La industria se apresta a combatir los nuevos impuestos a la electricidad

La panoplia de nuevos impuestos aprobada por el Gobierno para taponar el déficit tarifario eléctrico (24.000 millones de euros) está provocando algo poco común: la formación de un frente entre diferentes sectores industriales (del papel a la cerámica, pasando por la siderurgia) para tratar de modificar lo aprobado durante la tramitación del proyecto de ley del denominado Proyecto de Ley de Medidas de Sostenibilidad del Sector Energético. Según lo anunciado, y si no se modifica el plan, en enero habrá un impuesto general del 6% para todas las empresas productoras de electricidad, un canon (22%) a las centrales hidráulicas, impuestos a la producción y almacenamiento de residuos nucleares, fin de exenciones fiscales a los combustibles fósiles que se queman para generar electricidad y un nuevo impuesto de 2,79 céntimos por metro cúbico al gas natural. Dos de esas medidas especialmente: el impuesto general del 6% y el recargo al gas natural (el mal llamado céntimo verde) son las que incomodan a la industria. la razón es simple: numerosas instalaciones industriales utilizan el gas para su funcionamiento y además, en los últimos años han apostado por instalaciones de cogeneración (que utilizan el combustible para producir y aprovechar a la vez electricidad y calor).

Las cuentas que los productores industriales-cogeneradores van a presentar a Industria para defender su postura contraria al "impuestazo", según lo denominan son las siguientes: por el impuesto del 6% a la generación, impacto negativo de  205 millones al año; por el céntimo verde al gas natural, 198 millones y por el fin del impuesto cero del fuel para electricidad, cinco millones más. Más de 400 millones al año.

Alertan de que se pueden perder hasta 65.000 empleos

Entre las asociaciones, que esta misma semana han mantenido contactos, corren datos en forma de argumentario. Los principales son: los costes de producción se dispararán porque la factura eléctrica se encarecerá entre el 8% y el 12%; la cogeneración sufrirá cierres y como representa el 15% del producto interior bruto (PIB) industrial, se perderán 65.000 empleos. Además, en sectores concretos, se van a manejar cifras espectaculares. Por ejemplo en el sector azulejero, volcado en la exportación tras la crisis inmobiliaria. Según los datos que manejan las empresas, el aumento de 30 millones de euros anuales en la factura energética del sector se comerá sus beneficios, que son de 32 millones al año.

Para redondear el argumentario, las empresas sostienen que la menor actividad industrial y el menor empleo provocarán una reducción de los ingresos fiscales del Estado y de los ingresos de la Seguridad Social que podrían llegar a anular el aumento de la recaudación que persigue el Ministerio de Industria con los nuevos impuestos aprobados.

Como en otras muchas ocasiones, los críticos con las medidas aprobadas por el Gobierno examinan la legislación comunitaria con lupa para encontrar palancas con las que remover las decisiones incómodas. Y en este sentido sostienen que las Directivas europeas defienden que la generación eléctrica con gas no debería estar gravada por el nuevo impuesto.