragadas por los bolsillos de los contribuyentes estonios, eslovacos, holandeses o belgas”, cerró. En plata: el Ejecutivo no puede recurrir al rescate europeo para taponar esa vía de agua, que le puede dar problemas en la calle.

Junto a las grandes cifras que resumen las malas noticias relacionadas con la banca, Bruselas aprobó también duras reestructuraciones para cuatro grupos de cajas: Liberbank, BMN, Caja3 y Ceiss. Esas cuatro entidades, junto con las cuatro ya nacionalizadas —capitaneadas por Bankia— son un compendio de todos los males que aquejan al sector. El tamaño de su balance aumentó a toda prisa, con préstamos a empresas y familias pero sobre todo al sector inmobiliario, a constructores y promotores, financiados con depósitos hasta que la velocidad que se requería para hinchar la burbuja obligó a acudir a los mercados mayoristas, lo que las deja expuestas a problemas de refinanciación. En sus órganos de gobierno había claros vínculos “entre la esfera política y la gestión”, en palabras de Almunia. Ahora, la necesidad de fondos públicos lo cambia todo: la Comisión aprobó una profunda reestructuración que obliga a Caja3 (fruto de la fusión de cajas aragonesas, de Burgos y Badajoz) a dejar de existir como entidad independiente al ser absorbida por Ibercaja. Ceiss se venderá (Caja España y Duero están en pleno proceso de fusión con Unicaja) y BMN y Liberbank cotizarán en Bolsa en un plazo de cinco años. En todos los casos se exigen fuertes recortes del balance —más despidos y cierre de oficinas— y se les obliga a replegarse a sus regiones de origen, a abandonar el negocio con promotores, a vender filiales y a aplicar los citados recortes a los titulares de preferentes y subordinadas. A cambio, BMN recibirá 730 millones; Ceiss, 604 millones; Caja3, 407 millones, y Liberbank obtendrá 124 millones.

En julio, el sistema financiero “estaba lastrado por la incertidumbre derivada de las potenciales pérdidas de los bancos por su exposición a la burbuja”, afirmó Almunia. Esa incertidumbre se va disipando: finalmente, ocho entidades han precisado en torno a 39.000 millones, muy por debajo de los 57.000 que se esperaban tras la auditoría de Oliver Wyman. Y aun así las cifras son mareantes, “demasiado elevadas”, insistió este jueves hasta en dos ocasiones Almunia; por números de ese calibre los expertos aseguran que el sector financiero, y no solo el español, tiende a privatizar los beneficios y a socializar las pérdidas. Los analistas apuntan también a otros motivos para explicar tanto la crisis financiera internacional como sus particularidades españolas: las puertas giratorias que existen entre política y banca. Tres de los últimos cuatro ministros de Economía, por ejemplo, tienen vínculos con el sector. Rato presidió Bankia; Pedro Solbes es asesor de Barclays, y Luis de Guindos fue consejero de BMN y presidente de la filial ibérica de Lehman Brothers.