Batiendo tristes records

Haber superado una tasa de paro del 25% en la EPA del tercer trimestre de 2012, la más alta de la democracia, refleja que la disfuncionalidad del mercado de trabajo en España está muy lejos de corregirse. Desde el tercer trimestre de 2007, cuando la ocupación alcanzó su nivel máximo (20.5 millones de ocupados), 3,2 millones de trabajadores han perdido su puesto de trabajo, de los cuales, 0,67, 1,98 y 0,55 millones corresponden a trabajadores con contratos indefinidos, temporales y autónomos, respectivamente. Como la población activa aumentó en casi 800.000 personas durante dicho período, el número de parados lo ha hecho en 4 millones. Con una predicción de consenso para 2013 de una caída en la ocupación superior al 3,5%, solo una reducción de la población activa mucho más intensa de la que está teniendo lugar desde 2011 impedirá que la tasa de paro supere el 27% durante el próximo año.

La lectura inmediata de los recientes datos de la EPA pone de manifiesto que la nueva reforma laboral (Ley 3/2012) está teniendo efectos indeseables. El objetivo primordial de dicha reforma era fomentar la flexibilidad interna (ajustes salariales y de jornada de trabajo) durante una grave recesión mediante la amenaza de una mayor flexibilidad externa (reducción en los costes de despido). Para ello, las principales medidas adoptadas otorgaban un mayor poder de negociación a los empresarios en detrimento de los sindicatos. En principio, dichas medidas tenían el potencial de facilitar la flexibilidad salarial tan necesaria para evitar que, como en anteriores recesiones, la única vía de ajuste fuera vía despidos masivos, especialmente concentrados en los colectivos con contratos precarios.

Abaratar el despido en recesión aumenta la demanda de despidos de las empresas

Sin embargo, como era previsible, abaratar el precio del despido cuando todavía estamos inmersos en segunda fase de la Gran Recesión, supone indefectiblemente aumentar la demanda de despidos por parte de las empresas. La consecuencia inmediata, agudizada por el fuerte endeudamiento de empresas y familias y la sequía del crédito, no podría ser otra que un rápido aumento de la tasa de destrucción de empleo, algo que se viene observando desde el segundo trimestre de 2012. Solo en el futuro, cuando se aclaren las incertidumbres que asolan a la economía española, el menor coste de despido aumentará fuertemente la tasa de creación de empleo. El problema es que la llegada del “mañana” puede retrasarse en exceso, disparando la tensión social hasta ahora bastante contenida por el apoyo familiar.

Entre otras medidas, este impacto negativo podría haberse evitado suprimiendo la insoportable dualidad de nuestro mercado laboral mediante la introducción de un contrato indefinido único (de igualdad de oportunidades) con indemnizaciones que crecen gradualmente con la antigüedad laboral hasta un máximo, al tiempo que se eliminan buena parte de los contratos temporales. Existen versiones de este contrato que se adaptan a nuestras normas constitucionales pese a las reticencias de nuestras autoridades laborales y agentes sociales. No sería nada extraño que, entre las nuevas condiciones impuestas por un próximo rescate, se incluyeran medidas de este tipo en una nueva reforma laboral más equilibrada y ambiciosa que esta última. Se trata de curar, de una vez por todas, la insoportable enfermedad de nuestro injusto y disfuncional mercado de trabajo.

Juan J. Dolado es catedrático de Economía, Universidad Carlos III de Madrid