Bolivia investiga un caso de supuesta corrupción en la petrolera estatal

Villegas dijo en una rueda de prensa en la ciudad oriental de Santa Cruz que acusó por uso indebido de bienes del Estado y enriquecimiento ilícito al gerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos, Gerson Rojas, y al colaborador de éste, Agustín Ugarte.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) declaró que ambos fueron destituidos y han sido detenidos en Santa Cruz en los últimos días porque la fiscalía decomisó una caja de seguridad a nombre de Rojas con 90.000 dólares y anotaciones sobre altos movimientos de dinero que se consideran irregulares.

Rojas era uno de los hombres clave de YPFB encargado de impulsar la construcción de dos plantas de separación de líquidos del gas natural y de los proyectos de industrialización del energético para producir etileno, polietileno, urea química y amoniaco, entre otros.

Villegas dijo hoy que la gerencia que estuvo a cargo de Rojas es estratégica "para el futuro de Bolivia", agregó que desde fines de junio la empresa vive días "aciagos" y prometió que se investigarán las denuncias hasta las últimas consecuencias y "caiga quien caiga".

Las investigaciones comenzaron a mediados de junio cuando Rojas provocó un choque triple en un vehículo de YPFB y la policía le decomisó documentos bancarios que consideró sospechosos.

Villegas anunció, además, que en un mes concluirá una auditoría sobre el proceso de licitación y adjudicación de la construcción de las dos plantas de separación de líquidos del gas natural exportado a Brasil y Argentina, y en el que estuvo involucrado Rojas.

La construcción de una de esas instalaciones fue adjudicada en 2011 a la compañía española Técnicas Reunidas, por 498 millones de dólares, y la otra en 2010 a la firma argentina Astra Evangelista, por casi 160 millones.

Villegas destacó que la investigación no paralizará la construcción de las dos plantas porque hay empresas contratadas para ello y otras para fiscalizar las obras, al rechazar versiones de la prensa que pusieron en duda la continuidad de los proyectos.

El fiscal anticorrupción Carlos Candia confirmó hoy que citará a 18 personas que formaron parte de las comisiones de calificación de las ofertas para hacer las adjudicaciones de las dos plantas.

El fiscal del distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, dijo a la prensa, por su parte, que no se puede "poner en tela de juicio un contrato por los delitos que hayan cometido dos personas" porque eso puede dañar la imagen de la petrolera estatal boliviana.

La supuesta trama de corrupción recuerda otra de 2009 en YPFB que derivó en una condena a 12 años de cárcel a su entonces presidente, Santos Ramírez, por varios delitos en la contratación de una empresa argentino-boliviana también para construir una planta de gas.