La reforma sin forma

Tras meses de debate, de anuncios, de presiones, de filtraciones y enfrentamientos sonados entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Hacienda, el Gobierno ha intervenido en el mercado energético para aprobar un proyecto de ley de medidas fiscales que queda muy lejos de representar una verdadera reforma de un sector fundamental para la economía del país. Con el plan de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenibilidad Energética, el Ejecutivo, no obstante, ha conseguido algo poco habitual: disgustar a todos los afectados por las medidas, sin excepciones —lo que Industria interpreta como una prueba de lo equilibrado de la medida—, y poner también de acuerdo a todos los agentes a la hora de adelantar quién pagará el coste de lo anunciado. Y no hay sorpresas. Lo pagarán los consumidores.

Por partes. Para comprender toda la agitación creada, primero hay que saber qué es lo que ha aprobado el Gobierno y por qué. Es simple. El proyecto contempla media docena de nuevos impuestos, teóricamente dirigidos a las empresas que operan en el sector, tanto tradicionales como del sector de renovables, para recaudar en torno a 3.000 millones de euros y taponar el gran problema que corroe al sistema: un déficit acumulado en la última década de 24.000 millones de euros que es resultado de la diferencia entre los costes que se reconocen a las empresas eléctricas por producir electricidad y las tarifas que pagan la mayor parte de los 25 millones de usuarios.

Industria interpreta el rechazo general como una prueba de equilibrio

Con la ayuda del Tesoro —una cesión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro—, que asumirá vía amortizaciones e intereses 2.100 millones de la carga que supone la deuda ya acumulada, Industria ha diseñado un plan (“tormenta fiscal” lo califican en el sector) para evitar que, al menos en el corto plazo —léase 2013—, el déficit eléctrico siga creciendo exponencialmente. Por ley, el déficit de 2013 tiene que ser cero.

Así, si aprueba lo anunciado, en enero habrá un impuesto general del 6% para todas las empresas productoras de electricidad, un canon (22%) a las centrales hidráulicas, impuestos a la producción y almacenamiento de residuos nucleares, fin de exenciones fiscales a los combustibles fósiles que se queman para generar electricidad y un nuevo impuesto de 2,79 céntimos por metro cúbico al gas natural. Todas las medidas se añaden al mordisco que Industria dio en marzo, vía decreto, a los costes reconocidos a las empresas eléctricas (940 millones) junto con la moratoria a la extensión de nueva capacidad renovable.

La “tormenta fiscal” aprobada la semana pasada tiene poco que ver con el plan inicial de Industria. En julio, el ministerio contemplaba distintos impuestos según tecnologías (11% eólica y hasta 19% fotovoltaica), además de una tasa general del 4%. Y nada que ver con una verdadera reforma energética. “Es una oportunidad perdida”, se lamenta el presidente de la asociación patronal Unesa, Eduardo Montes, que aboga por más mano dura en el recorte de las primas a las renovables (camino de los 7.000 millones de euros anuales), a las que culpa del aumento del déficit tarifario.

El presidente de la poderosa patronal eléctrica, que agrupa, entre otras, a las dos empresas más afectadas por las medidas del Gobierno, Endesa (coste estimado por los nuevos impuestos de 287 millones en el beneficio bruto) e Iberdrola (520 millones), tiene razón en lo de la oportunidad perdida. Porque el sistema necesita una reforma en profundidad. Para comprenderlo, basta con mirar los datos de la agencia de estadística Eurostat. Entre 2006 y 2011, el precio de la electricidad para los consumidores domésticos españoles, según Eurostat, excluidos los impuestos, aumentó un 69,9%, mientras en la UE (27 países) creció un 19,9%, y en el área euro, un 13,1%.

Se podría pensar, quizá, que con esa subida de precios del 70% en cinco años, muy por encima de la inflación acumulada en el mismo periodo (12,3%), se podrían haber ajustado ingresos y costes del sistema para sujetar el déficit. Pues no. Lejos de ello, la diferencia entre los ingresos de las empresas y los costes que se les reconocen no ha dejado de crecer. Así pues, como ha admitido el mismo ministro de Industria, José Manuel Soria, hay tarea —mucha— por hacer.

