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La troika aplaude la reestructuración financiera pero el FMI pide más

La UE y el BCE afirma que las reformas ligadas al rescate financiero avanzan a "buen ritmo"

El Fondo señala que en la banca "es necesario evitar nuevas fusiones que no generen valor"

La directora del FMI, Christine Lagarde.
La directora del FMI, Christine Lagarde. EFE

Aún no ha llegado ni un euro, ni un solo euro del rescate a la banca española solicitado en junio, pero la Troika ya tiene lista su primera evaluación. Es favorable: las reformas ligadas al rescate “avanzan a buen ritmo”, según los comunicados de la Comisión, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las cosas van relativamente bien, aunque con la troika siempre hay un pero al acecho. El FMI aprovechó su posición de asesor técnico en el rescate a España, que le da cierta libertad de acción, para dar un par de consejos que suenan a admoniciones. Uno: reclamó “liquidar los bancos no viables tan pronto como sea posible” y “evitar nuevas fusiones que no generen valor”. Y dos: explicó que el banco malo (en el que se aparcarán los abundantes activos tóxicos del sistema financiero español) puede arrancar el próximo 1 de diciembre, según los plazos previstos, pero solo “si se pone mucho empeño” en ello.

Con la inestimable ayuda del BCE, España parece haber evitado lo peor, un potencial accidente en uno de sus bancos, un segundo caso Bankia; y sin embargo ahí sigue esa sensación de interinidad, de no acabar de despejar incertidumbres, y la constatación de que las sucesivas reformas del Gobierno nunca han conseguido —ni de lejos— acercarse a su objetivo: un sistema financiero capaz de sostener la recuperación o al menos no agravar la recesión a causa de la sequía del crédito, que sigue tocado y hundido.

Los inspectores de la troika han visitado España para evaluar el programa de reestructuración. Los expertos explican que las condiciones “han mejorado desde el inicio del programa; los problemas de financiación se han reducido”. Algunas entidades, como el Santander, han podido incluso volver al mercado a buscar financiación. Sin embargo, “los desafíos siguen siendo importantes y requieren una acción política decisiva”, concluye el comunicado con el clásico tono rimbombante de estos casos.

El menú de desafíos que cita la troika es variado y potencialmente indigesto. El plato principal es el banco malo, el mecanismo sobre el que pivota buena parte del rescate financiero de hasta 100.000 millones. Bruselas considera que hay acuerdo sobre su diseño y funcionamiento. Pero el FMI vaticina que será difícil que esté listo en el plazo fijado. Básicamente, según fuentes europeas, porque hay diferencias sobre un par de variables básicas: la definición de activos tóxicos (Bruselas quiere incluir créditos más allá del ladrillo), y el precio al que se valoran. La troika quiere valoraciones bajas (un recorte de entre el 7% y el 12% respecto a los escenarios de estrés) para que el banco malo empiece a cruzar transacciones inmediatamente y consiga desatascar el mercado. El Gobierno apunta que si la valoración es demasiado pesimista puede llevarse por delante a otras entidades y perjudicar a todo el sector.

El FMI añade la importancia de asegurar estructuras de incentivos “adecuadas” para garantizar la independencia tanto del banco malo como de las entidades nacionalizadas. En plata: evitar el intrusismo de la Administración, con medidas políticas que impidan un saneamiento rápido, un corte seco en la parte gangrenada, como pretende la troika.

Entre Bruselas y Madrid hay fricciones por la profundidad de la reestructuración de las entidades que han recibido dinero público. La Troika aprieta las tuercas con ventas de activos y despidos; el Gobierno quiere minimizar el impacto de esas medidas. Por último, está por ver qué entidades se liquidarán (y a qué velocidad, tal como señala el FMI). Se trata de cerrar los bancos cuyo saneamiento sea excesivamente gravoso para el contribuyente. En todas las quinielas figura el Banco de Valencia. En algunas, NovaCaixa y Catalunya Caixa, aunque el coste político de esos cierres los convierte en improbables.