Mas plantea un pacto fiscal con hacienda propia sin hacer concesiones al PSC

Mas ha presidido esta mañana, en la Sala dels Tarongers del Palau de la Generalitat, la segunda cumbre catalana sobre el pacto fiscal, después de la celebrada el 30 de mayo y que ha servido para preparar el pleno del 25 de julio, cuando el Parlament votará la propuesta definitiva, aunque de momento no se ha ampliado el consenso.

En los días previos a la cumbre, Mas ha preparado con sumo sigilo el documento de dos folios que ha presentado hoy, sin anunciarlo con anterioridad y cogiendo por sorpresa a los líderes de la oposición, que esta mañana se han encontrado con el papel sobre la mesa.

El Govern pretende que el documento sirva de base negociadora para los días que quedan hasta el pleno de final de mes y, por ello, está dispuesto a negociar enmiendas, sin bien ya ha advertido de que no dará ni un paso atrás en el "núcleo duro" de la propuesta: una Agencia Tributaria catalana que controle "la llave de la caja".

El texto planteado por Mas prevé que "la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los tributos estatales soportados en Cataluña" correspondan a la hacienda catalana.

Lejos de buscar en este punto un acercamiento al PSC, que pide un consorcio con el Estado, el borrador de resolución de Mas se aferra al modelo de hacienda propia diseñado en las conclusiones del pacto fiscal aprobadas en comisión parlamentaria por CiU, ICV-EUiA y ERC.

De hecho, el nuevo documento va más lejos, ya que en lugar de establecer una obligada "colaboración" con la Agencia Tributaria estatal, se señala que ambas administraciones "podrán colaborar y suscribir convenios y hacer uso de otros medios de colaboración", texto inspirado también en el proyecto de Estatut aprobado por el Parlament en 2005 con el apoyo de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA.

El documento no menciona ni tan siquiera la posibilidad de que representantes estatales formen parte de la hacienda catalana, como se había especulado que podrían acordar CiU y PSC.

Otro aspecto clave se refiere a la "cuota de retorno" para pagar al Estado los servicios que presta en Cataluña, así como en concepto de solidaridad interterritorial, una cuota que sería revisable cada cinco años y acordada bilateralmente por ambas partes, si bien se establecerían ciertos límites a esa aportación solidaria.

Así, se subraya que Cataluña no puede perder posiciones en el ránking autonómico de capacidad fiscal -respetando escrupulosamente el principio de ordinalidad- y su solidaridad debe destinarse en las comunidades receptoras a "las políticas más básicas" de bienestar.

En uno de los pocos guiños al PSC, la propuesta incorpora una apelación a destinar prioritariamente los recursos del pacto fiscal a financiar servicios de bienestar y políticas de crecimiento.

Tras la reunión en Palau, el primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha eludido pronunciarse sobre el contenido del documento, un gesto del que se ha felicitado el portavoz del Govern, Francesc Homs: "El hecho de que no hayan lanzado una coz nos permite hablar".

Aunque para Navarro el texto de Mas "llega demasiado tarde" y los doce días que quedan para la votación "dan poco margen" para pactar, ha dicho que el PSC seguirá intentado que haya un acuerdo amplio.

Lo que no ha gustado tanto al Govern es que la presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, haya anunciado que estudia llevar al pleno del día 25 una propuesta propia de financiación "singular y bilateral", en paralelo a la votación del modelo que promueve Mas.

Sánchez-Camacho, que ha descartado secundar partes fragmentadas del documento planteado por el Govern, ha avanzado que la opción más probable es que el PPC se abstenga en la votación del pacto fiscal.

Por su parte, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha dado a entender que para el Govern lo esencial es que Cataluña consiga que se apruebe el mecanismo jurídico que permitiría una hacienda propia, pero entiende que el rendimiento de ese modelo se podría aplazar unos años mientras dure la actual crisis.