Consejo extraordinario del Popular para estudiar una ampliación de capital

El banco ha hecho saber en varias ocasiones que está determinado a asegurar su independencia recabando estos recursos por sus propios medios, sin ayuda pública.

La principal propuesta que tienen los consejeros sobre la mesa es aprobar una ampliación de capital de entre 1.500 y 2.000 millones de euros, en tanto que el resto del dinero podría ser recabado con venta de activos.

Ya en mayo, la entidad que preside Angel Ron anunció que ponía a la venta el 51 % de su filial de internet, que tiene ficha bancaria, con la intención de recoger unas plusvalías de 2.000 millones de euros, una operación que no se ha concretado y que los analistas califican de muy ambiciosa, dada la coyuntura actual.

La entidad -que está embarcada en un proceso de fusión con el banco Pastor- también ha declarado en el pasado su intención de vender su negocio de tarjetas.

A falta de que se concreten estos planes, el banco Popular debe acometer de inmediato una ambiciosa ampliación de capital para reforzar su estructura y evitar que el mercado le infrinja un duro castigo tras los resultados del test de estrés.

A diferencia de otros bancos, el Popular se distingue por la alta representatividad de su consejo de administración, donde se sienta el más del 40 % por ciento del capital.

De ahí la importancia de que hoy se apruebe la ampliación de capital, porque será el núcleo duro del accionariado del banco el que tendrá que desembolsar la mayor parte del dinero que se necesita.

Entre los accionistas destaca la aseguradora Allianz, que detenta el 9 % del capital, seguido del presidente del grupo Amorim, Americo Ferreira de Amorim, que representa al 6,7 %.

Si hoy se llegara a un acuerdo, es probable que se comunique al mercado antes de la apertura de las bolsas mañana lunes.

Además, deberá presentarlo al Banco de España y al Ministerio de Economía para que dé su aprobación antes del 15 de octubre.

El visto bueno de las autoridades es muy importante, porque si se decide que el Popular no es capaz de levantar los recursos por sí solo, podría ser obligado a recibir ayuda pública mediante la emisión de bonos contingentes convertibles (CoCos, en el argot financiero), que serían adquiridos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Llegado este extremo, el banco tendría de plazo hasta junio de 2013 para recomprarlos, y acabar así con la ayuda pública. De lo contrario, los cocos se convertirían en acciones, y por tanto el FROB en accionista, lo que implicaría la nacionalización de la entidad.

En un comunicado emitido el pasado viernes tras conocer el dictamen de la consultora Oliver Wyman, el Popular dejó claro su intención de evitar recibir ayudas públicas, con el argumento de que tenía "capacidad suficiente" para cubrir sus necesidades con sus propios recursos.

También recordaba que su política ha sido "siempre la de no solicitar ayudas públicas y sí generar los recursos necesarios a través de la retención de beneficios y la aportación de capital de sus accionistas".

Esta política, decía el banco en el comunicado, se mantiene sin cambios, por lo que descartaba recurrir a inyecciones de capital público "en ningún caso".