Si uno puede imaginar el sector energético como un espacio delimitado por cuatro lados, estos podrían ser una dependencia de las importaciones del 80%, precios de la electricidad entre los más elevados de Europa, el déficit de 24.000 millones que convierte a España en un país único en el mundo (informe de PwC) y un sistema tarifario que provoca el mayor número de quejas de los usuarios tras los servicios de telecomunicaciones. Un sistema tan achacoso que hasta la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha decidido abrir una investigación para determinar si las facturas de la luz están solo hechas para ser cobradas en lugar de para ser entendidas. Y un sistema tan cuarteado que, esta misma semana, la Comisión Nacional de la Energía (CNE), siempre cuidadosa a la hora de la crítica, se ha visto obligada a reconocer que “en los mercados minoristas de gas y electricidad se registra un grado elevado de descontento de los consumidores, mayor para el sector eléctrico”.

Los problemas persisten

Pues bien, ninguno de los cuatro lados que forman ese espacio imaginario desaparece con las medidas impositivas anunciadas. Los problemas persisten. Y la confusión. Así lo destaca Javier García Breva, exdiputado socialista, exdirector del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE, 2004-2005) y presidente de la Fundación Renovables. “El proyecto”, sostiene García Breva, “se apoya en la defensa medioambiental, pero el articulado del texto no alude para nada a cuestiones como la dependencia de los combustibles fósiles, la intensidad energética o las emisiones de gases de efecto invernadero”. “El medio ambiente” asegura, “es una mera disculpa para recaudar”.

Las empresas eléctricas piensan lo mismo: la verdadera reforma queda, una vez más, pendiente. Y eso significa que Unesa seguirá dando la batalla con una idea central: el proyecto impositivo aprobado por el Gobierno prima lo ineficiente (las renovables) sobre lo eficiente y lo más barato. Lógicamente, lo mejor coincide con sus centrales.

Hay una sensación extendida de que la reforma podría haber sido peor

Con todos los afectados aparentemente enfadados, la sensación más extendida es que la cosa podía haber ido peor. Incluso la Bolsa, que siempre digiere mal la incertidumbre, se ha comportado de acuerdo con esa idea. En la última semana, las cotizaciones de las tres grandes eléctricas no se han comportado de forma negativa. Los mercados, aseguran en las empresas, no han reaccionado de forma negativa a la seudorreforma aprobada por el Ejecutivo. Todo pudo ser peor.

Un representante del sector fotovoltaico que pide anonimato admite que sus asociados habrían aceptado incluso tasas superiores al 6% aprobado por el Consejo de Ministros siempre que el Gobierno hubiera flexibilizado el recorte previo a las primas aplicado en 2010 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero (30% en tres años).

Entre las empresas tradicionales, más acostumbradas a no dar ninguna ventaja al regulador, es más difícil encontrar a alguien que reconozca abiertamente que el Gobierno podía haber ido más lejos. Pero para eso están los analistas. Los de Nomura, por ejemplo, sí han señalado en sus informes que el mercado temía algo peor. Por cierto, Nomura apunta sin ambages lo que temen y han advertido prácticamente todas las asociaciones de consumidores: que quien pagará finalmente la batería fiscal aprobada será el consumidor de a pie. Los expertos dan por hecho que el nuevo impuesto general del 6% será trasladado por parte de los productores a los consumidores finales, aunque la repercusión puede que no sea instantánea.

Sobrecostes y menos competitividad

La conclusión de los analistas es facilona porque todo el mundo lo admite. La patronal gasista, Sedigas, ha dejado claro lo que va a suceder. Desde la asociación se ha advertido de que “una tasa de 2,79 céntimos por metro cúbico penalizará la competitividad de la industria con un incremento del coste del gas de un 7%. Tampoco favorecerá a la economía doméstica, que deberá asumir ese mismo 7% junto con una importante alza en los precios al consumo repercutidos por el incremento del coste de la energía”. Se puede decir más alto, pero no más claro. O quizá sí. La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEG), que agrupa a empresas que concentran un 12% del consumo eléctrico global, ha asegurado en una nota que las medidas de Industria van a provocar “un importante sobrecoste” que será repercutido directamente sobre el consumidor industrial, lo que conduciría a la “definitiva pérdida de competitividad de la gran industria”.

