Siguen las protestas en Colón y el Gobierno espera a los gremios para dialogar

Adultos e incluso algunos menores de edad lanzaron piedras y palos contra los agentes policiales, que dispersaron con gases lacrimógenos al grupo que pretendía bloquear la calle 16 de Colón, según testigos presenciales.

Paralelamente, una comisión gubernamental de alto nivel llegó a la ciudad de Colón con la intención de dialogar con sectores que rechazan esa ley, aunque los gremios promotores de las protestas advirtieron ayer que solo se sentarían después de que el Ejecutivo derogara la norma.

El ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, declaró esta mañana a periodistas que el Ejecutivo del presidente panameño, Ricardo Martinelli, cree "firmemente en el diálogo", y pidió que ese proceso se entablara entre las partes en conflicto "sin pre-condiciones".

"Si hay que regresar mañana pues regresaremos mañana (...) hay que devolver el orden" a Colón, dijo por su parte el alcalde de la ciudad, Dámaso García.

García aseguró a RPC radio que las "pérdidas económicas son incalculables" tras siete días de manifestaciones y desórdenes en Colón, donde, según dijo, han comenzado a escasear los alimentos.

Las calles de Colón, la puerta en el Atlántico del Canal de Panamá y sede de la Zona Libre más importante del continente, aparecían casi desiertas la mañana de este martes, en la segunda jornada de un paro de 48 horas prorrogable convocado por la Cámara de Comercio y al que se sumó en las últimas horas el transporte de carga.

Gremios como el de educación y el transporte evaluaban este martes la posibilidad de declarar una huelga general en apoyo a los colonenses.

Los desórdenes que comenzaron el viernes pasado han dejado un menor de 10 años muerto de un balazo, manifestantes y policías heridos de bala, y varias decenas de detenidos.

La ciudad de Colón, ubicada a unos 80 kilómetros de la capital panameña, ha sido escenario de manifestaciones de protesta, pero también de vandalismo por parte de personas que han saqueado varios comercios y destruido propiedad privada y pública.

Los sectores que se oponen a la privatización de la Zona Libre de Colón y que han pedido derogar la ley alegan la pérdida patrimonial del Estado y un supuesto clientelismo por parte del Ejecutivo.

El Ejecutivo dice que la ley permitirá a la región recabar jugosos fondos para su desarrollo, y ha aclarado que ningún usuario de la Zona Libre está obligado a comprar el terreno que usa y que podrá mantener el arrendamiento actual, aunque con un canon más alto.