Fomento pagará 600 millones pendientes desde hace años por expropiaciones

El ministerio de Fomento ha anunciado hoy que se comenzará a pagar a lo largo de esta semana y la que viene los 600 millones de euros que se deben por expropiaciones de terrenos para la construcción de obras estatales y que se adeudan incluso desde hace siete años. Así lo ha informado la titular de la cartera, Ana Pastor, que ha venido a Santander a dar una ponencia sobre infraestructura y transporte en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La ministra ha rechazado que la implantación de peajes en la red viaria española esté “sobre la mesa” porque no es el momento para “castigar” al sector de transporte, que “ya de por sí está muy castigado”.

Pastor ha manifestado la necesidad de cohesión, de planificación y de diálogo con los partidos y los gobiernos autonómicos y ha advertido de que es necesario una buena planificación de los recursos o "habrá serias dificultades" para mantener el servicio público que se presta. La ministra ha comentado que la financiación es escasa y que no se puede tener obras abiertas en toda España. Sin embargo ha reiterado la decisión de traer el AVE a Cantabria y ha informado de que el consejo de Adif se reúne en la próxima semana para licitar la obra de la catenaria por más de 8 millones.

Sobre la desaparición de FEVE (la red ferroviaria que une Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco (Vizcaya) y Castilla y León) y su absorción en Renfe y Adif el próximo 31 de diciembre, ha dicho que se están analizando toda la red del servicio ferroviario en España y que alternativas de transporte pueden tener los pasajeros.

Ante el problema de los 17 aeropuertos españoles con menos de 500.000 pasajeros, la titular de Fomento ha asegurado que un plan de eficiencia para ajustar las necesidades reales con los gastos operativos del servicio.

Además la ministra ha dicho que las obras de la A-8 que une Cantabria con Galicia se reiniciarán en “otoño”. Había comentado en su intervención que se está estudiando toda la documentación y que cuando esté todo en orden se reanudarán los trabajos. La construcción de la A-8 lleva paralizada desde 2011.

Eficiencia y competitividad han sido las palabras más mencionadas sobre la liberalización del sector ferroviario y las mejoras que necesita. A ella ha hecho hincapié la ministra al asegurar que se busca conectar los puertos españoles con la red ferroviaria para potenciar el transporte de mercancías por tren –poniendo como ejemplo el corredor mediterráneo– que actualmente ocupa solo el 4% del mercado.

La idea del ministerio es que las empresas inviertan en este negocio porque el Estado no puede poner dinero para mejorar un ámbito que no es servicio público. Actualmente hay 16 compañías privadas, además de Renfe en el negocio de mercancías. Pero su participación no es efectiva. Renfe, que sigue siendo el operador dominante aunque registra unas pérdidas anuales de 66 millones. En uno de sus informes, la Comisión Nacional de la Competencia concluyó que, pese a estar liberalizado, no hay competencia real.

Por su parte el presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar ha hecho un llamado a los sindicatos ferroviarios a la responsabilidad y al diálogo sobre la liberalización del mercado porque "las huelgas dañan la economía y perjudica a los usuarios". Ha defendido que la liberalización traerá innovación, empleo y "nuevas oportunidades"; y que la competencia va a proporcionar beneficios claros a los ciudadanos.

Gómez-Pomar ha rechazado que la liberalización del mercado ferroviario implique la privatización o la venta de Renfe –que deberá mejorar para ser más competitiva– y ha reconocido que no espera que la liberalización del sector atraiga a muchas empresas. Sin embargo en el plan presupuestario para 2013 y 2014 enviado a Bruselas el mes pasado, el Gobierno no descarta una "posible entrada de capital privado" en las cuatro empresas en las que se dividirá Renfe: Viajeros; Mercancías y logística; Fabricación y mantenimiento; y Gestión de activos y alquiler de material ferroviario.

Asegura que las empresas privadas tienden a ser más eficientes que las públicas y que la competencia va a proporcionar beneficios claros a los ciudadanos. Las líneas de alta velocidad y largo recorrido son las más interesantes para los inversores, por lo que se espera nuevos operadores que compitan con Renfe.

Según el presidente de Renfe, la opción “razonable” para las líneas de cercanías y media distancia (que son de servicio público y seguirán recibiendo subvenciones) sería la licitación de concesión de la línea y atribuir su explotación a una o pocas compañías ferroviarias.

Falta que el Ministerio de Fomento concrete cómo se liberalizará el sector, cuales líneas o corredores serán licitados o atribuidos y cómo se combina todo esto teniendo en cuenta las diferencias que hay entre las líneas comerciales y las consideradas de servicio público, que son deficitarias y dependen de las subvenciones para su mantenimiento.

Sobre esto, la ministra ha advertido que hay que definir la cartera de servicios públicos a los que tiene derecho el ciudadano en materia de transporte.