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Menos patentes, más pobres

España pierde competitividad en sectores clave de la nueva economía.

Vista aérea de una planta termosolar.
Vista aérea de una planta termosolar. EFE

La innovación atraviesa momentos preocupantes. El gasto español en I+D creció apenas el 0,041% en 2011, por lo que se encuentra prácticamente estancado, según el reciente informe de la Fundación para la Innovación Tecnológica (Cotec). La crisis está incidiendo claramente en el deterioro del sistema nacional de innovación, una situación que no cambiará durante los próximos años. Por ello se insiste en la urgencia de impulsar la innovación e I+D, ahora más que nunca, como pilares de un necesario nuevo modelo productivo de la economía española, tal y como están haciendo los países de nuestro entorno (Alemania aumentará este año un 5% sus recursos dedicados a I+D, y Francia se ha comprometido a destinar unos 35.000 millones de euros a estas actividades).

“Vamos retrocediendo. Se dice que somos poco competitivos, que investigamos poco, a lo que habría que agregar que patentamos poco”, comenta Alejandro Klecker, director general de Clarke & Modet, primera multinacional española de patentes y marcas. “Ser más competitivos no es producir a costes cada vez más bajos (lo hace cualquier país emergente); se trata de ser innovadores en las áreas y sectores en los que somos realmente fuertes, donde tenemos mejores conocimientos, mayor experiencia y podemos desarrollar un I+D patentable. Así, los resultados repercutirán favorablemente en la balanza tecnológica y en la creación de empresas y empleo. Hay que tener en cuenta que una patente es un activo, una parte del valor de una empresa. Son títulos de propiedad que pueden servir para obtener un crédito bancario. ¿Hasta qué punto se tiene en cuenta este enfoque entre los diferentes partidos políticos?”.

La crisis está deteriorando el sistema español de innovación

El profesor del IE Rafael Pampillón lo deja muy claro en su blog. Para la OCDE, la definición de balanza tecnológica va más allá de la pura contabilización de ingresos y pagos por royalties. Recoge todas las transacciones relacionadas con las transferencias internacionales de tecnología, que incluyen el dinero pagado o recibido por: a) La adquisición y el uso de patentes, licencias, marcas registradas, diseño, know-how y servicios técnicos relacionados (incluida la asistencia técnica). b) Por la I+D industrial llevada a cabo por las empresas de un país en el exterior. En otras palabras, el saldo de la balanza tecnológica señala la capacidad que tiene un país de exportar tecnología y de utilizar tecnología propia. Suele ocurrir que cuanto mayores son los ingresos de la balanza tecnológica, mayores son los esfuerzos nacionales en I+D.

La realidad no admite dudas. Cuanto más avanzado sea un país, más patentes tiene. La gran mayoría de los solicitantes de patentes procede de un reducido grupo de Estados, generalmente los más industrializados o los que se encuentran en vías de rápido crecimiento. Existe una significativa correlación entre el volumen de solicitudes de patentes, el PIB y el gasto en I+D.

Un ejemplo: el mayor capítulo de ingresos estadounidense por comercio exterior no proviene de la exportación directa, sino de los royalties que cobran sus empresas de cualquier sector en todo el mundo (Johnson & Johnson, IBM, McDonald’s...). Sin olvidar que los ingresos por royalties proceden en buena medida de las filiales de las empresas del país que trabajan en el exterior. Según los datos de 2010, EE UU ingresó 89.056 millones de dólares por ventas de tecnología y efectuó pagos por 55.807 millones, lo que dio lugar a un saldo de 33.249 millones. Mientras, España ingresó 10.133 millones de dólares, pagó 10.225 millones y logró un saldo negativo de 92 millones.

La innovación generada en un país suele medirse tanto por la cantidad de conocimiento nuevo creado (lo que podría incluir no solo las solicitudes de patentes y modelos de utilidad, sino también las publicaciones científico-técnicas) como por el impacto que tiene dicha innovación: incremento de la productividad laboral, creación de empresas, evolución del gasto en software, las exportaciones e importaciones de productos tecnológicos, el crecimiento económico a largo plazo, etcétera.

Ahora bien, los sectores que más invierten en solicitudes de patentes e innovación no son los que más aportan al PIB, por el escaso número de empresas que componen dichos sectores (algo más del 7% del total). Por ello es necesario potenciar los sectores más intensivos en I+D y el número de patentes, que hoy día representan una parte minoritaria de la riqueza nacional. En España, los sectores que más invierten en ello son energía y medio ambiente, biotecnología (que incluye campos como la salud, la agroindustria, la alimentación o la acuicultura) y las tecnologías de la información y la comunicación.

Las pymes innovan, pero pocas protegen legalmente sus avances

En este ámbito, la solicitud de patentes triádicas (aquellas solicitadas en EE UU, Europa y Japón, apartado en el que España ocupa una posición ínfima) es particularmente relevante para aquellas empresas que tengan la capacidad o el deseo de dirigirse a dichos mercados. “Aproximadamente el 50% del esfuerzo innovador español viene dado por el sector público, que presenta más de la mitad de las patentes”, reflexiona Ignacio Gómez-Acebo, director de desarrollo de la innovación de Clarke & Modet. “En Europa, la preponderancia del sector público en la innovación no es tan marcada, aunque está lejos de ser homogénea, pues mientras que países como Alemania o Reino Unido presentan altas tasas de inversión privada, muchos otros países se encuentran en una situación similar a la española. Quizá la región del mundo con la que presentemos mayor distancia sea EE UU, donde efectivamente más del 75% de las patentes son presentadas por el sector privado”.

Las pymes españolas son más innovadoras de lo que muchas veces se cree, pero pocas de ellas protegen activamente la innovación que realizan. Las razones son los largos plazos necesarios para conseguir una patente y los altos costes que puede implicar la defensa judicial de su cartera de propiedad industrial, aunque en este sentido hay discrepancias.

“La pyme española, por lo general, tiende a innovar de manera espontánea y discontinua, como respuesta a una necesidad que no puede cubrir de otra manera”, explica Gómez-Acebo. “En algunas ocasiones no ha investigado previamente de manera exhaustiva las patentes ya existentes en el área, o no realiza el verdadero potencial de lo que ha generado hasta tiempo después de estar ya explotándolo. Esto dificulta poder dar una protección adecuada a sus invenciones cuando así deciden hacerlo”.