Japón prorroga por un año más su misión antipiratería en la costa de Somalia

La decisión, que se espera sea ratificada en la reunión del Gabinete el próximo viernes, supondrá que Japón mantendrá sus dos destructores y dos aviones patrulla P-3C que operan en la zona para evitar actos de piratería.

La misión nipona en aguas próximas a Somalia comenzó en marzo de 2009 y ya ha sido prorrogada en dos ocasiones anteriores.

Inicialmente se regía por una ley por la que el personal de las fuerzas de Auto Defensa estaba únicamente autorizado a defender las embarcaciones de bandera nipona o aquellas en las que Japón tuviera intereses comerciales.

Sin embargo, en junio de 2009 se aprobó una ley antipiratería que supuso que las fuerzas niponas pueden brindar protección también a navíos comerciales de bandera extranjera y abrir fuego contra buques piratas que se aproximen ignorando disparos de advertencia.

El envío de los miembros de este cuerpo defensivo al extranjero y el hecho de que puedan hacer uso de la fuerza es una cuestión polémica en Japón, cuya Constitución pacifista, en vigor tras la II Guerra Mundial, permite únicamente el uso de la fuerza en defensa propia.

Se calcula que la piratería somalí costó a la comunidad internacional entre 6.600 y 6.900 millones de dólares durante el año pasado, según datos de la Compañía Portuaria Mundial de Dubái.

Alrededor del 50 por ciento de ese coste estuvo originado por el aumento del uso de combustible para navegar a velocidades más rápidas o cambiar el rumbo a zonas lejanas de las costas somalíes.