El juez rechaza la querella de UPyD contra cuatro exdirectivos de Bankia

El juez Fernando Andreu, que investiga la presunta estafa cometida en Bankia, ha rechazado la imputación de cuatro exconsejeros de dicha entidad (Virgilio Zapatero, Álvaro Ulloa, Claudio Aguirre y Juan Martín), a los que UPYD había solicitado incluir en el colectivo de exdirectivos objeto de su querella. La razón aducida por el magistrado es que aunque figuraban en el Consejo de Administración de Bankia cuando se produjo la salida a Bolsa de la entidad, el 20 de julio de 2011, llevaban en ese Consejo “un periodo inferior, en el mejor de los casos, a 20 días”. Por ello entiende que no procede someterlos al proceso penal en curso contra los ex miembros de la cúpula del nacionalizado banco al no existir una base de “imputación racional”.

El juez razona que “sin perjuicio de que a lo largo de la tramitación de la presente causa se vaya perfilando la intervención de cada uno de los querellados en los hechos denunciados, lo cierto es que los hasta ahora quince querellados formaron parte del consejo de administración durante el periodo de comisión de los hechos denunciados, por lo que su posible participación en los mismos cabe suponerla de forma indiciaria, mientras que las personas contra las que ahora se dirige la acción penal apenas tuvieron tiempo de tomar posesión de sus cargos para cuando se produce la culminación de los hechos denunciados, mediante la salida a Bolsa de Bankia, por lo que a la fecha de su toma de posesión las presuntas falsedades ya se habrían cometido, los créditos supuestamente improcedentes ya estarían concedidos y las cuentas anuales ya habían sido manipuladas y, desde luego, aprobadas”. El colectivo ahora exculpado se incorporó al consejo de administración de Bankia entre el 30 de junio y el 7 de julio de 2011.

Por otro lado, el juez ha solicitado al Banco de España que le adscriba dos inspectores de entidades de crédito para ser utilizados como peritos en el análisis de la ingente documentación recibida. El magistrado informa al resto de partes en la causa  de que pueden solicitar el nombramiento de perito de parte, a su costa, y da diez días a todos ellos y a la Fiscalía para que expongan "aquellos extremos en que consideren necesario practicar en la prueba pericial por los técnicos que se designen".