Cataluña independiente: la insuperable restricción financiera

El actual debate sobre el papel de Cataluña en España dura ya 140 años. Ni siquiera es nueva la deriva independentista. Los catalanes han querido siempre influir decisivamente en la política económica española y siempre lo han conseguido. La tesis doctoral de Joan Palomas, El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans, ilustra con todo detalle cómo lo hicieron hombres de la talla de Víctor Balaguer i Cirera o Manuel Duran i Bas en el periodo 1876-1885, cuando se ventilaban en España cuestiones económicas tan importantes para Cataluña como la política arancelaria o la legislación sobre las colonias antillanas. Ahora continúan siendo cuestiones económicas las que están sobre el tapete y, muy en particular, las consecuencias de una eventual independencia sobre su balanza comercial, el posible boicot a los productos catalanes y si un Gobierno catalán soberano podría diseñar un marco institucional más apto para el desarrollo económico que el actualmente existente en España. Inexplicablemente, sin embargo, no se discuten las consecuencias que esta independencia tendría sobre la financiación de la economía catalana, en mi opinión la cuestión más importante en la situación actual.

Los primeros modelos neoclásicos de crecimiento económico regional, asociados al modelo de Solow (1956), pronosticaban que en una economía con libertad de movimientos de los factores de producción tendría lugar una convergencia regional en renta por habitante, debido a que las regiones con rentas relativamente bajas tenderían a atraer capitales y a expulsar población. De ello se derivaba, obviamente, que las regiones más atrasadas de España se irían aproximando a las más adelantadas, Cataluña entre ellas, pero sin que ello significara que estas fueran a salir perdiendo, dado que el crecimiento económico no es un juego de suma cero en términos regionales. Esta misma filosofía fue la que inspiró la política regional europea, aunque para acelerar el crecimiento de las regiones europeas más atrasadas se diseñaran instrumentos específicos de desarrollo regional.

La persistencia de divergencias regionales más allá de lo previsto en estos modelos obligó a introducir en ellos una serie de factores que no habían sido tenidos inicialmente en cuenta, tales como los obstáculos institucionales a las posibles respuestas de movimientos de factores ante cambios en sus respectivos precios, el papel del capital público y humano en la evolución de las productividades, las restricciones al acceso a determinadas tecnologías y, últimamente, los flujos financieros entre territorios, que numerosos estudios empíricos han demostrado que tienen mucha más importancia de la que se les había venido atribuyendo hasta ahora.

El primero en advertir la extraordinaria influencia de este último factor en el crecimiento de determinadas regiones españolas fue Cuadrado Roura, quien en 1976 elaboró un índice elemental de créditos / depósitos del conjunto de las entidades de depósito para todas las regiones españolas, poniendo de manifiesto que existía una clara correlación positiva entre este índice y el nivel de desarrollo económico regional. La razón de este comportamiento era entonces muy clara: mediante la exigencia de coeficientes obligatorios de inversión a las cajas de ahorros, los depósitos de las regiones más pobres se iban a las regiones más ricas, donde tenían sus sedes y sus instalaciones las grandes empresas beneficiarias de estos fondos. Después, la progresiva eliminación de estos coeficientes obligatorios a partir del inicio de la liberalización del sistema financiero español en 1977, no acabó, sin embargo, con esta tendencia, como hubiera cabido esperar. El efecto sede de las entidades financieras, su vinculación accionarial con las grandes empresas del país y otros factores relacionados con las dificultades de despegue de las regiones más pobres fueron en este caso las razones explicativas.

