Toxo no descarta una nueva huelga general ante una situación “muy lesiva”
El secretario general de CC OO acusa a los Presupuestos para 2013 de ser "tramposos"
El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, no descarta una nueva convocatoria de huelga general si el Gobierno no corrige sus políticas, ya que considera que la situación está siendo "muy lesiva" para los españoles.
En una entrevista a RNE, el líder sindical ha dicho que la "llave" para no convocar un paro general en España la tiene el Gobierno y ha asegurado que "hay que explorar otras vías" para afrontar la crisis de manera distinta.
A pesar de creer que la Unión Europea y el Ejecutivo de Mariano Rajoy "están preparando las condiciones para se haga inevitable el rescate y sea asumido por la ciudadanía", Toxo ha dicho que "un rescate como el de Grecia, Portugal o Irlanda, no debería producirse nunca, jamás" y ha abogado por un nuevo Plan Marshall que ayude a la economía a crecer. Por lo contrario, advierte, "las deudas de Grecia, España, Italia, Portugal o incluso de Francia serán imparables y el daño a la economía y el empleo será peor".
Unos Presupuestos "tramposos"
El secretario de CC OO ha lamentado que los Presupuestos Generales para 2013, que ha calificado de "tramposos", para "esconder" parte de los objetivos de la Seguridad Social particularmente en lo que se refiere a la actualización de las pensiones conforme al IPC de este año, y ha criticado que descienda el gasto en prestaciones de desempleo (-6,3%), pese al incremento del paro.
Toxo también ha lamentado la reducción del 20% a las subvenciones a los sindicatos, que se suma al 33% que ya se efectuó en 2012. El sindicalista asegura que los recortes se traducirán en unos 25 salarios menos dentro de su organización.
El secretario también ha hecho un llamamiento al diálogo social y al Pacto de Toledo para no tener que acudir al Fondo de la Seguridad Social para pagar las pensiones y considera que si hubiera una separación completa de las fuentes de financiación se podrían utilizar hasta 6.000 millones de euros que actualmente se cargan a cotizaciones sociales que deberían ser financiadas con los impuestos.
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