Una vez más, la revisión profunda del sistema queda para mañana

La cuestión es relativamente sencilla. Pese a que el ministro José Manuel Soria se apresuró a señalar que los nuevos impuestos no tienen por qué afectar al bolsillo de los usuarios, lo cierto es que no hay nada que impida a las empresas hacerlo. La consecuencia es obvia. También lo creen en la Comisión Nacional de la Energía (CNE). La única duda allí es qué porcentaje de subida se trasladará al consumidor: “La totalidad, probablemente, no”, señalaba esta semana un consejero.

Todas las cábalas tienen lugar además cuando el Gobierno tiene que decidir qué sucederá con las tarifas de último recurso (TUR) que pagan 20 millones de usuarios en el último trimestre del año. Soria ha adelantado que la parte regulada de las TUR (los llamados peajes de acceso), que suponen la mitad del recibo, no van a variar. Todo depende, por tanto, de la subasta de energía (Cesur) que se celebra el próximo martes.

Los precios han estado muy volátiles, sostienen los especialistas, y con ocasión de la anunciada reforma han comenzado a moverse. Pero nada apunta a que haya subidas significativas en los precios. Otra cosa será a partir del mes de enero. Porque con el proyecto de ley aprobado se achica agua de un sistema agrietado, pero no se resuelve el problema. Consecuencia: una vez más, lo importante —una revisión profunda del funcionamiento del sistema— queda pendiente. Para mañana.

Fundación Renovables / En unos meses, vuelta a empezar

La Fundación Renovables (movimiento ciudadano que aboga por el cambio de modelo energético) cree que el proyecto de ley, si no se modifica en su tramitación, no servirá para solucionar los problemas del sistema eléctrico y mucho menos los del conjunto del sector energético. La Fundación augura que en unos meses se planteará de nuevo la necesidad de abordarlos, y con más urgencia.

El texto aprobado por el Gobierno, sostiene, solo tiene un afán recaudatorio, no aborda temas esenciales del sector energético como la formación de precios en el sistema eléctrico y no contiene medidas contundentes de eficiencia, de reducción de consumo de combustibles fósiles y de emisiones, que son los verdaderos problemas de la energía en el país.

Inversores fotovoltaicos / Atrapados entre dos recortes

“Estamos atrapados”. Lo dice el presidente de la Asociación de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), Miguel Martínez-Aroca, que asegura representar a 4.000 pequeños inversores en instalaciones fotovoltaicas. Anpier, que no se ha integrado en la plataforma común fotovoltaica UNEF (agrupa también a empresas instaladoras y grandes empresas e inversores), comparte con esta asociación una petición al ministro Soria: que no solape en 2013 el recorte del 30% en las primas que aprobó en 2010 el Gobierno socialista para cortar la gran burbuja fotovoltaica con la tasa del 6% recién aprobada. Pese a todo, en el sector fotovoltaico se admite que la presión de grandes inversores y fondos internacionales ha evitado males mayores.

Productores de papel / Amenaza de deslocalizaciones

El sector papelero, gran consumidor energético y a la vez productor mediante sistemas de cogeneración de electricidad, ha advertido de que el céntimo verde al gas —los 2,79 céntimos por metro cúbico— y el 6% a pagar por producción de electricidad tendrán “un efecto de deslocalización en unos de los sectores industriales que mejor estaban respondiendo a la crisis”. Con 17.200 empleos directos, el sector sostiene que la reforma energética planteada dificultará el acceso de estas empresas a los mercados internacionales. Las empresas agrupadas en Aspapel utilizan para su producción gas (63%) y biomasa, y han apostado por la cogeneración eléctrica y la exportación para apuntalar su actividad en un momento de crisis económica.

La exigencia patronal / Cambios en el sistema de primas

Las grandes empresas eléctricas y la patronal que las agrupa, Unesa, mantienen como una de sus más importantes peticiones que las primas que reciben las renovables se paguen vía Presupuestos Generales del Estado y no mediante las tarifas, como ahora sucede. Pues bien, el proyecto de ley recién aprobado abre la vía a esa posibilidad. La disposición adicional segunda señala que “los ingresos obtenidos en aplicación de la presente ley se destinarán a financiar determinadas costes del sistema eléctrico”. (...) “Las partidas concretas”, prosigue, “serán establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y serán tenidas en cuenta en las disposiciones que se dicten para el establecimiento de los peajes de acceso”. ¿Vía libre al cambio?