Hubo que esperar a que las cajas de ahorros y las cajas rurales, la mayor parte de ellas de carácter regional, llegaran a representar algo más de la mitad del volumen de negocio de las entidades de depósito españolas, y a que el nuevo Estado de las autonomías ofreciera nuevas oportunidades a las economías de las regiones más atrasadas, para que esta tendencia comenzara a invertirse. Sin embargo, hay un factor que no debe desconocerse en este proceso y que no sabemos bien cómo va a afectar al futuro de los flujos financieros entre las regiones españolas. Me refiero a la fuerte presencia en toda España de La Caixa, que representa aproximadamente una cuarta parte del balance de las cajas españolas. Si hasta ahora esta entidad está siendo vista como una verdadera caja de ahorro y como un banco de proximidad por andaluces, extremeños, castellanos o canarios, no sabemos cómo va a ser percibida en el futuro si llegara a convertirse en una entidad extranjera en España, un país donde nunca han conseguido tener éxito los bancos extranjeros.

En términos económicos, [los andaluces] no entendemos lo que está sucediendo allí

Unos datos muestran claramente cuál viene siendo el comportamiento de la financiación bancaria y de la relación depósitos / créditos en Cataluña en los últimos años. Si, a 30 de junio de 2012, los depósitos de sectores residentes en Cataluña representaban el 16,17% del total nacional de las entidades de depósito de España y los créditos el 19,34%, con una relación depósitos / créditos del 55%, esto significa que el 45% de la financiación bancaria de Cataluña procede del resto de España y, en menor medida, de la financiación mayorista del exterior, lo que representa aproximadamente unos 150.000 millones de euros, algo más del 75% del PIB regional. La cifra es realmente preocupante, y no solo por el amplio uso de recursos financieros bancarios procedentes de otras regiones españolas que actualmente hace Cataluña, captados en gran parte por entidades financieras domiciliadas allí, sino por el riesgo país que ello significaría en caso de independencia.

Hay otros aspectos de la financiación no menos importantes, que arrojarían todos ellos resultados inviables: los mercados de capitales nacionales, en los que por su mayor densidad empresarial Cataluña tiene un claro saldo positivo; la propia financiación de las entidades de depósito en el Banco Central Europeo, con garantía de títulos listados; la pérdida del mecanismo de financiación estatal del MEDE en sus distintas variedades o incluso la recepción de los fondos europeos del presupuesto comunitario, de los que Cataluña habrá recibido 10.392 millones de euros entre 1989 y 2013. También, cómo no considerar igualmente el impacto negativo en su balanza financiera por los casi 52.000 millones de euros que las empresas extranjeras han invertido en Cataluña por su valor añadido, merced entre otros a la plataforma de distribución en el mercado común con el resto de España, rota tras la independencia. Y finalmente, no obviar la débil situación financiera de partida, al tener a su entidad de mayor integración local con una necesidad de recapitalización pública de 11 millardos de euros y unos mercados externos cerrados para su financiación, como lo refleja el fracaso de los bonos patrióticos.

La financiación de Cataluña por tanto constituye un hándicap insuperable como para llegar a plantearse siquiera otras posibles ventajas económicas derivadas de su independencia. Esto no tiene directamente que ver con su balanza comercial, ni con un eventual boicot a los servicios de entidades financieras catalanas en España, ni con la posibilidad de construir un nuevo marco institucional, que no podría ser muy distinto al común de la Unión Europea. Se trata de algo aún más importante, de la restricción financiera exterior de su economía, imposible de resolver a medio plazo si prescindiera de su actual esquema de financiación, muy estrechamente relacionado con los recursos financieros del resto de España.

En el último medio siglo, todas las regiones españolas han tenido una estrecha relación con Cataluña, a la que muchas de ellas han enviado generosamente capitales y trabajadores. En este tiempo, los andaluces, en particular, hemos aprendido mucho de nuestro declive económico, y de nosotros mismos, gracias a catalanes extraordinarios como Miquel Siguán, Jordi Nadal o Alfonso C. Comín. Ahora, en términos estrictamente económicos, no entendemos lo que está ocurriendo allí. Si se tratara solo de sentimientos, debería plantearse así, y puede que lo entendiéramos mejor.

Manuel Martín Rodríguez es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada y miembro de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía.